ESPAÑA / SOCIEDAD

Junio 2001

El síndrome tóxico, veinte años después...
La salud pública en España sigue siendo una bomba de relojería (II parte)

Entrevista a Manuel Henares y Pilar Pans,
(presidente y vicepresidenta de Fuentox, asociación de afectados por el síndrome tóxico)

  En la primera parte de esta entrevista Manuel y Pilar afirmaban que “definitivamente hay que romper la imagen que ha creado el gobierno y la justicia de que los afectados somos unos privilegiados que estamos cobrando miles de millones del dinero público. Pero el problema no es sólo que se nos indemnice a todos, sino que se haga reconociendo nuestra situación real y nuestros derechos. Y el primer derecho es a que se nos diga la verdad sobre qué nos envenenó a 25000 españoles en 1981”

  Tienen un doble motivo. La hipótesis oficial del aceite era inverosímil. Ni todos los que lo consumieron enfermaron ni todos los que enfermaron lo consumieron, y aunque efectivamente había adulteración del aceite nadie ha identificado a día de hoy sustancia alguna en él que explique los síntomas de la terrible epidemia. En segundo lugar, los datos y estudios que apuntan a los pesticidas de la Bayer y la implicación norteamericana como culpables del envenenamiento no han desembocado en una investigación al más alto nivel sino en el mayor de los secretismos de Estado.

  En su discurso ante el Parlamento Europeo, Juan Francisco Franco, abogado de los aceiteros españoles, sostuvo que “la administración impidió el desarrollo de hipótesis alternativas valiéndose de todo tipo de medios, incluidos la ocultación y la falsificación de todos aquellos datos que exigían la apertura de nuevas líneas de investigación”. ¿Por qué?

	"Muchos afectados han sido asistidos extraoficialmente y son los que mejor están hoy en día"

De Verdad: ¿Qué es lo que pretende ocultar el Estado con el empeño de que fue el aceite de colza adulterado el que envenenó a la gente.

Pilar: Lo que no va a reconocer el gobierno es que el ministerio de sanidad permite que en España se estén haciendo pruebas experimentales de todas clases con peligro para la población. ¿Quién? Uno podría pensar que tras la mentira del aceite se trata de ocultar los desmanes de una de las muchas multinacionales que están consentidas por el gobierno porque es una manera de entrar dinero a manos llenas. Ocurren en muchos países hechos similares. Un envenenamiento casi idéntico al síndrome tóxico llamado mialgia-eosinofilia ocurrió en EEUU en 1989. El causante resultó ser un producto adulterado de una multinacional química japonesa (que había introducido organismos modificados genéticamente en la producción)y aquello se silenció indemnizando bien a los afectados. Pero en el caso español hay algo más. Los pesticidas organofosforados son la base con la que se fabrican armas químicas.

Aquí no se trata sólo de proteger los intereses comerciales de una multinacional expuesta a demandas multimillonarias, sino de ocultar una acción militar en el orígen de la epidemia. Una vez declarada ésta, el gobierno abrió las puertas a científicos norteamericanos para que investigaran al más alto nivel y, sin embargo, los afectados no sabemos, veinte años después, los resultados de las biopsias y análisis que se nos hizo entonces. Aunque aquí nos creemos el ombligo del mundo, a los ojos de los americanos somos tercermundistas. Tenemos un documento, dirigido a la actual oficina de gestión del síndrome tóxico, en el que nos tratan como tales. En él, EEUU afirma estar muy interesado en investigar el síndrome tóxico vía convenio hispanoamericano, aunque afirman textualmente “para España en el momento actual no es de interés” ¿Quiénes son esta gente para decir que España no tiene interés en estudiar el síndrome tóxico? ¿Por qué el estado acepta esta relación vergonzante? El gobierno cerró el asunto condenando a unos señores por manipular unos aceites como cabezas de turco, sin pruebas para cargarles a sus espaldas las muertes. Obviamente se trata de un atentado más a la salud pública silenciado como secreto de Estado, firmado por todos los partidos políticos y mientras no se ponga medidas a esto estamos expuestos las veinticuatro horas a que se repita.

DV: ¿ Y cómo es posible que los médicos no se dieran cuenta de que el Estado estaba impidiendo la curación de los enfermos?

Pilar:: Claro que se dieron cuenta muchos médicos pero los lograron silenciar. Poco después de estallar la epidemia el doctor Sánchez Monge identificó rápidamente los síntomas, ya que era médico coronel del ejército y como militar estaba familiarizado con los efectos de los gases neurotóxicos. Este doctor consiguió recuperaciones e hizo una interpelación para que el senado y el congreso lo conociera. Le ignoraron, pero te puedo decir que muchos afectados han sido asistidos extraoficialmente y son los que mejor están hoy en día.

Cuando yo hablé con él me dijo que a mi hijo le diera simplemente vitamina C, y que el niño saldría poco a poco. Así ocurrió. En general los afectados están mejor que entonces, excepto aquel que ha estado yendo a una consulta y le han estado dando medicamentos a ciegas. Ese es otro envenenamiento del ministerio de sanidad que queremos denunciar. A mi doctora la querían obligar a tratar a los afectados sin disponer de los informes de pruebas de todo tipo que nos habían hecho durante veinte años. ¿Cómo iba a poder tratarnos adecuadamente? Pues bien, como no tragó la cesaron y la destinaron a Palma de Mallorca. En cambio mi médico actual dice que mi incapacidad es psicológica, me trata de loca y encima se justifica con que tengo que entender que tiene una hija y tiene que ganarse un sueldo, que no puede contradecir las órdenes del ministerio para tratar casos como el mío. Si hablamos de médicos, pues los hay profesionales y otros que sólo van a llevarse el dinero.

Manuel: Nosotros tenemos un documento oficial de don Horacio Rico, especialista en osteoporosis, por el que se ofrece a petición de Fuentox para realizar un estudio a los afectados siempre y cuando se le deje trabajar sin ninguna injerencia.

	"Aquí no se trata de proteger los intereses comerciales de una multinacional expuesta a demandas multimillonarias, sino de ocultar la naturaleza militar de la epidemia"

La administración le dice que a los afectados no los puede estudiar nadie sino es a través del ministerio de sanidad. Tampoco se ha permitido al profesor Luis Frontela, catedrático de medicina legal de la universidad de Sevilla, realizar las autopsias a los enfermos como él pidió. Se le silenció cuando probó que los pesticidas reproducían experimentalmente en ratas lesiones propias del síndrome tóxico. O sea, si el Estado rechaza la ayuda de especialistas reconocidos, yo entiendo que no quiere curar a los enfermos. La propia OMS recomendó en 1981 aplicar antídotos contra intoxicación por pesticidas. No se hizo para no reconocer que es un envenenamiento que se les fue de las manos. Han conseguido hastiar y “endemoniar” a muchos afectados que sufren un gran deterioro personal, familiar, tienen secuelas como cáncer, tienen hijos que nacen mal o simplemente fallecen y la administración niega que todo esto tenga relación con el síndrome tóxico, sólo para lavarse las manos. En los juzgados ha pesado más el criterio de los abogados del Estado que las valoraciones profesionales de los médicos. El que se ha rebelado sencillamente lo han cesado.

DV: ¿Qué hacer para conseguir justicia?

Pilar: El primer paso es conseguir que se nos indemnice a los afectados, para cerrar ese frente (*) y tener las manos libres para salir fuera de España, a Estrasburgo y si hace falta al tribunal de La Haya, en busca de justicia, de medidas para que esto no se repita jamás. Aquí tenemos todas las puertas cerradas. Como asociación somos la única sin derecho a recibir subvenciones desde el año 82. Venimos pagando el alquiler del local, teléfono y gastos con una cuota de socio de 1200 ptas al mes. Por otro lado, el PP nos da largas, una manera de pasar el tiempo mientras van quedando menos afectados.

El afectado que tiene un duro puede vivir bien pero lo pasado no se olvida. Se dice que el afectado cobra y ya no se mueve, pero no es cierto. El afectado ya no tiene fuerzas después de veinte años. A mí me dan ganas de tirar la toalla pero desgraciadamente tengo un hijo afectado y no sé que pasara con él en un futuro. No tiene derecho a nada, como no lo tienen muchos afectados que no son reconocidos por el estado porque en su día el ministerio de sanidad no tramitó los expedientes para que los juzgados los incluyeran en las listas.

Manuel: Nuestra aspiración es todavía que los 25 mil afectados nos unamos en la lucha por nuestros derechos y a pedir al conjunto del pueblo español ayuda, por firmas o manifestación general. Estamos dispuestos a dejar de lado las discusiones sobre el origen de la enfermedad, que nos siguen dividiendo sobre todo a los presidentes, para reivindicar cuatro puntos: una asistencia sanitaria digna, una curación (aunque ya no la hay), que funcione la justicia y una indemnización justa. Pidiendo esos cuatro puntos conseguiríamos que el pueblo español y los medios de comunicación nos ayudaran. El afectado necesita una ayuda que ahora mismo no tiene.

(*) A fecha de 14 de mayo la sala primera del Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso de amparo presentado por los afectados de Fuentox contra las irregularidades en la clasificación de su incapacidad y en el cobro de las pensiones de invalidez a las que deberían tener derecho.

Jordi Martínez

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