La televisión pública y su privatización

Agosto 2001

A propósito de la televisión en España:
Entre lo público y lo privado
por Javier Díez Moro

trabajador de RTVE y miembro del gabinete de crísis contra la privatización

   Lo público, lo privado, lo de todos, lo de algunos... ¡cuánta confusión!. He aquí dos conceptos que aplicados al fenómeno de la televisión en España, a menudo, siembran la duda o el error en los ciudadanos.

   ¿Qué diferencias reales hay entre las televisiones públicas y las privadas?, suele ser una cuestión que a menudo se plantea el espectador más exigente. A lo que seguramente no tiene más remedio que contestarse que, si se juzga por la programación, muy pocas. Unas y otras, en aras de la audiencia, nos proponen espacios muy similares, basados en conceptos puramente comerciales. Clónicos del mal gusto, de lo banal, de lo intrascendente y lo descafeinado, de lo premeditadamente morboso, de lo peligrosamente estúpido.

	Las cadenas de televisión, públicas y privadas, deben satisfacer el interés de los ciudadanos y contribuir al pluralismo informativo, a la formación de una opinión pública libre y a la extensión de la cultura

   La televisión, sin duda, el medio de mayor penetración social entre los españoles, podría cumplir perfectamente un cometido muy distinto al que viene realizando. ¿Se imaginan una televisión informativa, capaz de inculcar criterios de libertad, justicia y paz en la opinión pública?, ¿una televisión cooperadora con el sistema educativo, potenciando la difusión de la cultura, en general, y la española, en particular?, ¿una televisión con espacios de entretenimiento no basados en la violencia, sexismo, racismo o competitividad a ultranza?. El caso es que, en principio, legislación no nos falta a la hora de  definir y controlar los derroteros de la televisión en España. El problema es que no se cumplen las leyes. Si se ha caído tan bajo no es por falta de definición. Existen montones de buenas ideas articuladas en leyes y toda una antología de bellos discursos. Palabras y más palabras. Pero del dicho al hecho...

   Parece que a los grupos mediáticos que controlan las cadenas privadas de televisión, en España y, en general, en el mundo, les importa ante todo el negocio y no quieren ni oír hablar de principios éticos que regulen su actividad. Y no contentos con el status quo alcanzado, aprovechan cualquier coyuntura para difamar, socavar y cuestionar la televisión pública, a la que contemplan como una desleal competidora. Conviene recordar, al respecto, que en nuestro país, RTVE y las Radiotelevisiones Autonómicas no tienen por qué competir con las cadenas privadas. Todas, públicas y privadas, están sujetas a idénticos principios en materia de programación. Pero se ha desvirtuado tanto la realidad que a todos nos parece normal que con tal de ganar audiencia, unas y otras, no tengan obstáculos. “El fin justifica los medios”, ese es el mensaje perverso que subyace en la lucha por las audiencias televisivas.

   Lo público y lo privado están perfectamente definido. Lo que hay que hacer -insistimos- es cumplir las leyes y, si acaso, seguir legislando para defender lo público frente a las cada vez mayores agresiones de lo privado. “La radiodifusión y la televisión, configuradas como servicio público esencial, cuya titularidad corresponde al Estado, se concibe como vehículo esencial de información y participación política de los ciudadanos, de formación de la opinión pública, de cooperación con el sistema educativo, de difusión de la cultura española y de sus nacionalidades y regiones, así como medio capital para contribuir a que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas, con especial atención a la protección de los marginados y a la no discriminación de la mujer...”. (Ley del Estatuto de la Radio y la Televisión, publicada en el BOE, núm. 11, de 12 de enero de 1980). No sólo está sujeta a esta legislación la radiotelevisión pública, es decir, RTVE y las Cadenas Autonómicas, sino las “mal llamadas” radiotelevisiones privadas. Conviene aclarar que en España todas las cadenas de televisión son públicas.

    “La televisión es, en nuestro ordenamiento jurídico y en los términos del artículo 128 de la Constitución, un servicio público esencial, cuya titularidad corresponde al Estado y solamente, en el caso de las cadenas privadas, se concede que sociedades anónimas sean las encargadas de su gestión, en régimen de concesión administrativa. La finalidad de la televisión como tal servicio público ha de ser, ante todo, la de satisfacer el interés de los ciudadanos y la de contribuir al pluralismo informativo, a la formación de una opinión pública libre y a la extensión de la cultura” (Ley 10/1988, de 3 de mayo, de Televisión Privada). Es decir, que también las cadenas privadas están sujetas al ordenamiento jurídico y a los principios básicos recogidos en el Estatuto de la Radio y la Televisión.

   Aquí nadie puede justificar sus carencias o sus criterios estrictamente comerciales de programación, amparándose en coartadas como la competencia, la dictadura de la publicidad o la demanda de mercado.

   Es evidente que no se pueden aplicar dos varas de medir diferentes, véase, “espacios culturales” en lo publico y “telebasura” en lo privado. Seguir ese modelo ya sabemos desgraciadamente a lo que nos lleva. A que lo público por una pura necesidad de subsistencia tenga que competir por la audiencia imitando los modelos de lo privado.

Una trampa perversa

	Es perverso obligar a un servicio público, como RTVE, a financiarse desde 1982 exclusivamente de sus ingresos comerciales  y por otro lado exigir que cumpla con una programación de calidad y plural

   En la desenfrenada carrera a la que estamos asistiendo por captar “audiencias”, las radiotelevisiones públicas pierden su identidad, incapaces de definir su propia oferta a la sociedad. Ese podría ser el triste caso de RTVE y las Cadenas Autonómicas en España.

   Las armas empleadas por las televisiones privadas para la conquista de mayores audiencias, son producir espacios de televisión en función de consumidores potenciales para la oferta de espacios publicitarios y/o de espacios patrocinados por firmas comerciales, lo que las obliga a veces a uniformizar y degradar el mensaje.

   Por el contrario, las radiotelevisiones públicas deben “conquistar” sus audiencias mediante otros métodos: producir espacios en función de los ciudadanos y de sus necesidades, fortaleciendo los valores de una sociedad democrática y pluralista.

   Pero, indudablemente, es la forma de financiación la que en definitiva determina el modelo de radiotelevisión pública a realizar. En los últimos años hemos asistido a un incremento de la publicidad como la única forma de obtener recursos económicos.

   Es totalmente perverso obligar a un servicio público, como RTVE, a financiarse desde 1982 exclusivamente de sus ingresos comerciales (publicidad, venta de programas y derechos) y por otro lado exigir que cumpla con los objetivos sociales que marca su Estatuto (programación de calidad y plural). Es imposible subsistir, de la misma manera que sin financiación pública no podrían subsistir la Sanidad o la Enseñanza.

   Precisamente es desde 1990, fecha en la que empiezan las emisiones de las televisiones privadas en España, con el consiguiente reparto de los ingresos de la tarta publicitaria, cuando se origina el déficit de RTVE, pasando de 22.244 millones en 1991 a 264.163 millones en 1996 (gobiernos del PSOE), y de esta cantidad a los casi 800.000 millones previstos para el 2001 (gobiernos del PP). ¿Por qué esa deuda?. Muy sencillo, desde 1991 RTVE ha tenido más gastos que ingresos y se le ha seguido negando la financiación pública que la ley dictamina. ¡Perverso!.

   De la actual situación de RTVE son directamente responsables los distintos gestores que se han venido sucediendo en la dirección general y sus respectivos staff directivos. Y naturalmente, los sucesivos gobiernos de la nación, propiciadores y consentidores de semejante compostura.

   La desaparición o paulatino debilitamiento de la Radiotelevisión Pública en España supondría entregar en manos de los grupos privados multimedia todo el poder oligopolístico de los medios de comunicación.

   Existe toda una legislación vigente que define de manera clara cual debe ser la financiación de la Radio Televisión Pública en España. (“La radiodifusión y la televisión pública, configuradas como servicio público esencial, tienen su titularidad en el Estado” Ley del Estatuto de la Radio y la Televisión)  ¡Cúmplase!. RTVE debe financiarse con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (Ley del Estatuto de Radio Televisión Pública) . Otro tanto debe aplicarse en el caso de las Cadenas Autonómicas.