De Verdad 20/2001 - SUMARIO

 


INTERNACIONAL

Ofensiva contra los derechos civiles

En EEUU y Gran Breta–a, la presunción de inocencia ha sido abolida

La guerra mantiene un frente interno en Inglaterra y Estados Unidos que se cobra también numerosas víctimas Si alguien es sospechoso, eso basta para que sea encerrado. La presunción de inocencia ya no existe. El Parlamento inglés se dispone a suspender la convención de derechos humanos; el Senado estadounidense ya lo ha hecho.

El proyecto de ley presentado a su aprobación en Gran Breta–a, supone la abolición del derecho al «habeas corpus», que obliga a la policía a poner a un detenido a disposición del juez. Quedará suprimido el derecho básico a no ser detenido arbitrariamente sin un proceso legal válido, fecha para juicio y pruebas en contra. Se podrá retener indefinidamente a ciudadanos extranjeros sin necesidad de llevarlos a juicio -porque la pruebas fueran insuficientes- ni de deportarlos -porque en sus países de origen los dejarían en libertad-.

El ministro de Interior defiende en su proyecto de ley que los sospechosos de actividades terroristas puedan permanecer detenidos seis meses o enviados a un tercer país sin necesidad de juicio, y que sólo cuando ya no estén en Inglaterra su caso pueda ser revisado por una comisión de apelación del Servicio de Inmigración. Lo que en Inglaterra es una ley en marcha, en EEUU es una práctica impuesta.

Desde el 11 de septiembre, 1.200 presos, cifras reconocidas por el gobierno, están en una situación equivalente a los desaparecidos en América Latina: no se sabe quiénes son ni dónde están, no a todos se les permite acceder a un abogado y las conversaciones entre estos y los presos son grabadas. 1.200 personas permanecen detenidas por su perfil racial, pueden permanecer en manos de la policía durante siete días sin que exista obligación de presentar cargos contra ellos, y los fiscales tienen muchas posibilidades de bloquear su puesta en libertad bajo fianza. Las leyes de protección de datos, sobre privacidad del correo electrónico, las condiciones para las escuchas telefónicas, o la limitación de sistemas de video-vigilancia... han sido derogadas.

La censura sobre la guerra es total. El debate sobre el uso legalizado de la tortura con los detenidos se hace abiertamente en las cadenas de televisión, a raíz de que altos cargos del FBI plantearan en público la posibilidad de que los detenidos supuestamente relacionados con Ben Ladem que se negaran a hablar, fueran extraditados a un país cuya policía pudiera interrogarles usando «métodos contundentes». El ejemplo de la barbarie es Israel, donde la tortura está autorizada y es una práctica generalizada entre el 85% de los detenidos árabes. La oposición de la población estadounidense a la guerra debe ser doblegada para que los proyectos del sector duro de su burguesía monopolista, hoy en el poder, se puedan llevar hasta sus últimas consecuencias.

Como reiteradamente ha anunciado la administración Bush «estamos al principio de nuestros «esfuerzos» en Afganistán, que son sólo el inicio de nuestros «esfuerzos» en el mundo». La negativa de su población a soportar el desfile de ataúdes es un freno a los agresivos planes de los halcones. Desde el punto de inflexión que significó el rechazo a la guerra de Vietnam, cada vez es mayor la dificultad de la clase dominante norteamericana para que su población acepte que mantener el dominio global norteamericano implica asesinar a centenares de víctimas civiles como un mal necesario. Y aunque su «opinión pública» esté hoy en estado de shock debido al terror programado desde el 11-S, la realidad de la guerra podría despertarla de nuevo.

La ofensiva contra las libertades, como la presión del riego de atentados, o como supuso la devaluación del sistema electoral con el fraude en la elección presidencial, busca atenazar y dejar sin capacidad de respuesta a los sectores más democráticos de la sociedad norteamericana, aquellos que pueden ser capaces de organizar una contestación a las bárbaras actuaciones de los halcones del Pentágono, y que podría acabar cuajando -como en el pasado sucedió- en la elección de un presidente con la autonomía suficiente para no acatar las directrices del complejo militar industrial (casos de Kennedy, Nixon o Clinton). Los halcones no están dispuestos a ver frenados de nuevo sus planes expansionistas.

Albert Sagrera