De Verdad 02/2002 - SUMARIO

NACIONAL -SALUD

Enero 2002

Antenas de telefonía móvil:
El beneficio de unos pocos y la salud de todos

Hay que coordinarse a nivel nacional para crear un amplio movimiento que exija revisar la legislación e impida los abusos

¿Se montaría usted en un coche del que un experto mecánico asegurara que «quizá» le fallen los frenos? Con toda seguridad que no. Y sin embargo, posiblemente tenga usted instaladas a escasa distancia de su casa, de su trabajo, de su centro de salud o del colegio de sus hijos antenas de telefonía móvil a las que el Centro de Investigaciones para el Cáncer de la Organización Mundial de la Salud (OMS) cataloga en la categoría de «quizá cancerígenas».

Desde que en 1996 comenzara una frenética carrera entre los monopolios de las telecomunicaciones por crear su propia red de telefonía móvil, las movilizaciones ciudadanas contra el peligro que representan se han extendido por la geografía española.

Pero ha sido la aparición de cinco casos de cáncer infantil entre los alumnos del colegio García Quintana de Valladolid lo que ha hecho saltar todas las alarmas. Los padres, organizados en una Comisión Anti Antenas venían denunciando la instalación, a escasos 40 metros del centro, de un complejo de 36 antenas y movilizándose para que las clausuraran desde el pasado mes de noviembre.

Ante la negativa de las autoridades, ha tenido que ser un juez quien obligara al cierre después de que en apenas 12 meses hayan aparecido entre los 455 alumnos cinco casos de cáncer, más de un 1% del censo escolar cuando la frecuencia estadística de esta enfermedad entre la población infantil es del 0,0000035%.

El Ministerio de Ciencia y Tecnología, encargado de legislar sobre esta materia, afirma que no hay «evidencias» que vinculen los casos de cáncer con las antenas. Pero hay dos razones de peso que echan por tierra no sólo sus argumentos, también su credibilidad.

En primer lugar porque han tardado 6 años en sacar ninguna ley, permitiendo desde 1995 que los monopolios de telecomunicaciones actuaran sin ningún control y saltándose de forma reiterada e impune la legalidad. El decreto que regula las emisiónes radioeléctricas se promulgó en septiembre de 2001, momento en el que ya había instaladas más de 18.000 antenas en toda España. Durante todo este tiempo, el gobierno sólo se preocupó, «para fomentar la competencia», de alentar a las compañías para que instalaran antenas y no de los efectos sobre la salud de la gente.

Y en segundo lugar, porque la actual ministra era, hasta hace poco más de un año, la máxima responsable de uno de estos monopolios, Retevisión, que es, a su vez, propietaria de Amena. En los últimos 10 años, la radiación ambiente ha crecido en nuestro país en un 250%. La legislación española sobre la intensidad en que las ondas radioeléctricas originadas por comunicaciones inalámbricas son perjudiciales para la salud establece un límite máximo de 47 voltios/metro. Pero en Italia es de 6 voltios/metro. Y en Suiza de 2.

Los científicos no tienen todavía los suficientes elementos empíricos de conocimiento para determinar el peligro o no de estas emisiones de onda. Sobre elriesgo que suponen, la OMS advierte «que no ha transcurrido suficiente tiempo como para descartarlo científicamente». Razones más que suficientes para que, como afirman los padres del cogelio vallisoletano, «ante la duda debe primar el principio de precaución». En efecto, toda precaución es poca ante quienes consideran que los beneficios de unos pocos monopolistas están por encima de la salud de todos nosotros.

Precaución ante unos gobernantes que miran antes por los intereses de una minoría que por los riesgos para la población. La lucha de los padres del colegio García Quintana es un ejemplo para todos aquellos afectados por la instalación de antenas. Unidad, organización y movilización, utilizando todos los medios de presión, desde los políticos hasta los jurídicos, a su alcance es lo que les ha permitido conseguir su cierre. Su ejemplo se debe extender a todas partes. Y coordinarse a nivel nacional para crear un amplio movimiento que exija revisar la legislación vigente e impida los abusos que, en nombre del beneficio de una minoría, se cometen contra la salud de la mayoría.

A. Belloch