N¼ 6 - MAYO 2002

SANIDAD

Querella contra Baxter:

Un triunfo popular

Que el ministerio se plantee hacer pagar a una multinacional una indemnización por sus desmanes ya es un hecho insólito en España que debe ser apoyado

El instituto Carlos III, dependiente del ministerio de Sanidad, ha detectado el tóxico en los dializadores Baxter, culpables de la muerte de once enfermos el pasado verano en Barcelona, Madrid y Valencia. ésta es la principal prueba con la que Celia Villalobos, ministra de Sanidad, pretende enjuiciar a la multinacional en EEUU, donde las leyes castigan severamente este tipo de prácticas.

Villalobos espera obtener unos 46.588 millones de pesetas acusando a Baxter de engañar y ocultar información a su ministerio. O sea, por incumplimiento de contrato. Sólo el hecho de que el ministerio se plantee hacer pagar a una multinacional una indemnización por sus desmanes ya es un hecho insólito en España que debe ser apoyado, y más cuando Villalobos insiste en que el dinero irá destinado a la investigación sobre enfermedades renales. Lo habitual es que las administraciones suelen promover que las víctimas acepten las indemnizaciones para evitar juicios engorrosos. ¿Qué ha cambiado?

Asesinos

Los hechos que acontecieron son propios de un asesinato. El laboratorio Baxter supo que tres pacientes habían muerto en el Hospital de La Princesa tras recibir tratamiento con sus dializadores un viernes 17 de agosto, pero no retiró esos filtros hasta 14 días después por orden del Ministerio de Sanidad y cuando nueve enfermos más habían fallecido en Madrid, Valencia y Barcelona. Además otros enfermos corrieron igual suerte fuera de España, en Croacia y EEUU. Después, lo de siempre. Una oferta de la empresa para evitar el juicio (24 mil millones de pesetas) que no ha recibido respuesta todavía.

Hay que entender la querella de la ministra dentro de la creciente presión judicial que impulsan las víctimas contra las agresiones monopolistas en estos últimos años. Baxter Healthcare Corp. ya se enfrentó en España a un escándalo médico en los años 80 y 90, cuando la compañía tuvo que hacer frente a las reclamaciones de miles de hemofílicos que se contagiaron de sida y hepatitis C por sus hemoderivados contaminados. Cerca del 40 por ciento de los hemofílicos españoles resultaron contagiados al recibir transfusiones. Baxter España zanjó el conflicto otorgando indemnizaciones por 4.000 millones de pesetas a algunos de los afectados y sus familiares.

La cosa no queda ahí, puesto que en 1994 la empresa se vió obligada a retirar en nuestro país el fármaco de inmunoglobulina ÇGammagardÈ ante la sospecha de que hubiera transmitido el virus de la hepatitis C. También en el 94 se vió implicada en los EEUU en una demanda de más de 150.000 millones de pesetas interpuesta por un grupo de mujeres cuyas prótesis mamarias resultaron defectuosas. Los familiares de las víctimas del escándalo actual retiraron sus demandas a cambio de una indemnización.

O víctimas o cómplices

Ante las múltiples denuncias colectivas que siguen a cada agresión, los diferentes gobiernos se ven obligados a reconocer que fueron engañados o a reconocer que dejan actuar con toda impunidad a las multinacionales. Hay que remontarse a principios de los ochenta para recordar el caso de Ciriaco de Vicente, el que iba a ser el ministro de Sanidad en el primer gobierno socialista, que fue finalmente relegado a un cargo secundario en el Tribunal de Cuentas después de participar en primera línea en las movilizaciones populares para exigir la verdad sobre el síndrome tóxico. Bayer estaba implicada.

Este hecho marca la impunidad más absoluta de la industria farmacéutica o de tecnología sanitaria durante el período de Felipe González. Ejemplo de ello fue La muerte en 1984 de una joven madrileña en el hospital La Paz víctima de una experimentación con un instrumental quirúrgico no permitido en España de la casa Johnson&Johnson, un empleado de cuya empresa acompañaba personalmente al cirujano en el quirófano. Nunca se hizo justicia.

Recientemente la alarma social creada en torno al mal de las vacas locas impulsó a Villalobos a advertir del peligro del consumo del hueso del espinazo de la vaca, lo que le valió una campaña de acoso y derribo mediático.

Cada vez que se destapa un escándalo la administración sólo tiene dos caminos, o se ve presionada para actuar contra los culpables o tiene que reconocer que ha sido cómplice. En algunos casos los propios afectados impiden que la administración se presente como parte afectada. A la vez, esto multiplica la capacidad de actuación de las luchas. Lo que para la ministra es un pleito por incumplimiento de contrato para los intereses populares es un punto de apoyo para ampliar la ola de denuncias contra quien hace de la sanidad el negocio de la muerte. Un juez de Valencia admitía recieentemente a trámite la denuncia para investigar la implicación de Baxter en la transmisión de hepatitis C.

J. Martínez