N¼ 6 - MAYO 2002

MOVIMIENTO OBRERO

Otra más: La reforma del paro

Los monopolios se encuentran en España a una clase obrera obligada a sufrir cualquier abuso por la fuerza de la ley

España tiene los salarios más bajos de Europa, el mayor índice de contratos temporales de toda la Unión Europea y una siniestralidad laboral que dobla la media de nuestros países vecinos. Por si fuera poco ahora el PP prepara otro ataque más, para gloria y disfrute de los monopolios, que se encuentran en España a una clase obrera obligada a sufrir cualquier abuso por la fuerza de la ley.

El PP quiere obligar a cualquier trabajador en paro a aceptar cualquier trabajo que se le ofrezca en un radio de 50 Km de su domicilio (aunque eso suponga desplazarse a la otra punta de la provincia), que el INEM considere que esté acorde con sus capacidades (aunque eso suponga un nivel de cualificación menor que el que posee el trabajador) y aunque el sueldo de ese trabajo sea inferior a la prestación que está percibiendo en ese momento. El rechazo de la oferta de trabajo se penaliza con la pérdida de tres meses de paro. La tercera renuncia del trabajador se traduce en la pérdida inmediata de la prestación.

Con la excusa de fomentar el empleo el PP nos aprieta más las tuercas. El proyecto de reforma del paro pretende acabar con el controvertido PER y asimilar a los jornaleros del campo andaluces y extremeños al régimen general de trabajadores. Como si ellos fueran los culpables de no tener trabajo y de toda la corruptela que se ha ido creando con las peonadas falsas. Que sancionen a los terratenientes y a las autoridades locales y autonómicas que han creado esa situación; ellos son los interesados en mantener a los jornaleros en esa situación, sin alternativas de empleo, viviendo de las subvenciones.

Y por otro lado el proyecto quiere abolir los llamados «salarios de tramitación», los que cobra un trabajador desde que se hace efectivo un despido improcedente hasta que se emite la sentencia judicial. Una forma del abaratamiento de despidos tan requerida al PP por parte de la patronal y los monopolios.

La dirección de los sindicatos mayoritarios han centrado el 1¼ de Mayo en la denuncia del proyecto de reforma del desempleo, y más aún, hablan de convocar una huelga general para junio. Es evidente que hay que darle una respuesta contundente al gobierno, pero el problema principal no está tanto en los parados sino en los que están trabajando. La realidad del mercado laboral es mucho más inaceptable que todo eso.

Los golpes más duros ya están dados. Aunque Aznar no cese de repetir que «España va bien», será para él, los banqueros y los monopolios. Los trabajadores españoles tenemos los salarios más bajos de toda Europa, sólo superados por Grecia y Portugal. La media del sueldo base de un trabajador en España se encuentra en torno a las 150.000 pesetas, un 20% menos de lo que cobraría si realizara el mismo trabajo en Francia o Alemania. El salario mínimo interprofesional está cifrado 506 Euros mensuales (84.000 pesetas) 24.4 puntos por debajo del nivel considerado digno por la Carta Social Europea, suscrita por España.

Pero el nivel salarial es sólo un aspecto. Otro lo supone la temporalidad del empleo. Los contratos-basura, aunque los implantó Felipe González, Aznar hace un buen uso de ellos. El 32% de los contratos firmandos en nuestro país son temporales, frente al 12% europeo. En los jóvenes menores de 30 años, el 70% de los contratos son en precario. Un elevado número de jóvenes llegan a tener en un año hasta 15 contratos con la misma empresa. En algunas regiones como Cataluña o Baleares, el nivel de precariedad roza el 40% A que se llegue a este punto contribuye la proliferación de ETTs, que se dedican a promocionar este tipo de contratos en condiciones sangrantes, y el fenómeno cada vez más extendido, de contratar a trabajadores como si fueran autónomos. En estos casos la explotación se presenta directamente, sin tapujos. Al realizar este contrato, el empresario no tiene que preocuparse de la seguridad social, del desempleo, de las herramientas de trabajo... paga un salario, dispone del beneficio de lo producido y se exime de cualquier responsabilidad.

La figura del «contrato indefinido» creada por el PP en la última reforma laboral, aumenta la inseguridad del trabajador. Si antes con 6 meses trabajando en una empresa, el empresario estaba obligado a hacer fijo al trabajador, ahora lo hace indefinido, lo que permite que en cualquier momento lo puede despedir, con todas las facilidades y con bajos costes de despido (12 días por año trabajado). El nivel de impunidad que poseen las empresas, a las que se le dan todo tipo de facilidades y pocas exigencias reales llega a traducirse en el índice más alto de accidentes laborales de toda Europa. 7.073 accidentes por cada 100.000 trabajadores, el doble que la media europea.

El mercado laboral español se ha convertido en una auténtica bicoca para los monopolios, que cuentan con todas las facilidades legales para utilizar a los trabajadores como mercancía a los que sacar el máximo beneficio con el mínimo coste y la menor responsabilidad. Son los monopolios los principales beneficiados por los bajos salarios, de los contratos temporales (cuyo límite está fijado por ley según cantidad de plantilla; a mayor número de trabajadores en una empresa mayor porcentaje de contratos temporales); e incluso alguna multinacionales como Telefónica han sustituido su anterior plantilla de trabajadores fijos por contratas y subcontratas de trabajadores que realizan la mismo trabajo pero a mitad de sueldo y contratados como autónomos.

Dar la cara. Es necesario cambiar esta situación. Unirnos a los trabajadores, no sólo con la movilización, sino con asambleas en los centros de trabajo que aumenten el nivel de conciencia, radicalidad y organización haciendo que las movilizaciones sean un éxito. Ahora que se está planteando una nueva huelga general, los sindicatos no deben caer en errores anteriores, esta vez deben conquistarse los objetivos y abortar la reforma del gobierno. Al PSOE se le montaron tres huelgas generales para responder a tres ataques (La ley de pensiones, los contratos basura y el decretazo que reduciía las prestaciones del paro), en cada una de esas huelgas se consiguió movilizar a la inmensa mayoría de los trabajadores y cada una de esas ocasiones concluyó con procesos de negociación entre el gobierno, la patronal y los sindicatos, y el gobierno terminóimponiendo las medidas anunciadas.

Si se convoca una (probable) nueva huelga general, no puede volver a terminar en fracaso. Ni el conjunto de los trabajadores ni los sindicatos nos lo podemos permitir. Por eso, primero debemos ser los trabajadores los que garanticemos que su seguimiento sea abrumador, y después, que toda esa energía se traduzca en tirar por los suelos las medidas del gobierno, y ahí los sindicatos tienen una responsabilidad decisiva, aprendiendo de los errores de las anteriores huelgas generales, para que no se vuelvan a repetir.

Luis J. De la Torre