N¼ 7 - MAYO 2002

ESPECIAL HUELGA GENERAL

Inmigración y seguridad ciudadana

Hasta el año pasado el gobierno nunca había asociado los índices de delincuencia al aumento de la inmigración

El gobierno Aznar pretende que a la pregunta de ¿qué son los inmigrantes sin papeles?, se responda mecánicamente «fuente de delincuencia, de inseguridad ciudadana», con la misma lógica con la que los economistas ingleses de hace siglo y medio definían a los esclavos como «hombres de la raza negra». Este fenómeno se enmarca en las nuevas condiciones creadas tras el 11-S, en las que Aznar abandera en Europa la cruzada norteamericana por «la seguridad del mundo civilizado» mientras el papel que juega la clase obrera inmigrante en el crecimiento económico de países como el nuestro es cada vez más importante.

Hasta el año pasado los índices de delincuencia no se asociaban al aumento de la inmigración. Según el Instituto de Estudios del Sindicato Unificado de Policía (SUP) entre 1999 y 2000 el aumento de la población inmigrante fue del 17 % y el gobierno presentó a bombo y platillo la disminución de la criminalidad de un -3 % sin mencionar siquiera la población extranjera. ¿Por qué ahora sí?

Ahora, la bandera de la seguridad ciudadana promete réditos electorales aunque sea a costa de ocultar la realidad: el gobierno consiente la entrada de inmigrantes ilegales de acuerdo a la demanda del crecimiento económico en España.

Seguridad ciudadana, arma electoral

Que la seguridad ciudadana está siendo utilizada como un arma electoral lo denunció recientemente el diario Le Monde. Las televisiones francesas favorecieron con su intensa cobertura de crímenes, palizas y otros sucesos durante las semanas previas a las elecciones al auge de la extrema derecha. Una vez la elección se decidía entre Chirac y Le Pen, la campaña mediática por «la seguridad ciudadana» descendió notablemente.

El gobierno utiliza engañosamente las estadísticas de delincuencia relacionada con inmigrantes para criminalizar la inmigración y presentarse como el defensor de la seguridad ciudadana. Rajoy afirma que el 40 % de los 33.000 detenidos en 2001 son personas extranjeras. Infla la cifra de extranjeros detenidos (28.2 % según el SUP) y también oculta que casi la mitad de los extranjeros detenidos en 2001 lo fueron por encontrarse en situación «irregular» en suelo español y no se les acusó de ningún delito penal. O sea, por el hecho de ser trabajadores «sin papeles» entraron a engrosar las estadísticas de la inseguridad ciudadana.

Igualmente, Aznar destaca que el 89 % de las personas que ingresaron en prisión preventiva durante el primer trimestre del año eran extranjeros. Oculta que el año pasado el Fiscal General del Estado pidió a los fiscales que solicitaran a los jueces el encarcelamiento preventivo de todos los extranjeros delincuentes que residían ilegalmente en España para garantizar su expulsión. Como resultado, creció proporcionalmente el número de extranjeros en prisión preventiva más que el de españoles. O sea, si se pusiera en prisión preventiva a todo aquel que delinquiera fuera de la nacionalidad que fuera, Aznar se quedaba sin argumento.

No son ilegales, son trabajadores

La realidad es que la mayor parte de los inmigrantes que trabajan en nuestro país entran ilegalmente. Según el ex ministro de trabajo Manuel Pimentel «es prácticamente imposible entrar legalmente en nuestro país, dado que nunca hemos tenido una política inmigratoria que regulara los flujos migratorios de acuerdo a nuestra demanda social».

El INE estima que vendrán 260.000 inmigrantes nuevos este año a pesar de que el cupo oficial aprobado por el gobierno tan sólo asciende a 30.000. De nuevo tendremos una fuerte presión de entrada ilegal, una entrada imprescindible para el crecimiento económico en importantes sectores como son la agricultura, la construcción o los servicios. Se les necesita cada vez más y, a su vez, el gobierno necesita cada vez más aislarles y marginarles para impedir que se repita el episodio de encierros y movilizaciones que bajo el lema de «papeles para todos» consiguió generar una respuesta social unitaria en defensa de sus derechos como trabajadores.

La nueva ofensiva del gobierno necesita crear las condiciones de criminalización y marginalización extrema del inmigrante vinculándole al auge de la delincuencia. La huelga general del 20-J es la oportunidad de dar una primera repuesta. Si el pasado Primero de Mayo la presencia de los trabajadores inmigrantes en las manifestaciones reflejaba la proporción cada vez mayor de este sector en la clase obrera de nuestro país, la huelga general es una cita en la que hay que hacer valer la consigna de «española o extranjera, una misma clase obrera».

Jordi Martínez