N¼ 10 - julio 2002

NACIONAL

Órdago de ruptura

A una ofensiva por la ruptura le seguirá un recrudecimiento de las amenazas hacia los que se sienten tan vascos como españoles

Desde Irlanda, Córcega o el norte de Italia, han contemplado con estupor cómo el gobierno de una comunidad que puede manejar sus propios impuestos. La que con enorme diferencia asume la mayor cuota de poder de todo el continente, lanza un furibundo ultimátum al gobierno central exigiendo el trasvase de 37 competencias.

La ponencia sobre autogobierno aprobada en el Parlamento vasco (con los votos de PNV, EA e IU y la abstención activa de Batasuna) no puede entenderse sino como un órdago que amenaza iniciar un camino sin retorno hacia la ruptura con España. El gobierno vasco exige, bajo la bandera de una lectura sesgada del Estatuto, la transferencia inmediata de 37 competencias. En caso de no recibir respuesta afirmativa, procedería a asumirlas de forma unilateral, emprendiendo un camino «hacia la superación del marco estatutario», e iniciando las consultas hacia la autodeterminación anunciadas por Ibarretxe en su investidura.

El tripartito gobernante en Euskadi no pretende «el cumplimiento del Estatuto», exige la práctica disolución del Estado en el País Vasco. Algunas de las competencias, como las de prisiones, constituyen puntos sensibles de la lucha antiterrorista, que en manos de los actuales dirigentes nacionalistas pueden tener efectos impensables. Otras, como la ruptura de la caja única de la Seguridad Social, para la que el gobierno vasco tiene ya preparado un proyecto con medidas y calendario, atentan directamente contra los pilares de la cohesión nacional.

La llamada a la negociación lanzada por Ibarretxe es una farsa. El plazo de dos meses impuesto para el cumplimiento de algo que no han solucionado tres gobiernos de distinto signo durante veinticinco años, es conscientemente imposible. El único objetivo es dar un salto cualitativo en la estrategia de ruptura que el nacionalismo más escorado a las tesis étnicas ha impulsado desde Lizarra.

El lema de Ibarrtexe durante la campaña («De las palabras a los hechos») adquiere ahora cuerpo concreto. Los párrafos más expresivos del documento aprobado en el Parlamento vasco afirman que «se ha producido una pérdida irreparable de respeto y lealtad en el marco jurídico político estatutario. (...) «La construcción de un consenso mayoritario en la actualización del pacto estatutario requiere hoy la base mínima de la aceptación de un nuevo pacto político con el Estado español, que incorpore nuevas fórmulas de relación (....) que garanticen la presencia de Euskadi en Europa y en el mundo, en aplicación del Tratado de la Unión y el derecho internacional». Se ha dado el paso de cuestionar el encaje de Euskadi en España a anunciar la quiebra, en la práctica y unilateralmente, de los mismos fundamentos que garantizan la integridad nacional.

Nada parece indicar que nos encontremos ante una bravuconada. No es más que la aceleración, y la presentación desnuda, del proyecto que Ibarretxe anunció tras el 13-M. La ruptura del actual marco político, de la mano de los atizadores del nacionalismo étnico, supone un inminente peligro. A una ofensiva política que plantea la ruptura con España le debe seguir necesariamente, como ocurrió tras Lizarra, un recrudecimiento de las amenazas y el hostigamiento hacia la mayoría que en Euskadi persiste en querer ser tan vascos como españoles. Sólo desde el ariete del nazifascismo puede imponerse un camino tan alejado de la voluntad dominante en la sociedad vasca. Todos los demócratas del conjunto de España debemos apoyar sin reservas la lucha contra el nuevo golpe que preparan las cabezas del fascismo vasco.

J.A.