N¼ 10 - julio 2002

NACIONAL

Debate del Estado de la Nación:
Tres propuestas urgentes

El debate sobre el Estado de la Nación, más que debatir y aportar soluciones a los principales problemas a que se enfrenta el país, no ha hecho más que apuntalar la particular visión que cada fuerza política, tiene de la situación y la actuación del Gobierno.

En el PSOE, la posición inicial de Zapatero cerrando filas con el Gobierno en los temas del terrorismo y la ocupación marroquí del islote de Perejil, no fue suficiente; a partir de ahí pasó de puntillas sobre los asuntos principales subido al carro de la Huelga General, más preocupados en su partido por saber si daría la talla como alternativa a Aznar que por profundizar en las cuestiones esenciales.

Izquierda Unida, perdida entre la denuncia radical del Gobierno y la colusión con las posiciones que Madrazo mantiene como cooperador necesario en el apoyo a la estrategia de los nazifascistas en Euskadi.

PNV y EA llevando a Madrid el ultimátum lanzado por el Gobierno vasco en su estrategia de ruptura con España.

CiU jugando, una vez más, su política de ambigŸedad calculada entre el apoyo al Gobierno y la obtención de beneficios autonómicos.

Por su parte Aznar ha vuelto a poner de manifiesto las contradicciones que tiene su partido, el PP, y su Gobierno a la hora de afrontar los problemas de la libertad y la democracia y la unidad de España; con una organización, el PP de Euskadi, obligada a movilizarse y rebelarse contra el nazifascismo todos los días en la calle, los ayuntamientos, etc. mientras desde Madrid se insiste en tomar como vía principal la Ley de Partidos. Pero también su inflexible firmeza a la hora de defender los intereses de los monopolios pasando por encima del 20-J y manteniendo el «decretazo».

Acabado en el Parlamento, ha llegado el momento de llevar el debate al conjunto de la sociedad española. ¿Cuáles son los problemas principales a los que tenemos que dar respuesta? La defensa de la libertad y la democracia contra el nazifascismo en Euskadi. La defensa de la libre unidad de los pueblos de España frente al ultimátum del nacionalismo étnico y sus atizadores de fuera. La defensa de las condiciones de vida y trabajo de las clases populares frente a los proyectos, como el «decretazo», de seguir recortando derechos sociales y legislando a favor de los monopolios. Y éstas son nuestras tres propuestas.

Porque no sirve a los intereses de la mayoría trabajadora de nuestro país.
No al decretazo

Aunque Aznar ha vuelto a insistir en que su política es una política de empleo, y el pleno empleo el objetivo de su Gobierno renovado, la realidad es otra. En seis años de Gobierno ha profundizado el camino de las reformas para liquidar los restos del llamado «Estado del bienestar» y legislar a favor de la banca, las grandes empresas y los monopolios.

Somos el país europeo con más precariedad laboral, con un 32% de empleo precario que triplica el l2% de la media europea, llegando en el caso de los jóvenes menores de 30 años al 70%. Junto con Grecia y Portugal, tenemos los salarios más bajos. Más de dos millones de trabajadores ganan menos de 600 euros (100.000 pts.) al mes, el 60% de las familias no tiene capacidad de ahorro y el 30% tiene graves dificultades para llegar a final de mes. Con pensiones de miseria, más de tres millones de jubilados cobran una pensión inferior a 390 euros (65.000 pts) mensuales. Con un índice de siniestrabilidad insoportable, aumentando cada año los accidentes más graves, sólo en la construcción hay más de tres accidentes mortales por día.

Mientras tanto la banca y los monopolios obtienen los mayores beneficios de su historia. En lo que va de año han ganado más, 4.200 millones de euros (700.000 millones de pts.). Son los resultados de medidas como la liberalización del precio de los carburantes; la concesión de las licencias de telefonía móvil a precio de regalo;o el pago de más de 7.200 millones de euros (1«2 billones de pts.) a las eléctricas.

El «decretazo» continúa y profundiza esta línea con nuevas medidas que van a suponer: despidos más baratos al suprimir los salarios de tramitación, dejar sin subsidio de paro a más de 200.000 trabajadores fijos discontinuos los meses que no trabajen, la eliminación del PER que afectará a 227.000 jornaleros y la propuesta de sanciones para obligar a aceptar cualquier trabajo. El «decretazo» es un paso más en crear un mercado laboral completamente liberalizado y con derechos mínimos para los trabajadores, donde los monopolios puedan superexplotar libremente la mano de obra y multiplicar sus beneficios.

Porque no es el camino adecuado para combatir al fascismo en Euskadi.
No a la Ley de Partidos

Aznar y su Gobierno, colocando la Ley de Partidos en el centro de su política para Euskadi, están cambiando la línea que más frutos ha dado en la denuncia y la lucha contra el nazifascismo y el terrorismo: la de combinar la firmeza policial y judicial con el apoyo a la rebelión democrática levantada por movimientos como ¡Basta ya!, el Foro de Ermua o las Víctimas del terrorismo.

La Ley de Partidos no es el camino adecuado. En primer lugar, porque desde el momento que sitúa como objetivo la ilegalización de Batasuna y otras entidades del entorno directo de ETA se está confundiendo el blanco de la lucha en Euskadi. En Euskadi existe un proyecto nazifascista que se apoya en una banda terrorista y en la impunidad de la «kale borroca»¿Pero dónde está la cabeza de este proyecto?. Atrincherada en el PNV y encabezado por su principales dirigentes con Arzallus de líder natural, que comparte los objetivos separatistas de ETA, justificando políticamente y dando cobertura ideológica a la organización terrorista.

El nazifascismo de Arzallus es el que necesita de la banda y de un sector radicalizado, Batasuna, que incluso se presenta como de izquierdas, para provocar la ruptura por la fuerza quebrando la resistencia de un pueblo unido por múltiples lazos históricos, culturales e ideológicos. Un proyecto que además busca el apoyo de potencias extranjeras, sobre todo en la Europa franco-germánica ofreciéndose a quien quiera una España más débil y fraccionada.

En segundo lugar, porque como está demostrando el juez Garzón, existen instrumentos legales suficientes en el sistema jurídico para combatir el terrorismo y su entorno, llegando a la disolución de sus organizaciones e impidiendo que utilicen el sistema democrático para financiarse y actuar impunemente.

En tercer lugar, porque la derrota del fascismo en Euskadi sólo llegará en la medida que se denuncie, aísle socialmente y se expulse electoralmente de las instituciones a sus cabecillas, los Arzallus, Eguibar e Ibarretxe, y a sus monaguillos. Impulsar, extender y organizar la rebelión democrática es la clave. En todos los rincones de Euskadi, ante cada atentado, amenaza o agresión hay que dar una respuesta social en la calle como las que están dando ¡Basta ya!, el Foro ,de Ermua y otros colectivos y personas. A los barrios y pueblos hay que ampliar y extender las plataformas de la rebelión democrática para ampliar su base de masas.

Aznar malgasta muchas de las energías de su partido en el País Vasco en la batalla por imponer la Ley de Partidos. ¿Cómo van a aislar y denunciar así a Arzallus y su banda de dirigentes del nacionalismo étnico nazifascista?.

Porque es la mejor forma de defender la unidad de España, desde la libre decisión del pueblo de las nacionalidades.
Sí, al derecho de autodeterminación

El órdago lanzado por el Gobierno de Ibarretxe y aprobado por el Gobierno vasco con los votos de PNV, EA, IU y la abstención activa de Batasuna, proponiendo a corto plazo la ruptura de Euskadi con el resto de España sitúa la defensa de la unidad de España no ya como una tarea revolucionaria sino como una lucha de primer plano.

La lucha contra el nuevo golpe que preparan los cabecillas del fascismo vasco pasa por la defensa de la unidad de España. Y esta defensa pasa por defender el derecho de autodeterminación. ¿Pero acaso es ésta la autodeterminación que proponen Arzallus e Ibarretxe?. ¿Es este un camino que promueve el separatismo? Ni lo uno ni lo otro. Los nazifascistas no quieren la libre autodeterminación del pueblo vasco sino la separación de Euskadi de España decidida por ellos contra la mayoría de los ciudadanos vascos que se sienten tan vascos como españoles.

Lo que persiguen es un referéndum después de la limpieza étnica y política de los no nacionalistas-independentistas y bajo el régimen del terror de las pistolas. Quieren un referéndum con un censo elaborado por las instituciones de su «régimen» marcado por la exclusión de más de la mitad de los que viven y trabajan en Euskadi, despojados de su condición de ciudadanos vascos por el hecho de considerarse españoles. Un referéndum después de desactivar la rebelión democrática y obligar al destierro a miles de concejales, profesores, intelectuales, artistas, sindicalistas o militantes democráticos de base,...

Defender el ejercicio del derecho de autodeterminación es defender las condiciones de libertad y democracia sin las cuales es imposible ejercerlo. Ha de ser ejercido por todo el pueblo vasco sin exclusiones, incluyendo a los exiliados de los últimos treinta años. En condiciones de máxima libertad una vez desaparecido el terrorismo. Y con plena democracia después de que se puedan celebrar libremente elecciones sin candidatos amenazados.

El derecho de autodeterminación, en estas condiciones es el mejor camino para defender la unidad de España basada en la libre decisión del pueblo de las nacionalidades. Ha sido la derecha más reaccionaria la que históricamente ha enfrentado unas nacionalidades con otras y a estas con el resto de España, por su sumisión al imperialismo de turno, franceses, ingleses, alemanes o norteamericanos, y, por otro lado, aplastando a sangre y fuego el pueblo de las nacionalidades, creando las bases para la intervención extranjera.

Ferrán Huertas