Diciembre 2002

SOCIEDAD

Inseguridad ciudadana
Medidas precipitadas y superficiales

El aumento de la delincuencia y la arbitrariedad de la justicia son dos cuestiones que preocupan a la mayoría de los españoles. Entre el 2000 y el 2001 ha subido un 9.8% la tasa de los delitos y un 11,2% en las faltas. ElGobierno puso en marcha recientemente una serie de medidas con las que pretenden mejorar la eficacia de la justicia. Pero, ¿quiere realmente el gobierno acabar con la inseguridad? Dice que una de sus prioridades es la delincuencia, pero ni quiere ni le conviene acabar con ella. Todas las medidas presentadas son precipitadas y no van al fondo del problema.

Es imposible que las medidas del gobierno detengan el aumento de la delincuencia, ni que disminuyan la arbitrariedad de la justicia. Todo lo contrario, adolecen de fallos tan fundamentales que se pueden convertir en un detonante de mayores arbitrariedades, o cuanto menos, dejar las cosas tal como están. Tampoco hacen más eficiente el trabajo de la justicia, ni van a la raíz del problema. Visto de conjunto, el fondo de la línea del gobierno va a atacar a la pequeña delincuencia y a los sectores más débiles. Oculta tras una serie de vericuetos legales su responsabilidad, porque en muchos casos es en la propia aplicación del sistema legal actual y los recursos con los que se cuenta donde se perpetúa el delito.

Las leyes y su aplicación tienen color de clase, no son neutras sino que sirven a unos intereses. Y lo que propone el gobierno apunta a todo, menos a resolver un problema que necesita una pronta solución. Es bueno analizar una por una las medidas, para ver en detalle el carácter que tienen.

Para empezar, el gobierno propone desatascar la justicia, implantando los llamados juicios rápidos. Hay un acuerdo total de magistrados y fiscales en torno a que serían más que deseables los juicios rápidos, pero de igual manera, están totalmente de acuerdo en que es imposible llevarlo a la práctica. Se necesita un importante aumento del número de fiscales y de los juzgados con que el gobierno no ha contado a la hora de hacer el plan. Como dice Antonio Camacho, de la Unión Progresista de Fiscales «Los jueces de guardia tendrán que revisar los 1.000 atestados policiales que entran diariamente para comprobar si alguno de ellos tiene entrada en la ley de juicios rápidos...dando 5 minutos a cada uno, supone 83 horas de trabajo al día ¿Alguien ha pensado que esto es posible?».

Una segunda parte del plan tiene que ver con el aumento de las penas actuales, reclasificándolas de acuerdo a la gravedad del delito y dificultando el acceso a la libertad provisional. Aunque es adecuado el aumento de las penas para que correspondan a la gravedad del delito (con el sistema actual en casos de homicidio se puede tener la libertad condicional en tres años) no es suficiente dificultar el acceso a la semilibertad. El principal problema de la impunidad no está en el aumento de las penas en sí mismas, sino en que el 80% de los delitos no se investigan ni se llevan a juicio. Tomar medidas de aumento de las penas sin considerar la eficacia de la policía y de medidas materiales de seguimiento para los casos de reinserción, conducen a reproducir los mismos errores del sistema legal actual.

Por último, en los casos del tratamiento a los delincuentes extranjeros, el gobierno propone la expulsión para condenas de menos de seis años. Nuevamente el gobierno intenta ocultar cuál es la verdadera raíz de la delincuencia. Identificar delincuencia con inmigración no corresponde a la realidad, cuando está demostrado por el mismo centro de investigaciones de la policía que es más baja la delincuencia entre los inmigrantes que entre los españoles. La mayoría de los delitos entre los extranjeros están relacionados con su misma condición de ilegales. Es decir, cuentan en los índices de delincuencia los casos de inmigrantes que están en prisión por ser ilegales y que no tienen los recursos para salir de la cárcel aunque hayan cometido un delito leve.

De manera oportunista, el PP introduce cambios legales que, como en el caso de los inmigrantes, van a golpear y criminalizar al sector más vulnerable de los trabajadores. Pero además, las nuevas medidas no apuntan a las mafias, que son los verdaderos delincuentes de la inmigración, no van a perseguir a quienes trafican con la vida de los inmigrantes.

Este plan del gobierno para acabar con la inseguridad ciudadana nos devuelve a la pregunta inicial. ¿Quiere realmente el PP acabar con la inseguridad?

E.S.

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