Diciembre 2002

SOCIEDAD - Sanidad

Listas de espera, denegación de auxilio

El último informe del Defensor del Pueblo ha vuelto a levantar la alarma sobre las listas de espera clínicas en España, con demoras «clínica y socialmente inaceptables».

En el universo virtual de las estadísticas oficiales, las listas de espera son un agujero negro que absorbe la vida, la energía y la salud de miles de enfermos. Son cada vez más las denuncias que lo evidencian. Desde la de los cardiólogos catalanes y andaluces por el fallecimiento de pacientes en espera de una intervención quirúrgica, o la de los neurólogos del hospital madrileño de Puerta de Hierro porque la demora en las pruebas y tratamientos convertían en irreversibles lesiones neurológicas que no lo eran. ¿Qué camino y exigencias deben de desprenderse?

Caminos opuestos

El informe subraya que, en intervenciones quirúrgicas programadas, la espera de pacientes era superior a seis meses en hospitales de todas las Comunidades Autónomas, salvo en el País Vasco, La Rioja, Ceuta y Melilla. Entre las más inaceptables destacan las de Canarias, Cataluña y la Comunidad Valenciana (esta última era el buque insignia del plan de choqe del PP contra las listas de espera).

El defensor del pueblo reclama medidas urgentes y recomienda que sean los servicios de salud en colaboración de las sociedades científicas, los que fijen tiempos máximos de espera tras los que la atención debe ser inmediata. Por el contrario, el gobierno aprobará antes de fin de año un real decreto para regular las lista de espera. Establece un tiempo máximo de acceso de 180 días para las intervenciones quirúrgicas programables, y de 60 días tanto para las pruebas diagnosticas como para las consultas externas de atención especializada.

Se trata de dos caminos opuestos. Reducir las listas en función de criterios clínicos lleva a listas «razonables y asumibles». Hacerlo en función de la limitación de medios y presupuestos que requiere el proyecto de privatización de la sanidad que está impulsando el gobierno de Aznar es firmar la condena de los que se van a quedar por el camino.

En los hospitales madrileños, de los 144 mil pacientes que a fecha del 31 de diciembre de 2001 estaba en lista de espera, el 61 % lo estaba «por causas derivadas de los servicios y medios disponibles». Es seguro que una parte de ellos tuvieron que acudir a urgencias con un empeoramiento de su situación. Algunos no llegaron. Y seguro que muchos de ellos, de edad avanzada, viven todavía con sus cataratas. ¿Acaso no sabemos todos que quien dispone de lo medios necesarios o conoce a las personas adecuadas puede acelerar las pruebas y los tratamientos. ¿Por qué no se unifican los tiempos de espera máximos entorno a estos casos?

Omisión de clase

La repuesta la podemos encontrar en el informe que los técnicos del Insalud elaboraron de cara al decreto sobre listas de espera. En él se afirmaba que no interesaban las listas de espera cero porque dañaban la eficacia del sistema sanitario y fomentaban que los médicos esperaran ociosos la llegada de los enfermos en sus consultas.

La difusión de este informe, en la primavera de este año, no llegó a las portadas ni a los titulares de los principales medios. O sea, tal como si los hospitales fueran hoteles, el gobierno pretende asegurar su rentabilidad económica (en este caso limitar el déficit que supone el gasto sanitario para sus presupuestos) reservando con antelación sus plazas a meses o años vista.

Un cálculo diabólico que deja tras de sí un reguero de «efectos colaterales» que nunca llegarán a ocupar esa plaza o cuando lo hagan ya será demasiado tarde. Si este es el principio rector a la hora de fijar los tiempos de espera máximos entonces sí podemos hablar de omisión de auxilio consciente.

Además, una omisión blindada judicialmente. El magistrado José Manuel Martínez-Pereda, de la Sala Civil del Tribunal Supremo afirmaba que existe la posibilidad de que el facultativo pueda responder penalmente por una omisión del deber de socorro si fallece una persona que se encuentre en una lista de espera, pero en la práctica es muy difícil que esto ocurra. Para que haya delito es preciso que exista una urgencia vital y que ésta sea desatendida.

Marcarse el objetivo de listas de espera cero sólo es posible desde un rumbo antagónico para la sanidad, un rumbo de servicio al pueblo donde el conocimiento superespecializado de la medicina sirva no sólo para curar sino sobre todo para prevenir las enfermedades, donde todos los recursos existentes (desde médicos en paro hasta quirófanos infrautilizados) sean movilizados para resolver las necesidades existentes.

J. M. D.