ANÁLISIS

Los peligros del pacto social

“Existe el peligro de que lo que de verdad se imponga con este nuevo Pacto Social sea una vuelta de tuerca más al modelo económico actual; es decir: que los trabajadores paguen con más precariedad, despido más barato y más recortes sociales, la continuación de las empresas, mientras las medidas para mejorar la formación, la investigación y el desarrollo se eternizan.”

El Acuerdo Social firmado por gobierno, sindicatos y patronal “por la productividad y la estabilidad en el empleo” abre un proceso de negociaciones con el objetivo de consensuar reformas entre los “agentes sociales”, patronal y sindicatos, y el gobierno que adapten el mercado laboral y las perspectivas sociales a las nuevas exigencias del gran capital monopolista.

El acuerdo firmado establece 13 materias (temporalidad, inmigrantes, jóvenes y mujeres, formación, reforma del Inem, accidentes laborales, pensiones y negociación colectiva, como los temas nodulares) que se abordarán en diferentes mesas de negociación.

Como los Diez Mandamientos todo se encierra en torno a los compromisos adquiridos por todas las partes en tres cuestiones esenciales. Primero pactar una reforma del mercado de trabajo que lo flexibilice, dirigida, según el documento firmado, “a reducir la elevada tasa de temporalidad y mantener la creación de empleo de calidad”. Segundo, para ajustar las previsiones sociales, sobre todo el sistema de pensiones. Y tercero, cambiar el modelo productivo para “reforzar la competitividad y la productividad”, “mejorando la formación del conjunto de la población trabajadora”, según declaraciones del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera.

Evidentemente nadie puede estar en contra de los objetivos generales recogidos en esta declaración de intenciones: “reforzar la competitividad y la productividad, mejorar la calidad del empleo y la cohesión social, reducir la temporalidad y desarrollar políticas activas de empleo”, para cambiar el modelo productivo actual, basado en la precariedad del empleo, por un modelo basado “en una mano de obra más cualificada, y la introducción de nuevas tecnologías que aporten más valor añadido”.
Pero el problema no son las intenciones generales, sino cómo se proponen conseguirlo y dónde ponen el acento de las reformas.

Evidentemente las primeras medidas de urgencia tomadas por el gobierno de Zapatero, subida del Salario Mínimo, de las pensiones más bajas, atiende a necesidades inaplazables de los colectivos más necesitados. Así mismo el anuncio de unas políticas que mejoren la formación de las nuevas generaciones de trabajadores, el apoyo a la innovación de las empresas y el fomento de la I+D (Investigación y Desarrollo), abren perspectivas favorables para los intereses estratégicos de nuestro país y las clases populares y los trabajadores.

Sin embargo, mientras estas políticas están aún en el laboratorio de las intenciones y las declaraciones generales; las reformas para flexibilizar el mercado de trabajo y llevar a cabo los ajustes sociales han tomado tal velocidad que estamos ante el peligro de que lo que de verdad se imponga con este nuevo Pacto Social que se acaba de enunciar sea una vuelta de tuerca más al modelo económico actual; es decir: más precariedad, despido más barato y más recortes sociales. Las medidas de apoyo a los sectores más desfavorecidos y la bajada de la tasa de temporalidad, cumplirían el papel del chocolate del loro, endulzar la imposición de un gran “decretazo” consensuado.

Esa es la dirección en la que trabaja el gran capital monopolista, sobre todo el de las multinacionales europeas y los sectores vinculados a ellas, que se preparan para la ocupación y desarrollo de los nuevos mercados de los países del Este recién integrados en la UE, y que se apresuran a reducir costes y hacer ajustes con el objetivo de poder competir con otros grupos monopolistas por los nuevos mercados.

¿Tiene Zapatero y los sectores nacionales de su gobierno, la voluntad política y la capacidad para hacer frente a estos peligros? En este terreno todo parece indicar que la patronal y los monopolios llevan toda la ventaja.

“En SEAT y NISSAN, los sindicatos han creado un precedente de lo que están dispuestos a aceptar siguiendo la estela de los sindicatos alemanes: aumento de jornada por el mismo salario y bolsas de horas a utilizar arbitrariamente por la empresa.”

La patronal y el informe de la OCDE

La gran patronal se ha agarrado como un clavo ardiendo a las reformas que en Europa, en Alemania sobre todo, desmantelan el “Estado del Bienestar”. Y al informe de la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que engloba a los 30 países más desarrollados del mundo) para volver a colocar sobre la mesas de las negociaciones las mismas demandas que exigían al gobierno Aznar: sí a reducir las elevadas tasas de temporalidad –ya nadie duda de que hay que rebajar la tasa actual del 31 por ciento-; pero a cambio de rebajas en las cotizaciones sociales, reformas en la entrada y salida del mercado laboral con el abaratamiento del despido, por debajo de los 35 días por año de trabajo, y la reforma de la negociación colectiva, para dejar reducido los convenios colectivos a convenios de empresa.

Según el informe de la OCDE, Perspectivas de Empleo, la situación del mercado laboral en España sólo es comparable a Corea del Sur, ya que “a una alta tasa de temporalidad (un tercio de los asalariados tiene contrato temporal) se une el hecho de que el empleo permanente está excesivamente protegido”. Por lo que España, para crear más empleo y de mejor calidad, ha de flexibilizar la legislación laboral. Proponiendo, entre otras medidas para abaratar el despido, el potenciar el empleo a tiempo parcial y las “cláusulas de descuelgue” que permitan a las empresas no aplicar las subidas salariales y las mejoras sociales pactadas con carácter general en su sector. Subidos a este carro los representantes de la gran patronal monopolista exigen, como dice Juan Jiménez Aguilar, secretario general de la CEOE, “Seguir abaratando el despido en el nuevo proceso y hacerlo más ágil y rápido cambiando las normas jurídicas”.

El presidente de la patronal catalana, Joan Rosell, va aún más lejos y dice que “El gasto social no puede crecer más”, por lo que hay que revisar el sistema de cálculo de las pensiones y alargar la edad de jubilación “de aquella gente que podría seguir trabajando”. Respecto a la reforma del mercado de trabajo, propone la extensión a otros sectores de las medidas de flexibilidad horaria que se han pactado en las empresas de automoción, en referencia a los convenios de empresa firmados por los sindicatos en SEAT y NISSAN.

Los sindicatos en su laberinto

Pero si la patronal presiona y toma la iniciativa para que se liquiden los restos de lo se pudo llamar un cierto “Estado del Bienestar” en España; el problema principal es que los sindicatos y el gobierno abren la puerta al mismo juego.

Existe el peligro de que lo que no se toleró al gobierno de Aznar, el “decretazo”, se le permita ahora al gobierno de Zapatero. Los dirigentes sindicales no sólo no proponen ningún camino alternativo, sino que están de acuerdo con patronal monopolista de que para evitar el riesgo de las deslocalizaciones hay que flexibilizar el mercado laboral. ¿De qué sirven las declaraciones de Fidalgo, CCOO, (“No se tocará el período de cálculo de las pensiones“) o de Méndez, UGT, (“La reforma del mercado laboral no tiene como objetivo trabajar más y más barato.”) si se muestran dispuestos a seguir el ejemplo de lo que ellos mismos han firmado en SEAT, NISSAN, y el de sus compañeros del sindicato IG Metall alemán que están sobrepasando las reformas del propio gobierno? Ya que este sindicato está firmando con las empresas acuerdos que significan: el aumento de la jornada laboral de 35 a 40 horas por el mismo salario, el recorte de una semana de vacaciones y eliminación de las pagas extra de Navidad y beneficios, horarios ajustados según las necesidades de la empresa…

En el Acuerdo Social, tanto el gobierno de Zapatero como los dirigentes sindicales, han dejado la puerta abierta para la flexibilización:

- Abaratamiento del despido por debajo de los actuales 35 días por año trabajado.
- Rebaja de las cotizaciones sociales, como el mismo Fidalgo ha declarado: “Se podrían destinar parte de los excedentes del sistema público de pensiones a rebajar las cotizaciones”.
- Revisión del despido para hacerlo más libre y barato.
- Ajustar la protección social, sobre todo la reforma de las pensiones, y el debate abierto para imponer el copago en la sanidad.
- Vincular los salarios a la productividad y no al IPC.
- Flexibilizar la jornada laboral en la línea de lo firmado en SEAT y NISSAN: inexistencia de un horario semanal fijo; establecer un máximo de horas anual para distribuir según la demanda; y las bolsas de horas que suponen el aumento de la jornada laboral durante los períodos de más demanda, por el mismo salario.

El Ministro de Trabajo y los sindicatos están en la misma onda. Se niegan ajustes en las pensiones, y que no se modificará el período de cálculo de las pensiones para extenderlo a toda la vida laboral, pero en una entrevista a El País, 19 de Julio, Jesús Caldera decía ser “partidario de mejorar la correspondencia entre lo que se recibe en las pensiones y lo que se aporta… Hay que defender que se esté más tiempo cotizando. Hoy la edad media de jubilación situada en 62 años hay que subirla”. ¿Pero no es esto mismo lo que pide la gran patronal?
Existe el peligro de un gran fiasco: que el combate a la precariedad quede reducido a que la gran patronal colabore en reducir la tasa de temporalidad a cambio de que se acepten todas esas medidas que lejos de cambiar el modelo, van en el sentido de profundizar lo que inició González y desarrolló Aznar.

Cuando Rodríguez Zapatero y Jesús Caldera dicen que están comprometidos a que “no habrá cambios sin consenso”, una de dos: o están proponiendo la cuadratura del círculo para conciliar dos intereses de clase contrarios, los intereses de los monopolios y las multinacionales, con los de los trabajadores y la economía nacional; o están dispuestos a que nada cambie, ya que la imposibilidad del consenso deje todo fundamentalmente igual.

La negociación colectiva y los ejemplos de SEAT y NISSAN

La reforma de la negociación colectiva, una de las cosas que intentó Aznar y que fue rechazada por los sindicatos con la amenaza de otra Huelga General, vuelve a estar encima de la mesa. Sólo que la firma de los convenios de SEAT y NISSAN han creado precedentes de lo que están dispuestos a aceptar los sindicatos, siguiendo la estela de los sindicatos alemanes: reducir la negociación colectiva cada vez más a los convenios de empresa.

Según la OCDE, el sistema de negociación colectiva “está excesivamente centralizada y no refleja las condiciones de cada empresa”. Por eso pretenden imponer un modelo de negociación colectiva en el que cada empresa pueda firmar su propio convenio, sin obligación de seguir los acuerdos firmados en los convenios del sector.

Atomizar a los trabajadores empresa por empresa es la mejor manera de imponer el chantage, tanto en las grandes empresas, amenazando con la deslocalización, como en las pequeñas donde el reducido número de trabajadores hace casi imposible la movilización.

El precedente sentado por los acuerdos de SEAT y NISSAN amenaza como una espada de Damócles sobre la cabeza de los trabajadores.
La negociación colectiva en SEAT se cerró en Mayo de este año con la firma de un acuerdo por cuatro años, 2004-2008, en el que los sindicatos han aceptaron que la jornada laboral podrá ser de más o menos hora percibiendo el mismo salario, en función de las exigencias del mercado.
El acuerdo base parte de establecer 1.720 horas a repartir en los 215 días laborables, que podrían ser ampliados incluso a festivos por exigencias de la producción. La empresa presionó con la amenaza de un expediente de regulación de empleo para más de 600 trabajadores o el traslado de la producción al Este.

En NISSAN Motor Ibérica, patronal y sindicatos acordaron un aumento de la jornada laboral en casi media hora diaria (27 minutos) reduciendo el tiempo del bocadillo en 10 minutos y otras pausas.

En este caso, también la empresa amenazó con una regulación de empleo que afectaría a 688 trabajadores y el traslado de parte de la producción a Thailandia. A pesar del acuerdo, la empresa redujo 300 empleos y recurrirá a la contratación temporal de otros 300 trabajadores este verano con un 25 % menos de salario que la plantilla. Sólo quedándose en la empresa y después de cinco años llegarían a cobrar lo mismo.

Por un acuerdo nacional y de clase

El Acuerdo firmado por gobierno, sindicatos y patronal, lejos de despejar el camino hacia la búsqueda de soluciones que cambien el modelo productivo, en un sentido favorable a los intereses nacionales y populares, lo que deja es la puerta abierta a múltiples inquietudes.

Estamos más cerca de profundizar el modelo actual que de cambiarlo. No hay medidas concretas en formación o I+D+i, pero las medidas de flexibilización esperan ya sobre las mesas de todas las comisiones de negociación.

Al gobierno de Zapatero y a los sindicatos hay que exigirles que se negocie, ante todo, aquellas medidas que pueden cambiar el modelo económico para hacerlo más favorable a los intereses del conjunto de nuestro país y de las clases trabajadoras; y que tendrían que girar sobre tres ejes:

Primero. Una apuesta decidida por una economía productiva, con el objetivo de crear una sólida base industrial. Y para ello: incrementar sustancialmente la inversión en I+D, y establecer un plan de ayudas a las empresas nacionales para iniciar una reconversión productiva.
Los recursos públicos, tanto estatales como autonómicos, se han de orientar a potenciar la modernización y la reconversión integral (investigación, diseño, fabricación y ensamblaje) de las empresas españolas y de las enraizadas ya aquí.

Segundo. Cambiar la relación con las multinacionales, negociando las condiciones de su instalación desde una perspectiva estratégica. Que su instalación garantice la creación de riqueza y empleo a largo plazo, negociando la transferencia de tecnología, la investigación y desarrollo de nuevos productos. Potenciando la formación de empresas mixtas en las que el capital español sea mayoritario.

Tercero. Establecer nuevas relaciones laborales, basadas en favorecer la participación de los trabajadores en las decisiones de la empresa, tanto en cómo se utilizan los recursos, como en la distribución de la riqueza que se crea.

Los trabajadores han de tener un control efectivo sobre los recursos provenientes de las ayudas públicas (subvenciones, cesión de terrenos, exenciones fiscales…). Estos fondos han de ser considerados como capital social en manos de los trabajadores; en caso de cierra este capital, propiedad de los trabajadores, serviría como base de partida para la continuación como una nueva empresa.

La participación de los trabajadores en los beneficios ha de ser el mayor estímulo a la productividad, junto con un impulso de la formación, dentro y fuera de las empresas, que cree una mano de obra cualificada que haga posible este nuevo impulso estratégico de la economía nacional.

Copago sanitario, otro peligro

La Consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya, María Geli del PSC, ha reconocido que la Generalitat estudia aplicar 1 euro por visita al médico.

Será una de las medidas que la comisión de expertos nombrada por la Generalitat estudiará para hacer, según Geli “una sanidad sostenible”. Otras medidas que barajan son: incrementar el porcentaje que paga el enfermo por cada receta médica (ya se paga el 40 %), o el pago por determinados servicios como el dentista y el podólogo.

Una vez más estamos ante una serie de proyectos que la derecha quiso, pero no pudo llevar adelante por la oposición de los profesionales del sector y los sindicatos; y que ahora la izquierda, saltándose su propio programa electoral, está poniendo sobre la mesa. Entonces, como ahora, la crítica del copago sanitario tiene la misma validez: lo que hacen ese tipo de medidas es penalizar a los sectores más afectados y con rentas más bajas, tercera edad, jubilados, enfermos crónicos, mujeres…

Por su parte el secretario general de ERC, Pérez Rovira dice que este tipo de medidas, aunque no estén en los acuerdos de gobierno, “se pueden estudiar”, ya que “se pueden hacer cosas así siempre que nos pongamos de acuerda”. Según Rovira: “Con los recursos que tiene Catalunya no se puede garantizar una oferta de sanidad pública adecuada a las necesidades de los ciudadanos”. ¿No hay recursos o el problema es cómo se gestionan, cómo se emplean los recursos que maneja la Generalitat?

Basta con ojear los presupuestos aprobados para empezar a comprender lo que se hace. Mientras se estudia como sacar dinero a los enfermos, el gobierno de Maragall y Rovira no tiene escrúpulos en aprobar una subida espectacular de recursos para la Radio y Televisión catalanas. La corporación de RTVC recibirá este año 340 millones de euros, 40 más que con el gobierno de CiU en el 2003. Para Maragall y Rovira sí tiene sentido financiar con miles de millones de las antiguas pesetas su aparato de agitación y propaganda.

No estamos ante unas medidas que se pretenden imponer en Catalunya, sino que se quieren extender a toda España. Como ha reconocido el Secretario de Estado de Hacienda, Fernández Ordoñez, “debemos pensar en el futuro la financiación del sistema sanitario”. Copago sanitario o nuevos “medicamentazos” que excluyan nuevas medicinas de las recetas de la SS, son peligros reales.

Ferrán Huertas