NACIONAL

Campaña de solidaridad con Mikel Buesa:
Un mundo al revés

Los delitos contra la libertad y la colaboración con el terrorismo de Arzallus no prescriben. ¿Por qué no ha de ir a los tribunales?

Quienes tendrían que estar ante los tribunales por haber construido a lo largo de más de 20 años de gobierno autonómico un régimen de apartheid sobre los no nacionalistas, odio, miedo y con más de 200.000 vascos en el exilio, se dedican a poner querellas contra quienes les denuncian. La Audiencia Provincial de Vizcaya ha admitido a trámite una querella del gobierno de Ibarretxe contra Mikel Buesa, por la acusación de éste al tripartito vasco de “financiar el terrorismo”.

Cientos de profesionales, políticos, miembros de la rebelión democrática y ciudadanos están apoyando la campaña de solidaridad con Mikel Buesa, ante la ofensiva del gobierno de Ibarretxe contra el vicepresidente del Foro de Ermua.* Nicolás Redondo Terreros, ex secretario general del PSE, Francisco Vázquez, alcalde socialista de La Coruña, los periodistas José María Calleja o Germán Yanke, Jon Juaristi, Pedro Cerracín, etc. son algunos de los que encabezan esta campaña.

Mikel Buesa, vicepresidente del Foro de Ermua, hermano del socialista Fernado Buesa, asesinado por ETA en el 2000, acusó en una rueda de prensa al gobierno de Ibarretxe porque “las ayudas a los presos etarras suponían en realidad una financiación encubierta de la banda terrorista ETA”.

Los firmantes de la campaña en solidaridad con Buesa, denuncian que el Ejecutivo de Ibarretxe pretende coartar la libertad de expresión de quienes denuncian su política, y reafirman la denuncia que hizo Mikel Buesa: “Las subvenciones del Ejecutivo de Vitoria a las asociaciones del entorno de ETA han sido cuantiosas a lo largo de los años. Así, por ejemplo, AEK ha recibido más de quince millones de euros del ejecutivo vasco, siendo declarada además de “utilidad pública” por el gobierno de Ibarrtexe en 2002, cuando estaba siendo investigada por su incardinación en ETA”.

¿A dónde apunta el fiscal general?

Mientras la actuación del gobierno tripartito de Vitoria pone de manifiesto que el régimen levantado por los Arzallus del “árbol y las nueces” y sus herederos, Imaz e Ibarretxe, sigue en plena vigencia, el gobierno de Zapatero se equivoca manteniendo una línea, en la Fiscalía General del Estado de Conde-Pumpido, tibia a la hora de procesar a los responsables del régimen del nacionalismo étnico implantado en Euskadi.

Las declaraciones del Fiscal General diciendo que está en contra de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco haya decidido reabrir el “caso Atutxa” y que pedirá su absolución, no son de recibo. Pero no porque Atutxa deba o no ser procesado por torear la sentencia del Tribunal Supremo, que le obligaba a disolver el grupo de Batasuna en el Parlamento vasco, sino porque en su posición hay toda una declaración de mantener una posición tibia con los jerarcas del régimen nacionalista y la utilización que estos han hecho de los recursos y competencias autonómicas.

A los Arzalluz, Eguibar, Atutxa, Ibarretxe y sucesores, ¡claro que hay que hay que pedirles explicaciones de cómo han utilizado los medios que tenían a su alcance! ¡Claro que los tribunales deben investigar por qué el dinero manejado por el tripartito vasco va a parar a la financiación del entorno de ETA! ¡Claro que hay que exigir responsabilidades por no poner todos los medios de la Hertziana para detener a los terroristas y sus cachorros! ¡Claro que hay que desmantelar las redes por las que se tergiversa la historia y se inoculan las teorías sabinianas del racismo y el odio a España y lo español! ¿Cómo que no hay que investigar a los jerarcas responsables de que cientos de miles de euros lleguen en forma de subvenciones desde el propio gobierno vasco y los ayuntamientos controlados por el PNV al entorno terrorista? ¿Cómo no hay que investigar de qué forma desde el poder autonómico se ha alentado y permitido el acoso a una gran mayoría de vascos, una oposición democrática escoltada y el exilio de más de 200.000 de ellos?
Por eso la posición del Fiscal General nombrado por el gobierno de Zapatero, no es tolerable. Porque lo que está defendiendo es la tibieza con el nazifascismo, en vez de la exigencia de responsabilidades.

Desde estas páginas hemos defendido muchas veces la necesidad de que, como con Pinochet, la impunidad no ampare a los jerarcas responsables de la falta de libertades en el País Vasco. Los delitos contra la libertad y la colaboración con el terrorismo de Arzallus no prescriben. ¿Por qué no han de ir a los tribunales?

C. Bermeo