HISPANOS

Bolivia:
Momentos de convulsión, horizonte de cambios

El rechazo a la Ley de Hidrocarburos se ha transformado ya en un clamor que exige la nacionalización

Año y medio después de la revuelta popular ­sangrientamente reprimida­ que terminó con la presidencia de Sánchez de Losada, la situación política de Bolivia vuelve a sumergirse en una continua sucesión de sobresaltos. El último, el veto del presidente de la República a la Ley de Hidrocarburos, aprobada por el Congreso pero que ha vuelto a poner de manifiesto la división del país en dos bloques irreconciliables. De un lado, las clases populares y los movimientos indígenas que reclaman la nacionalización del gas; del otro las emergentes fuerzas autonomistas que, alentadas por EEUU, buscan la forma de obtener mayor poder político y el control de los recursos naturales del país.

Carlos Mesa, un intelectual independiente, fue elegido presidente en sustitución de su depuesto antecesor en un intento de encontrar un «personaje de equilibrio», alguien capaz de encontrar un punto intermedio, de consenso, que permitiera una salida a la explosiva situación política que vive el país andino desde hace años. Pero su tarea, intentando contentar a unos y otros ­y no satisfaciendo finalmente a nadie­ se ha revelado imposible. Las contradicciones que enfrenta Bolivia tienen demasiado calado y las fuerzas en disputa, sus intereses y alternativas demasiado antagónicas como para llegar a un punto de acuerdo.

Mucho más cuando, tras la insurrección de octubre de 2003, Washington tomó conciencia de la debilidad de las tradicionales fuerzas políticas oligárquicas de La Paz históricamente vinculadas a EEUU, apresurándose a crear nuevos mecanismos de intervención política capaces de reconducir la situación hacia sus designios. Bush necesita a Bolivia para formar (junto a Colombia, Ecuador y Perú) la cuña andina a través de la cual pretende desestabilizar y neutralizar la onda expansiva de la revolución bolivariana de Venezuela. A esto se debe la inesperada irrupción de las fuerzas autonomistas, concentradas en la región de Santa Cruz ­metrópoli económica del país­ y de Tarija, principal zona de producción de gas natural que posee las mayores reservas de Sudamérica tras Venezuela. Los «Comités Cívicos» de ambas regiones, organizados por la oligarquías locales y generosamente financiados desde EEUU, se han lanzado a una feroz campaña política con el objetivo de conseguir una amplia autonomía (prácticamente de tipo federal), en las que tendrían una abrumadora mayoría política.

Por su parte, entre las fuerzas populares, el rechazo a la Ley de Hidrocarburos se ha transformado ya en un clamor que exige la nacionalización de las explotaciones petrolíferas y gasísticas, y la utilización de los ingentes recursos que producen al servicio de una economía nacional y de los intereses de la mayoría de la población. Exigencia que, a su vez, lleva aparejada la reivindicación inaplazable de una Asamblea Constituyente que «refunde» Bolivia, creando nuevos mecanismos de poder, participación y decisión para las clases populares y los pueblos originarios, sumidos desde hace décadas en la miseria por la política parasitaria y vendepatrias de la oligarquía local, unida por múltiples lazos de sumisión y dependencia a las multinacionales petroleras y a EEUU.

El pulso entre estas dos fuerzas aboca al país a una situación de inestabilidad insostenible y conduce aceleradamente a Bolivia hacia un cambio político. Cambio que todo el mundo hispano esperamos sea favorable a los intereses del pueblo boliviano.

Laura Descals