NACIONAL - CATALUÑA

Aprobada por el tripartito la ponencia del Estatuto de Cataluña
Reacciones a la propuesta de Estatuto catalán

La ley del silencio que quiere imponer Rubalcaba es intolerable. Como ha hecho Alfonso Guerra, es el momento de hablar y ampliar la rebelión democrática por la unidad, la libertad y la solidaridad entre las nacionalidades y regiones de España.

“No hay Estado que pueda resistir la residenciación fragmentada de la soberanía... a menos que se quiera la desaparición del Estado”

(Alfonso Guerra, ex vicepresidente del gobierno, y presidente de la Comisión Constitucional del Congreso)

La conferencia pronunciada en los Cursos de El Escorial, por el que fue vicepresidente del gobierno con Felipe González, Alfonso Guerra, y hoy presidente de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, por donde han de pasar los estatutos, ha despertado una oleada de apoyos dentro y fuera de las filas socialistas. No sólo por su personalidad y porque representa una corriente ideológica y política dentro del PSOE, sino porque ha expresado el sentir de la inmensa mayoría del pueblo de las nacionalidades y regiones de España, de las corrientes patrióticas, intelectuales, personalidades y profesionales de todo el espectro nacional. Si Zapatero y desde el gobierno se dice que el límite de los estatutos es la Constitución, Alfonso Guerra ha venido a poner el dedo en la llaga.

Guerra desnuda el grave atentado contra el consenso constitucional que suponen los proyectos de reforma de los estatutos como el catalán. “La fiebre de reformas estatutarias busca una reforma encubierta de la Constitución”. Insiste en que lo que se propone “es una fragmentación de la soberanía popular”. Y señala “más de media docena de violaciones constitucionales”: la pretensión de blindar las competencias, para impedir que el Estado elabore leyes de base; que se pretendan modificar leyes orgánicas a través de los estatutos; o las propuestas de financiación que no respetan “los principios de cohesión, igualdad y solidaridad e impedir los privilegios”.

Por eso advierte de los peligros que entrañan. “No hay Estado que pueda resistir la residenciación fragmentada de la soberanía, por lo que la propuesta catalana tiene pocas posibilidades de progresar, a menos que se quiera la desaparición del Estado”. Que las comunidades se llamen naciones no es un problema lingüístico como se nos quiere hacer creer, y una falacia que se quiera equiparar nación a nacionalidad, sino una vía para debilitar la cohesión nacional e imponer la secesión. “Esto augura una reivindicación política posterior muy clara. Si hay nación, más adelante habrá Estado”. Y en coherencia con ello: “No es cierto que se esté haciendo una reforma de los Estatutos. Se están haciendo nuevos estatutos y, es más, yo diría que se están haciendo constituciones”.
Y, advirtió, sobre todo, que para él el peligro más grave “es la balcanización fiscal del Estado”.

Guerra acabó rechazando “los mitos” sobre los que se mueve el nacionalismo, como el de la llamada “insuficiencia financiera”. “Esto es un mito. Lo que hay son prioridades de gasto. Hay una comunidad que se queja del déficit sanitario, pero que tiene dos canales de televisión que con un 10 % de su coste acabaría con dicho déficit. Eso no es insuficiencia financiera”.

La claridad y rotundidad de las posiciones de Alfonso Guerra (como la de los intelectuales catalanes que han publicado el Manifiesto por un nuevo partido político no nacionalista), que cada día cosechan más apoyos, han concentrado sobre él los ataques de los nacionalistas totalitarios y excluyentes. Puigcercós, secretario general de ERC, exige al presidente Zapatero, que “ponga orden en el corral del PSOE y controle a los sectores reaccionarios de su partido... como Alfonso Guerra, Rodríguez Ibarra o Jordi Sevilla”.

Por eso, la ley del silencio que quiere imponer Rubalcaba, “porque no es el momento”, es aún más intolerable. Al contrario, es el momento de hablar y ampliar la rebelión democrática por la unidad, la libertad y la solidaridad entre las nacionalidades y regiones de España.

¿Dónde vas Maragall?

La Ponencia encargada de elaborar la reforma del Estatuto catalán ha aprobado el texto que ahora se discutirá en el Parlamento autonómico, con los votos a favor del tripartito gobernante (PSC, ERC e IC-V), la abstención de CiU y los votos en contra del PP. Maragall y el tripartito pretenden que el Parlamento catalán trabaje a destajo para que el Estatuto aprobado pueda llegar al Congreso de los Diputados el 11 de septiembre. Tantas prisas no son comprensibles, si tenemos en cuenta las condiciones en las que llega el texto de la Ponencia. Sólo se pueden entender por el interés particular del presidente Maragall y sus socios.

El nuevo Estatuto llega, en primer lugar, sin haber conseguido despertar el interés general de la sociedad catalana, que tiene otros problemas y prioridades: como reflejan permanentemente las encuestas sólo un porcentaje por debajo del uno por ciento lo tiene entre sus prioridades. Llega sin el consenso suficiente, sólo con los votos tripartitos. Pero sobre todo llega con demasiados puntos polémicos que afectan a cuestiones fundamentales: la definición de Cataluña como nación; la regularización de las competencias y el llamado blindaje frente al Estado, la exigencia de que se modifiquen seis leyes orgánicas (entre ellas la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, la Ley Electoral o la Ley Orgánica del Poder Judicial); y el tema de la financiación, que se pretende exclusiva para Cataluña.

Con el texto aprobado por el tripartito, Maragall y sus socios quieren cerrar el primer capítulo de su pulso nacionalista con el resto de España. Pero las reacciones de los sectores que ven en esos puntos del Estatuto una amenaza para la unidad y solidaridad de todas las mujeres, hombres y tierras de España, no se han hecho esperar: dentro y fuera del Partido Socialista, en Cataluña y en el resto de España.

Por eso, meter prisa ahora para que se tramite a destajo en el Parlamento catalán, además de ser un tic más propio del totalitarismo que de la democracia, sólo puede pretender hurtar el debate con los sectores más sensibles y críticos de la sociedad catalana y española, pasar cuanto antes por encima de las críticas para evitar que éstas calen entre la población.

El editorial del diario El País enfatizaba su apoyo a la Ponencia diciendo que “el camino, a pesar de los escollos, parece más despejado”, deshaciéndose en elogios a una ERC, que como los mismos dirigentes de Ezquerra Republicana han reconocido, “esto es provisional, es sólo el primer paso para pasar al siguiente”. Maragall y ERC, también El País, saben que no han propuesto una reforma del Estatuto, sino como ha dicho Alfonso Guerra, “un nuevo Estatuto que pretende ser una constitución encubierta” que trabaje por el siguiente objetivo de esta deriva nacionalista, un Estado independiente catalán.

La ley del silencio no impide nuevas manifestaciones en el PSOE

Si el propio Guerra dijo en sus tiempos aquello de “quien se mueva no sale en la foto”, la excepcional situación que vive en nuestro país ha colocado otra vez a los socialistas, y con ellos a todos los españoles, ante el reto de levantar la voz frente a los nacionalismos étnicos y excluyentes, y frente a quienes pretenden llevar su alianza con ellos hasta el punto de poner en serio peligro el futuro de unidad y progreso de nuestro país. El propio Guerra lo está haciendo, y con él crece el movimiento en las filas socialistas.

El Partido Socialista de Madrid, con Rafael Simancas a la cabeza, ha declarado que “comparte y respalda rotundamente la posición de Alfonso Guerra. “Respeto las mejoras de autogobierno, pero no es legítimo plantear una ruptura del consenso constitucional como se está haciendo”. Los socialistas madrileños han vuelto a remarcar que toda reforma tiene que tener en cuenta y preservar tres valores fundamentales: solidaridad, cohesión e igualdad. Y desde ahí critican que no es aceptable que la Generalitat pretenda negociar de forma bilateral con el Estado un nuevo sistema de financiación.

La dirección del PSOE andaluz, por medio del secretario de organización, Luis Pizarro, ha declarado que coincide “en el fondo” con el presidente de la Comisión Constitucional del Congreso, Alfonso Guerra, en su rechazo a las reformas de los estatutos que impliquen privilegios entre territorios. Pizarro ha dicho que “ los socialistas andaluces no apoyarán cualquier modificación estatutaria que no se ajuste al marco constitucional y vaya a debilitar la Constitución del 78”.

C. Bermeo