CONTRAPORTADA

Ninguna “guerra del agua” de españoles (murcianos, valencianos, almerienses...)
contra españoles (manchegos, aragoneses, catalanes...)

Intolerable. Las declaraciones del presidente de Castilla-La Mancha, el socialista José María Barreda: “Estamos en una guerra que será larga y que Castilla-La Mancha va a ganar inexorablemente”.

Intolerable. La posición del PP de Castilla-La Mancha: que pedirá al Congreso de los Diputados “el fin definitivo del trasvase Tajo-Segura”.

Intolerable. Las declaraciones del presidente de Murcia, el popular Ramón Luis Valcárcel, acusando a Castilla-La Mancha de despilfarrar el dinero que llega por el trasvase.

Intolerable. Que el gobierno de Zapatero no esté atajando este camino de enfrentamiento desde las primeras manifestaciones insolidarias de Maragall y Rovira (“Del Ebro no saldrá ni una gota de agua”), hasta las de Barreda y Valcárcel.

Y que no haya sentado ya en una Comisión del Agua a expertos, profesionales y afectados para buscar una solución integral, teniendo en cuenta los intereses de conjunto.

¡Por una solución integral y compartida por todas las comunidades!
¡Por la unidad y la solidaridad de todas las nacionalidades y regiones de España!

Los dirigentes y fuerzas políticas que gobiernan nuestro país, desde las comunidades autonómicas hasta el gobierno central de Zapatero, han convertido, lo que debiera ser un motivo de solidaridad y unidal nacional para hacer frente a un problema que afecta al conjunto del país, en un motivo de enfrentamiento, en una “guerra del agua”.

El gobierno de Aznar creyó que podría imponer un Plan Hidrológico Nacional sin atender las demandas de los afectados por las obras principales del PHN, como el trasvase del Ebro.
El gobierno de Zapatero, lo ha derogado nada más llegar al gobierno, apoyado en sus aliados ERC e IU, sin tener una alternativa global, sin haber hecho antes todo lo necesario para convencer a quienes ahora se sienten perjudicados, que ven en ello el precio político pagado para gobernar con el apoyo de ERC.

El agua es un bien común de todos los españoles y como tal hay que buscar soluciones integrales y de conjunto que tengan en cuenta tanto las demandas de infraestructuras y regadíos de las zonas como el Alto Aragón o Castilla-La Mancha, como las necesidades del Levante español; acabando con los agravios comparativos donde los haya y evitando crear otros.

Con esa posición han abordado el problema los sectores más progresistas de nuestro país, desde los regeneracionistas de hace 100 años, encabezados por el aragonés Joaquín Costa, a la propuesta del Plan Borrel en 1993. Los regeneracionistas, ofrecieron una solución integral, la más avanzada para su tiempo, al problema: se asentaba en la idea de aprovechar al máximo el agua existente para abastecer a la población, desarrollar los regadíos y producir energía eléctrica, mediante la construcción de presas, pantanos, embalses, conducciones, centrales eléctricas, etc. que dio como resultado un ejemplo de desarrollo integrado, sostenible y de progreso durante todo el siglo pasado.

Desde esta posición hay que buscar soluciones a la nueva situación y al empuje general del país.

Las soluciones técnicas (desaladoras, trasvases, presas...) no pueden ser utilizadas como demagógicas armas arrojadizas al servicio de los intereses electoralistas de los partidos o, lo que es peor, como munición por los nacionalismos excluyentes. ¿Por qué no promover, desde el ministerio de Medio Ambiente, el trabajo de los expertos para hacer estudios objetivos de la situación global y proponer soluciones de interés general de acuerdo a las necesidades y posibilidades de cada cuenca hidrográfica? Trasvases y desaladoras, pantanos y modernización de regadíos, mejora de la gestión, etc.

La solución al problema del agua debe servir para fortalecer la cohesión y vertebración nacional, incluso con nuestros hermanos de Portugal dependientes también de la gestión de los recursos hídricos comunes. El objetivo sólo puede ser uno: convertir la solución al problema del agua en uno de los motores para el progreso conjunto y simultáneo de todas las nacionalidades y regiones.

Hay que atajar las posiciones de quienes, negando los intereses comunes, quieren reducirlo todo, también el agua, a “intereses locales” para mantener el control sobre ellos. Y denunciar el intento de llevar este control a los nuevos estatutos de autonomía, como quieren hacer el tripartito catalán y el presidente Barreda.

El agua es uno de esos bienes comunes cuya capacidad de decisión ha de estar, en última instancia, en el Parlamento y el gobierno de la nación.

Ha llegado el momento de exigir al gobierno del país que ponga todos los medios para atajar las posiciones que dividen y enfrentan a unas comunidades con otras. Y a los políticos de esas comunidades que dejen de utilizar las justas movilizaciones de los ciudadanos preocupados por la situación para sus propios intereses partidistas. ¡Aquí sí que hace falta diálogo, y del bueno, presidente Zapatero!

Ha llegado el momento de exigir la formación de una Comisión del Agua formada por expertos, profesionales íntegros, y representantes de todas las comunidades y todos los estamentos afectados, para buscar una solución integral, teniendo en cuenta los intereses generales y compartida de conjunto.

M. Murcia