EDITORIAL NACIONAL

El nuevo estatuto catalán: una vía para descoyuntar España
Regresión a las taifas

Estamos ante un pulso para decidir hasta donde puede llegar, en esta etapa, la desarticulación política del Estado, que permita en un futuro descoyuntar España. Disgregando el Estado, limitando su actuación y autoridad en cada vez más ámbitos, disolviendo las estructuras que son fundamento de su unidad, hasta que se pueda fracturar el país

¿Qué le pasaría al presidente de un land que pretendiera jibarizar la autoridad del Estado alemán en su territorio? ¿Y a una región francesa que le arrebatara a París el control sobre la hacienda y la justicia en su territorio? Con toda seguridad serían declarados fuera de la ley. Bueno, pues eso es lo que pretenden hacer Maragall y Carod Rovira en España.

¿Por qué en Alemania y Francia no y en España sí? Las grandes potencias no permiten que nadie cuestione su aparato estatal, porque ésa es una de las bases para extender su dominio, mientras que en los territorios subordinados las “empresas de derribos” están autorizadas: cuanto más fraccionado y débil esté más fácil será de dominar.

Es hora de decir con rotundidad que a Maragall, Carod Rovira o Mas no les interesa lo más mínimo la pluralidad. No quieren una España plural sino una España corroída por la disgregación, fraccionada en virreinatos taifales que se subastan a los más negros intereses.

Han sido los expertos consultados por el Ministerio de Administraciones Públicas quienes han emitido un diagnóstico clarificador, dictaminando que “la propuesta de nuevo Estatuto contempla una redefinición de las competencias para Cataluña que sorprendentemente va unida a una ampliación casi ilimitada de ellas, blindándolas sobre la base de maniatar al Estado y de reducir al máximo las competencias estatales (…) Este modelo limitaría gravemente la salvaguarda de los intereses generales”.

La propuesta de nuevo Estatuto que ha perpetrado el tripartito, con la colaboración de CiU, se salta la Constitución para auto adjudicarse en exclusividad competencias estatales claves, prohíbe al Estado dictar normas básicas en los terrenos que ha usurpado, crea un espacio fiscal catalán que será la base de la insolidaridad, inaugura una justicia catalana al margen de la del resto de España, establece una relación bilateral entre la nación catalana y el Estado, y hasta propone las bases de una política exterior catalana.

Como guinda, ERC y CiU enarbolan los derechos históricos como fundamento político para adjudicarse las competencias en financiación o seguridad, retrotrayéndose a una realidad predemocrática anterior a la revolución francesa.

¿Qué tiene esto que ver con el avance de la pluralidad? Lo que se dibuja es un programa completo para desarticular políticamente el Estado español, disgregando una parte importante de los organismos que conforman su columna vertebral y son expresión y garantía de su unidad. Estamos ante un pulso para decidir hasta dónde puede llegar, en esta etapa, la desarticulación política del Estado, que permita en un futuro descoyuntar España. Disgregando el Estado, limitando su actuación y autoridad en cada vez más ámbitos, disolviendo las estructuras que son fundamento de su unidad, hasta que se pueda fracturar el país.

Éste es el proyecto político del que hoy el Estatuto del tripartito es el ariete principal. Un modelo “a la checoslovaca” –donde se decidió políticamente la disgregación sin que se pudiera oponer resistencia–, pero que necesita un recorrido mucho más largo. Y detrás de la partición de Checoslovaquia, como de la explosión yugoslava, se encuentran las ambiciones de la burguesía germana por dominar el continente. Los nuevos Estados han acabado siendo poco menos que protectorados germanos. Es la “Europa de los Pueblos”, donde los Estados se dividen convirtiéndose en taifas tribales que giran en torno a la gran nación alemana, la gasolina que alimenta todos los movimientos de disgregación.

Y Maragall –que llegó a pedir el ingreso de Cataluña en la organización de Estados francófonos–, o Carod Rovira –que suspira por que “Cataluña tenga el nivel de independencia de Luxemburgo”, cuya autonomía termina en un despacho de segundo orden de algún ministerio alemán– son sus enfervorecidos seguidores.

A esta estrategia de dominio sobre España –de la que también se benefician las castas taifales locales, dispuestas a aumentar su poder aunque eso suponga fracturar España y convertirse en virreyes de algún imperio– sirve la propuesta de reforma del Estatuto catalán. Un camino que sólo puede aumentar nuestra dependencia, entregando al pueblo español dividido y maniatado.

Hay que ser conscientes de que esto es lo que nos estamos jugando. Y es mucho más importante de lo que el debate político refleja. Dejar que la propuesta de este nuevo estatuto catalán avance es abrir la puerta a una dentellada brutal sobre nuestro país y nuestro pueblo.
Frente a esto debe rebelarse cualquier persona de izquierdas. Denunciando el carácter reaccionario de las pretensiones de los Maragall y Carod Rovira. Fortaleciendo a la izquierda patriótica, que se ha hecho presente en el movimiento antifascista vasco, en los promotores del “Manifest por un nuevo partido no nacionalista en Cataluña”, o también en numerosos sectores del PSOE. Defendiendo la unidad del pueblo español frente a los intentos de disgregarnos para dominarnos mejor. Y exigiendo a Zapatero que tome ya partido. Sin la traición de Maragall el nuevo estatuto jamás habría pasado de ser un ensueño nacionalista. Y es la ambigüedad de Zapatero –frente al rechazo explícito de otros miembros del gobierno como Bono– lo que le da oxígeno.

La abrumadora mayoría de izquierdas, incluyendo las bases del PSOE, están por la unidad y contra la fragmentación. La única opción posible para Zapatero –si no quiere que el “no nos falles” que la gente le gritaba en la noche electoral se rompa por el peor sitio– es cerrar de forma tajante el paso a los proyectos de disgregación que hay detrás del nuevo estatuto catalán.