NACIONAL - CATALUÑA

Análisis de la propuesta del nuevo Estatuto catalán
Maniatar al Estado para desarticularlo

El nuevo estatuto pretende desarticular el Estado para descoyuntar España

“La propuesta de nuevo Estatuto catalán establece una redefinición de las competencias de Cataluña que, sorprendentemente, va unida a una ampliación considerable, casi ilimitadamente, de ellas, sobre la base de maniatar al Estado y de reducir al máximo el número de competencias estatales”.

Éste es el contundente dictamen que, sobre la reforma del Estatuto catalán, han emitido los expertos consultados por el Ministerio de Administraciones Públicas. Tras 18 meses, el tripartito alumbra una reforma estatutaria que se coloca por encima de la Constitución para auto otorgarse un nivel de competencias donde, excepto en unas pocas materias como Defensa, reduce casi a cero la autoridad del Estado en Cataluña; certifica una relación bilateral con el Estado donde la opinión de Cataluña es determinante en muchos aspectos; quiebra el ámbito judicial único; impone una financiación insolidaria... hasta llegar a la reivindicación de los derechos históricos como fundamento de la ampliación de competencias. Como dato anecdótico, es imposible encontrar la palabra España dentro de su voluminoso texto.

Nos encontramos ante un pulso donde el objetivo es desarticular el Estado –vaciándolo de autoridad hasta convertirlo poco menos que en un elemento subalterno frente al poder acumulado por múltiples reinos de taifas– para que, una vez débil, sea posible descoyuntar España.
Una amenaza que sólo beneficia a los poderes que pretenden dividirnos para dominarnos mejor. Y ante la que la izquierda debe reaccionar contundentemente.

Vaciar al Estado

La apelación de Carod Rovira y Artur Mas a los derechos históricos, con la oposición del PSC, centra el debate. Pero éste es un espejismo. Más allá de las bravuconadas de ERC y CiU, la propuesta de nuevo estatuto contiene amenazas más graves.

La primera piedra del nuevo Estatuto catalán es darle la vuelta a todo el ordenamiento constitucional. Ahora es la Carta Magna, en su título VIII, la que fija las competencias que el Estado puede o no delegar a las autonomías. La propuesta de Estatuto hace justo lo contrario: determina unilateralmente, y sin atender a límite alguno, las competencias que corresponden a Catalunya. Y lo que queda sería el ámbito del Estado. Esta quiebra de la legalidad permite al tripartito ampliar ilimitadamente las competencias, hasta incorporar al Estatuto las que no son sino delegadas, a través del artículo 150.2 de la Constitución, o las que forman parte de normas básicas del Estado.

Por si esto no fuera suficiente, el Estatuto –arrebatando una facultad que sólo pertenece a la Constitución– se permite legislar sobre el reparto competencial, estableciendo qué competencias son exclusivas –donde el Estado no pinta nada– , cuáles compartidas –el Estado pinta muy poco–, y cuales ejecutivas –en teoría en éstas el Estado pinta mucho, pero el Estatuto exige que le traspase casi todas sus facultades ejecutivas–. El resultado es que el Estatuto, unilateralmente, exige la reforma de hasta seis leyes orgánicas –las que rigen aspectos básicos del Estado–: Tribunal Constitucional, Poder Judicial, Régimen Electoral General, Funcionamiento de la Administración del Estado, Referendums y Defensor del Pueblo.

La autoridad del Estado y el gobierno central es limitada hasta el punto de que no se le permite dictar normas básicas en las competencias que el Estatuto se ha auto otorgado como exclusivas. Culminando cuando se declara al Tribunal Supremo de Catalunya como última instancia judicial, quebrando la justicia única, colocándose al margen del sistema de garantías que rige en el conjunto de España, y blindando a los poderes locales ante la intervención central.

Nación asociada

Mucho se ha hablado del artículo del nuevo Estatuto que define a Cataluña como nación, pero poco de las repercusiones políticas que eso implica. El nuevo Estatuto establece “el principio de bilateralidad” como uno de los ejes de “la relación de Cataluña con el Estado”, imponiendo en los hechos la existencia de dos entes iguales: Cataluña y España.

Para ello se establece una Comisión Bilateral, paritaria, donde el Estado y el gobierno central deben rendir cuentas y consensuar con la Generalitat todos los aspectos que “afecten a las competencias de Cataluña”: desde la política energética y financiera hasta la actuación en la UE. Y en esa Comisión Bilateral, el nuevo Estatuto establece que “la posición de la Generalitat es determinante en todo lo que afecte a sus competencias exclusivas”.

El nuevo texto del tripartito afirma que la Generalitat participará en “los órganos y mecanismos bilaterales y multilaterales de colaboración con el Estado y con otras comunidades autónomas”, pero acto seguido se despacha declarando que “la Generalitat no queda vinculada por las decisiones adoptadas en esos órganos respecto de las cuales no haya manifestado su acuerdo”. Situándose así otra vez al margen de la autoridad central.

El Estado y el gobierno español tienen limitado casi a cero su margen de intervención en Cataluña, pero eso sí, la Generalitat se auto-otorga, por encima de la Constitución, una participación decisiva en todos los órganos estatales, pudiendo nombrar representantes en instituciones que van desde el Banco de España a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones o el Consejo General del Poder Judicial. El nuevo Estatuto nos dibuja una “nación asociada”, en una relación bilateral con España donde quien tiene la sartén por el mango es Cataluña.

Dinero y política

Mientras en Alemania se limita la autonomía financiera de los landers, Maragall pretence hacer saltar la caja en España. Berlín no dudaría en declarar ilegal la propuesta de financiación del tripartito, porque pulveriza la hacienda central, una de las columnas vertebrales del Estado.

La Generalitat se declara propietaria de su dinero y del de los demás: de los impuestos locales y de los que sólo están cedidos por el Estado. Y será el poder autonómico catalán, al revés de lo que sucede ahora, quien cederá una parte de los impuestos estatales al gobierno central, en un porcentaje nunca superior al 50%.

Para ello se crea una Agencia Tributaria propia, al margen de la nacional.
Esta propuesta de financiación no es sólo una cuestión de dinero, tiene una especial relevancia política. Se trata de dotar a la Generalitat de autonomía financiera respecto del Estado, no sólo por el dinero recaudado sino porque se blinda ante la intervención del gobierno central., quebrando la cohesión nacional en un punto tan decisivo como es la propiedad y disponibilidad de los recursos.

De imponerse el nuevo modelo de financiación, no habrán unos recursos comunes que se distribuyen de acuerdo a los intereses y necesidades del conjunto de España, sino recaudadores locales que negociarán otorgar la menor parte posible al gobierno central.

Todo esto aderezado con la postura de Carod: “hay que poner límites a la solidaridad”. El apartado del nuevo Estatuto dedicado a la solidaridad con el resto de España dedica el 90% del texto a someter la aportación a “las necesidades financieras de Cataluña”, recordando la exigencia de la devolución del llamado déficit fiscal.

Un informe de CCOO evidencia las consecuencias, al afirmar que la fiscalidad del tripartido, al eliminar cualquier referencia a la progresividad fiscal, está a la derecha de la Constitución, y recuerda la reaccionaria política fiscal que ya está imponiendo el tripartito.

¿Política exterior catalana?

Nadie habla de la política exterior que establece el nuevo Estatuto. Sí, ha leído bien, el tripartito se propone llevar adelante una “política exterior catalana”, y se auto otorga en este terreno –que lógicamente sólo corresponde al gobierno español– importantes competencias.

Facultándose para abrir delegaciones en el extranjero, para determinar la política exterior española, afirmando que la posición de la Generalitat será determinante en la negociación de tratados internacionales que afecten a sus competencias, y estableciendo la posibilidad de firmar por sí misma preacuerdos internacionales.

En el ámbito de la UE, el nuevo Estatuto pretende que Cataluña pueda jugar un papel más activo en la llamada Europa de los Pueblos: abriendo delegaciones en Bruselas cuyos miembros tendrán el mismo rango que los representantes españoles, estableciendo un trato directo con las instituciones europeas, sin necesidad de pasar por España. Y aspirando a ejercer una influencia decisiva sobre las posiciones españolas en la UE. El nuevo Estatuto proclama la obligación de que representantes de la Generalitat tomen parte en los organismos europeos, y exige al gobierno español que consensúe con ellos su política en la UE, siendo determinante la posición de la Generalitat en cuestiones que afecten a sus competencias exclusivas, y relevante cuando de esas decisiones se deriven cargas financieras para la Generalitat.

Y todo este despliegue internacional dirigido por un presidente como Maragall, que llegó a pedir el ingreso de Cataluña en la organización de Estados francófonos, o un Carod Rovira que exigía “el mismo nivel de independencia que Luxemburgo”.

N. I.