NACIONAL

La Conferencia de presidentes y la financiación de la sanidad
Hipócrates y la calculadora

El déficit sanitario que nos interesa es el que se nos debe a los trabajadores

La Conferencia de Presidentes va a dedicarse monográficamente a la sanidad. ¡Por fin los políticos se dedican a buscar soluciones a problemas que nos interesan, y no a esgrimir privilegios o derechos históricos! ¿Acaso van a tratar el sangrante caso de las listas de espera, o cómo aumentar la atención sanitaria a los sectores más desfavorecidos? No. Zapatero y los presidentes autonómicos se reunen para repartirse los recursos, enzarzándose en una refriega sobre el dinero que corresponde a cada comunidad, donde desaparecen las necesidades y demandas populares.

La calculadora ha sustituido a Hipócrates, y el problema del déficit sanitario –que tras las transferencias soporta cada comunidad– o la clara insuficiencia de recursos para asumir los gastos de los próximos años, es tratado no para mejorar la sanidad, sino para la defensa de los intereses particulares de cada administración. Hay efectivamente un grave déficit sanitario que es urgente remediar. Pero no es el que ocupa las páginas de los periódicos –donde junto al enfrentamiento entre el gobierno central y las autonomías por el reparto del gasto sanitario, se suman veladas amenazas como la del copago–, sino el que se nos debe a los trabajadores, arrebatándonos año tras año los beneficios de una sanidad que esté realmente al servicio del pueblo.

El auténtico déficit

Resulta indignante contemplar como Esperanza Aguirre –presidenta de la comunidad que menos porcentaje destina a sanidad–, Francisco Camps –cuyos gobiernos han sido punta de lanza en la privatización sanitaria–, o Maragall –que hace bien poco propuso el copago de dos euros por receta médica– elevan sus lanzas cuando se trata de reclamar más dinero en el reparto territorial de la financiación sanitaria. El auténtico déficit sanitario se nos debe a cada uno de los trabajadores españoles, y no a ésta o aquélla comunidad.

Es curioso que en el debate sobre la financiación de la sanidad, todas las comunidades han ofrecido datos sobre su déficit (gasta en sanidad más de lo que recibe del Estado), pero pocos hayan recordado que España es, después de Grecia, el país de la UE con un menor gasto público sanitario por habitante: 931 euros frente a los 1.500 de la media europea. Serían necesarios 21.723 millones de euros, y no los 3.000 que Zapatero ofrece, para alcanzar el gasto sanitario que a España le corresponde según su desarrollo económico. Éste sí es un déficit que afecta a la calidad de la sanidad que recibimos. Según un informe, el 61% de los pacientes en lista de espera lo están por “causas derivadas de los servicios y medios disponibles”. ¿No se podrían aumentar los medios si se dedicaran los 22.000 millones de euros de más que España debería gastar en sanidad? Porque ese déficit sanitario siempre acaba cargándose sobre las mismas espaldas. Quien muere en una lista de espera, o sufre graves perjuicios por la demora en una operación, es quien no puede costearse esa intervención en un centro privado.
Como ejemplo extremo, en España las diferencias en el acceso a la sanidad más avanzada son responsables de que en las áreas más pobres exista un 10% más de mortalidad. Estamos hablando de 35.090 muertes anuales que serían evitables si todo el mundo dispusiera del nivel de atención sanitaria que disfrutan los sectores de mayor renta.

Es evidente que en las diferencias en la esperanza de vida –6 años entre los barrios más pobres y ricos de Madrid, y hasta diez en Barcelona– ocupa un papel importante el diferente acceso a la sanidad. Son muchos los estudios que demuestran cómo el acceso universal a la sanidad no garantiza la igualdad en salud, ya que la exclusión de la financiación pública de muchos tratamientos preventivos así como las listas de espera condicionan un desequilibrio que afecta a una mayor o menor calidad de vida, e incluso a unos cuantos años de vida menos. Éstos son los déficits sanitarios que nos interesan a las clases populares. Y es desde aquí -qué tipo de sanidad y al servicio de quién, y no las disputas entre comunidades– desde donde se deben establecer los medios de financiación y el reparto de los recursos.

A menor cohesión, más desigualdad

La discusión de la financiación sanitaria en la Conferencia de presidentes autonómicos es reflejo de que el 90% del gasto sanitario es ya responsabilidad de las comunidades autónomas. Parecía un axioma que una mayor descentrentalización iba a repercutir en un mejor servicio, pero la realidad es que ha generado consecuencias indeseables de las que pocos hablan. Las comunidades autónomas están financiando la sanidad de forma desigual, con una diferencia que puede oscilar entre 882 y 1.227 euros per cápita. Cada comunidad no sólo tiene competencias de gestión, sino que puede decidir cuestiones fundamentales como los derechos de los pacientes, cantidad de prestaciones, garantía de las mismas...

La forma en que se ha efectuado la descentralización –sin atender por ejemplo a las desigualdades existentes entre comunidades– ha establecido, en los hechos una desigualdad: un ciudadano español disfruta de más y mejores prestaciones sanitarias en unos territorios que en otros. Los estudios reflejan un aumento de las desigualdades en cuanto a esperanza de vida y riesgo de mortalidad entre unas partes de España y otras. Se ha fomentado el particularismo, debilitando la cohesión social en un tema tan sensible como es la sanidad.

Si esto ha sido posible es por la dejadez de funciones del gobierno central, no sólo del actual gobierno de Zapatero sino también por parte de los presididos por Aznar, desatendiendo su responsabilidad en garantizar la igualdad de acceso a la sanidad para cualquier ciudadano español, independientemente del territorio donde resida. A Aznar le vino bien, porque así obtuvo carta blanca para implantar privatizaciones parciales en determinadas comunidades, como Valencia, con una menor oposición al realizarse localmente. Y ahora Zapatero convierte el ministerio de sanidad en una especie de coordinadora de los intereses parciales de cada comunidad

Hoy por hoy, el tema central no es precisamente el de ampliar la autonomía de las comunidades en sanidad, sino el de garantizar la igualdad de acceso, ampliando las facultades del gobierno central para implantar políticas santarias.

Monopolios farmacéuticos y gasto sanitario:
Los agujeros negros

Se menciona el pecado pero no al pecador. Se habla del disparatado aumento del gasto farmacéutico –un tercio del presupuesto, cuando la media europea es del 15%–, pero no se menciona el omnímodo poder de los monopolios del sector. No es un problema de mala gestión, o de “abuso de la receta”. La realidad es que los grandes monopolios farmacéuticos han tejido una red que les permite apropiarse de una buena parte del presupuesto. Primero aprovechándose del régimen de monopolio para ser los únicos que proporcionen medicamentos y material imprescindible, pudiendo imponer un precio abusivo.
Utilizando todos sus recursos –contactos con las administraciones, influencia sobre los equipos rectores de centros médicos...– para que sean sus medicamentos y materiales los que se compren, aunque sean los más caros. Desplegando su poder sobre laboratorios, centros de investigación, universidades... para que el tipo de sanidad sea la que reporta mayores beneficios a sus cuentas corrientes y no a la salud de la población, imponiendo que se desechen unas terapias y se recomienden otras.

A esto se le suma el despilfarro de recursos producto de una ingente burocracia que no se somete a control alguno y vive de espaldas a las necesidades de la gente mientras sólo beneficia a pequeñas castas locales. Sólo rompiendo la red de influencia de los grandes monopolios sobre la sanidad pública se podría “racionalizar el gasto”, ofreciendo un mejor servicio al estar de acuerdo a las necesidades de la gente.

Joan Arnau