NACIONAL

Las asignaturas pendientes del gobierno de Zapatero

Zapatero ha suspendido todas las asignaturas económico-sociales: la reforma de la economía nacional, la del mercado laboral, pensiones, sanidad, vivienda o educación no pasan del muy deficiente.

En su primer año de gobierno Zapatero ha suspendido todas las asignaturas relacionadas con las transformaciones económico-sociales. Ni la reforma de la economía nacional, ni la del mercado laboral, pensiones, sanidad, vivienda o educación pasan del muy deficiente.
Sin embargo, tanto en la Conferencia Política del PSOE de 2004, como en el Programa y la campaña electoral, se habían comprometido a: “Encabezar una nueva oferta político social, acabar con la precariedad laboral, dar un impulso a las políticas de bienestar social, modernizar nuestros servicios públicos haciéndolos suficientes y eficientes y transformar la economía del ladrillo y el consumo en una economía basada en la investigación y el desarrollo y el empleo de calidad”.

El problema no está sólo en que no lo han hecho, sino en que a estas alturas, con el segundo curso ya empezado, sigue sin estar claro lo que harán con estas asignaturas. Empezamos el nuevo curso bajo las mismas condiciones que el anterior: más empleo precario, menos salarios, deterioro de la sanidad pública, especulación y encarecimiento de la vivienda, incertidumbre en las pensiones, otro año bajo la amenaza del fracaso escolar...

Zapatero se ha embarcado, y ha embarcado a todo el país, anteponiendo las exigencias de las burguesías burocráticas y excluyentes de las nacionalidades al conjunto de transformaciones económico-sociales pendientes, que determinan las condiciones y la calidad de vida de la población, especialmente de las clases trabajadoras.

Zapatero se comprometió en la campaña electoral y en la noche del 14-M, además de luchar contra todo tipo de terrorismo y conjugar la pluralidad con la unidad de España, sobre todo, a poner fin a la precariedad económica y social junto al desarrollo de los derechos civiles. Pero si en el apartado de los derechos cívicos han dado pasos significativos (ley contra la violencia de género, matrimonio de gays y lesbianas...), en las transformaciones económico-sociales se ha despachado con algunas medidas mínimas de urgencia, como la subida del Salario Mínimo o algunas de las pensiones más bajas. En reformas económicas, la reforma laboral, pensiones, sanidad, vivienda, educación,... ¿A qué se comprometió el gobierno? ¿Qué ha hecho? ¿Qué perspectiva nos espera? Porque una cosa está clara: sin tocar los superbeneficios que siguen acumulando las empresas de la oligarquía y las multinacionales (bancos, telefónica, petroleras, grandes constructoras... ) es imposible llevar adelante las transformaciones prometidas por Zapatero.

La reforma laboral

La reforma del mercado de trabajo es uno de los fracasos más graves del primer año de gobierno. La precariedad en la tasa de temporalidad llega ya al 33’3%

* “Reformar el mercado de trabajo para crear más empleo y de más calidad; atajando la precariedad: la elevada tasa de temporalidad (más del 90% de los contratos son temporales) la baja retribución salarial (los nuevos contratos tienen un salario un 37% inferior a los antiguos); y la elevada siniestralidad; las jornadas prolongadas, favoreciendo una progresiva reducción de la jornada laboral como correspondencia de la mejora de la productividad”. (Del programa electoral del PSOE).

La reforma del mercado de trabajo es uno de los fracasos más graves del primer año de gobierno. La mesa de negociaciones, formada por sindicatos, patronal y gobierno, está empantanada. Mientras la precariedad sigue empeorando: la tasa de temporalidad llega ya al 33’3%, el 92’6% de los contratos firmados en julio fueron temporales y el salario medio de los españoles se redujo en un 0’8% en el segundo trimestre de este año, en comparación con 2004. Pero no sólo porque la mesa está empantanada, sino porque, si lo está, es porque lo que se pretende desde el Ministerio de Trabajo de Caldera no es la reforma que se prometió para acabar con la precariedad. El gobierno ha entrado en el juego de las exigencias de la patronal oligárquica y las multinacionales y pretende alargar la duración de los contratos (acabando con el tramo más escandaloso de los contratos por días y semanas) a cambio de abaratar el despido (extendiendo la indemnización a 33 días por año trabajado a todos los contratos, frente a los 45 actuales, incluso menos para nuevas formas de contratación), y dejar el camino libre a la patronal para la imposición de las condiciones de trabajo fábrica por fábrica. Lo que significa, como estamos viendo en SEAT: bolsas de horas a libre disposición de la empresa, alargamiento de jornada y horas extras sin remunerar, rebaja real de los salarios, supresión de los complementos por antigüedad, nocturnidad, festivos, menos días de vacaciones pagadas...
Caldera ha renunciado a las promesas del programa electoral: la rebaja de la jornada laboral manteniendo el salario o el empleo de calidad han pasado al baúl de los recuerdos. Y sólo una movilización general del movimiento obrero, apoyándose en los sectores más sociales de los propios socialistas, podría sacar esta asignatura adelante.

Pensiones y personas dependientes

La reforma de pensiones que prepara Caldera se basa en recortar los gastos, retrasando la jubilación y ampliando los años para calcularla

* “Casi cinco millones y medio, de nuestros ocho millones de pensionistas –un 71%– cobra una pensión inferior a 600 euros. Cuatro millones cobran por debajo de los 450 euros mensuales... Nos proponemos el desarrollo de la Seguridad Social ejecutando el Pacto de Toledo y abordando algunas reformas que mejoren el actual sistema de prestaciones, haciendo un sistema más justo y equitativo.
-Mejorar las pensiones mínimas con subidas superiores al IPC.
-Mejorar las pensiones de viuedad y pensionistas con personas a su cargo.
-Aumentar del Fondo de Reserva.
-Impedir el uso de recursos públicos para ajustes laborales que supongan jubilaciones anticipadas e incentivar el retraso en la edad de jubilación”.
“No hay política para la dependencia de nuestros mayores, a pesar de que tenemos casi 7 millones de personas mayores de 65 años (1’4 millones con más de 80) y que más de 2 millones precisan algún tipo de ayuda, un millón necesita un nivel de ayuda importante... Nos proponemos elaborar una ley básica de protección a las personas dependientes, a completar en dos legislaturas, que garantice más calidad de vida para las personas mayores y sus familias”. (Del programa electoral del PSOE).

Poco ha cambiado la situación que describía el PSOE en su programa electoral. Las subidas de las pensiones más bajas apenas han supuesto, según las mismas organizaciones de pensionistas y sindicales, un parche, “unos euros para seguir sobreviviendo”. Y de la ley sobre la dependencia aún no se ha propuesto nada. En la actualidad en España 8 millones de personas tienen unos ingresos inferiores al umbral de pobreza, de ellos unos tres millones son pensionistas que cobran menos de 400 euros mensuales, que en muchos casos tienen que compartir con sus parejas. Entre los países avanzados los españoles son los europeos que más tarde se jubilan, con una edad media de 61 años, frente a los 60 de Japón y los 59 de Alemania, Bélgica, Francia y Reino Unido.

El PSOE y Zapatero se comprometieron a “algunas reformas que mejoren el actual sistema de prestaciones, haciendo un sistema más justo y equitativo”. Sin embargo lo que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales prepara es una reforma radicalmente distinta. Con los mismos argumentos que el Fondo Monetario Internacional presidido por el antiguo ministro de economía del PP, Rodrigo Rato, ha iniciado la creación de un clima de opinión para colar el futuro recorte de pensiones. Dicen que “si no hay reformas, en 2015 la Seguridad Social tendrá déficit debido al envejecimiento de la población, lo que sólo se podrá aguantar hasta el 2020 con el Fondo de Reserva. Y por eso la reforma que preparan se basa en recortar gastos en pensiones, a pesar de que España sigue siendo uno de los países que menos destina a pensiones: un 9’7% cuando la media europea está en un 12’5%.

Quieren:
-Alargar la edad de jubilación, o incentivar el retraso en la jubilación.
-Elevar un peldaño más el listón para el cálculo de la pensión, que ya está en 15 años.
Esta reforma favorece los planes futuros de quienes pretenden que suba a 20 años o incluso a toda la vida laboral, con lo que las pensiones sufrirían un recorte general de un 20%; y de quienes buscan fomentar las pensiones privadas, los fondos de pensiones, para hincar el diente a un negocio que mueve billones de las antiguas pesetas.

Una vivienda digna

Donde debía haber 180.000 familias trabajadoras con una vivienda digna, hay pisos de 30 metros

* “El principal objetivo del PSOE es hacer efectivo el derecho a una vivienda digna, de forma que ningún español tenga que comprometer más del 30% de su renta para disfrutar de una vivienda digna.
-Garantizar el acceso a la vivienda a un precio asequible a 180.000 familias al año, durante los cuatro años de legislatura.
-Fomentar la vivienda protegida, VPO, que mantendría un precio máximo, actualizado cada año, durante toda su vida. Sólo podrá venderse a demandantes de VPO inscritos en un registro público.
-Luchar contra la especulación, modificando las normas que favorecen la especulación.
-Reformar la Ley del Suelo de forma que el suelo no pueda servir para especular”.

Resolver el problema de una vivienda digna para las clases trabajadoras es otra asignatura que no aprueba el gobierno de Zapatero. Los precios, según el último informe del Banco de España, siguen subiendo a un ritmo del 15’7%. El esfuerzo financiero de una familia para adquirir una vivienda sigue situado en más del 50% del salario medio, llegando hasta el 70% en el caso de los salarios más bajos. También los alquileres han vuelto a subir este año, a pesar de que el gobierno ha hecho del alquiler su prioridad, un 4’3%, es decir por encima del IPC.

El gobierno, aún habiendo creado un ministerio de la vivienda no ha sido capaz en este primer año de frenar estas tendencias. Suspende tanto por lo que ha hecho y el rumbo escogido por el ministerio de la ministra Maria Antonia Trujillo, como por lo que ha dejado de hacer. En el primer caso, el ministerio ha seguido un rumbo contrario a sus promesas electorales. La principal promesa, “garantizar el acceso a la vivienda a un precio asequible a 180.000 familias al año”, se ha transformado en “180.000 actuaciones”, o lo que es lo mismo: donde debía haber 180.000 familias trabajadoras con una vivienda digna y a precio asequible, hay un batiburrillo de: viviendas para alquiler, pisos de 30 metros para estudiantes y solteros, VPO que se pueden vender tan solo diez años después de construidas engordando el mercado especulativo, etc.

Por otro lado, el ministerio no ha avanzado nada en tomar medidas para acabar con la corrupción y la especulación inmobiliaria. ¿Dónde está la modificación de las normas para acabar con la especulación del suelo o l persecución de los pelotazos inmobiliarios? ¿Dónde la reforma de la Ley del Suelo que impida las recalificaciones escandalosas?

Sólo cortando todo esto desde la raíz, los mismos ayuntamientos gobernados por los partidos que se financian ilegalmente en connivencia con las inmobiliarias y constructoras; reduciendo los impuestos que gravan la vivienda y el precio de las hipotecas; poniendo suelo barato y suficiente en el mercado; persiguiendo a los comisionistas del 3, 15, 20 o 30%, se puede resolver el problema de la vivienda. Y no parece que vaya por ahí el ministerio de María Antonia Trujillo.

Una sanidad pública de calidad

Financiar la sanidad con subida de impuestos indirectos hace recaer el coste especialmente sobre las clases trabajadoras

* “El Partido Socialista se compromete a impulsar una sanidad pública de calidad, que garantice en todo el territorio nacional los siguientes máximos de espera:
-7 días para las pruebas de diagnósticos básicos.
-10 días para la primera consulta del especialista.
-45 días para la intervenciones quirúrgicas programadas.
-Así como el aumento de los tiempos medios de atención a los pacientes y la ampliación de los horarios en los centros sanitarios.
A reorientar el sistema sanitario hacia un sistema basado en la prevención, por ejemplo un Plan de Salud buco-dental entre los 5 y los 17 años.
A incrementar el Fondo de Cohesión sanitaria para reducir las desigualdades territoriales y la puesta en marcha de un Plan Extraordinario de Inversiones Sanitarias que permita modernizar las infraestructuras sanitarias y mejorar las condiciones laborales de los profesionales de la salud.
Reducir el gasto farmacéutico impulsando los medicamentos genéricos; y crear una Agencia de Evaluación”.

El gobierno, salvo algunas medidas con las farmacéuticas para ajustar a la baja el gasto en medicamentos, ha dejado durante todo el año en el baúl el conjunto de propuestas para la sanidad. ¿Quién habla de las listas de espera, del Plan Buco-dental, de aumentar Fondo de Cohesión para reducir las desigualdades o del Plan Extraordinario de Inversiones Sanitarias? Se han pasado todo el año lanzando globos sonda sobre la financiación de la sanidad, con el único objetivo de aplicar la subida de impuestos y preparar el terreno, ahora o en el futuro, al copago sanitario.

Durante este año, como ha venido denunciando la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, “el deterioro de la sanidad pública es una constante en casi todo el territorio nacional” mientras el déficit sanitario crece incontroladamente, entre otras cosas, “por el crecimiento de la burocracia sanitaria; están congeladas las plantillas de médicos asistenciales pero crecen los cargos de gestión, lo que ahora se llama la tecno-estructura”.

¿Qué se proponen hacer ahora, en septiembre, en la conferencia de presidentes autonómicos que tienen convocada con el tema de la financiación de la sanidad? Lo de siempre: subir los impuestos. El gobierno pretende traspasar normativa a las comunidades autónomas en este terreno para que suban los impuestos del tabaco, el alcohol y, sobre todo, las gasolinas. O sea, subidas en los impuestos indirectos que hacen recaer el coste especialmente sobre las clases trabajadoras.
Estamos ante el mismo problema general: antes que meter mano a dónde van a parar los recursos de que se dispone; de meter mano a la burocracia, las comisiones y la corrupción que rodean los presupuestos públicos; de tocar a fondo los intereses de los monopolios de los medicamentos que chupan beneficios multimillonarios de la sanidad pública; se mete la mano en el bolsillo de los propios usuarios, sea con el llamado “céntimo sanitario” o impuesto sobre las gasolinas, sea preparando el copago futuro.

Educación e investigación

La LOE reproduce los bajos criterios de exigencia y disciplina escolar, uno de los peores males del sistema.

* “La educación es nuestra prioridad básica. Una educación que garantice la igualdad de oportunidades, incrementando el gasto por alumno hasta alcanzar la media comunitaria en el 2010.
-Un ordenador por cada 5 alumnos en la enseñanza primaria.
-Un ordenador por cada dos alumnos en el segundo ciclo de primaria.
-Un ordenador por cada alumno en la enseñanza secundaria y universitaria.
-Extensión progresiva de la gratuidad a los libros escolares en la enseñanza obligatoria”.
“Una Universidad que lidere la sociedad del conocimiento. Una nueva Ley de Bases sobre la Educación Superior y la Universidad.
España está a la cola de Europa en la innovación, con un gasto en I+D inferior a la media europea... Dinamizar el esfuerzo científico... Incrementar los fondos públicos destinados a I+D hasta llegar al 2% del PIB en 2010”.

Aunque Zapatero se ha comprometido en varias ocasiones con los jóvenes estudiantes en la urgencia de las reformas en la enseñanza, la realidad demuestra que no ha sido consecuente con ellas. Respecto a la enseñanza universitaria, el gobierno ha vuelto a retrasar la reforma de la Ley de Universidades, prometida para antes de este verano, al 2006, entre otras cosas por la polémica levantada por la desaparición de titulaciones como las de Historia del Arte, manteniendo la LOU actual. En la enseñanza primaria y secundaria, la aprobación del proyecto de Ley Orgánica de Enseñanza (LOE) en plenas vacaciones, sólo puede acentuar la sensación de que se quiere aprobar apresuradamente una ley que la mayoría de los sectores educativos, intelectuales y profesionales, considera cuanto menos altamente deficitaria.

Las críticas principales se centran en:
-Que mantiene lo esencial de la LOGSE, la principal responsable del fracaso escolar que supera ya más del 40%, y que coloca a los alumnos españoles a la cola del mundo desarrollado en conocimientos.
-Que se ha centrado el debate en cuestiones de procedimiento (como si la asignatura de religión es evaluable o no), cuando lo importante es que reproduce los bajos criterios de exigencia y disciplina escolar; más o menos lo mismo que vienen criticando todos los estamentos profesionales, la llamada “promoción automática de los alumnos” como uno de los peores males del sistema.
-Que se recorta el estudio de las humanidades en la educación secundaria, criticado en un manifiesto por más de 2.000 intelectuales españoles.
-O que no se resuelva el problema de la dotación de recursos. ¿Cómo piensa Zapatero financiar los ordenadores que ha prometido?
Zapatero, si quiere ser fiel a sus compromisos, está obligado cuanto menos a abrir un amplio debate real sobre las leyes con las que pretende reformar la educación, y no sustituirlos por los cambalaches con sus socios nacionalistas.

F. Huertas