NACIONAL

Recta final de la negociación del nuevo Estatuto catalán
El esperpento y los peligros

Tanto Maragall como Mas o Carod Rovira coinciden en el grueso de un Estatut cuyo objetivo es descoyuntar España

La última ronda de negociaciones sobre el nuevo Estatuto catalán entra de lleno en el terreno del esperpento. Tras dos años de debates, el acuerdo dependerá de una reunión convocada por Maragall una hora y media antes de las votaciones. Mientras, la sociedad catalana contempla con hartazgo cómo toda la política gira en torno a un tema que sólo interesa al 6% de la población, mientras las desigualdades sociales crecen en Cataluña.

Pero el esperpento no debe de ocultar los peligros. Se presenta la imagen de una CiU subida al monte del maximalismo (reivindicando un concierto económico similar al vasco, o enarbolando los derechos históricos), ofreciendo por contraste un papel “moderado” al tripartito, que estaría dispuesto a renunciar a los puntos del Estatuto que más polvareda han levantado por su inconstitucionalidad. Sin embargo, ése puede ser el argumento de una película de intriga, donde se desvía la atención del espectador hacia una trama secundaria muy espectacular, mientras el auténtico asesino puede perpetrar el crimen sin problemas. ¿Es que ahora todo el problema se centra en “moderar” a CiU? ¿Acaso la propuesta de financiación de Maragall, respaldada por ERC, no es suficientemente insolidaria?

Todo el foco se dirige a las diferencias, pero en los puntos en los que coinciden el tripartito y CiU ya hay suficientes amenazas.

Están de acuerdo en “balcanizar el sistema fiscal”, en palabras de Afonso Guerra, donde Cataluña recaudaría todos los impuestos a través de una agencia tributaria propia, independiente de la central, para luego entregar al Estado una cuota. Limitando la solidaridad y exigiendo la devolución de la llamada “deuda histórica”.

Coinciden en quebrar la unidad jurídica española, creando un ámbito judicial catalán, donde el tribunal supremo local sería la última instancia. Proponen una relación bilateral de Cataluña con España, donde en la mayoría de los casos primaría la opinión de la Generalitat sobre la del Gobierno central.

Se crea, a través del nuevo Estatut, una “política exterior” catalana que fragmentaría la presencia y fortaleza de España en los foros internacionales, impidiéndonos adquirir una voz propia e independiente.

Todo esto –además de una ilimitada apropiación indebida de competencias por parte de la Generalitat, hasta el punto de reducir a la nada la autoridad del Estado en materias especialmente sensibles– conforma la médula de la propuesta del nuevo Estatut. Y en ellas coinciden tanto CiU como Maragall o Carod Rovira.

Los derechos históricos o las exigencias de CiU en materia de financiación afectan al grado pero no a la sustancia de los peligros. Porque, independientemente del resultado final de la votación en el Parlament de Cataluña, y de su posterior paso por las Cortes españolas, el nuevo Estatut ha cumplido su papel político.

Algunos han intentado dar un barniz progresista al nuevo Estatut afirmando que era necesario para hacer avanzar el bienestar social. Pero cuando lo han redactado nos encontramos con que el apartado de derechos sociales está por debajo de los reconocidos en la Constitución española –curiosamente sólo se introduce el “derecho a morir dignamente–. Sin embargo, el grueso principal del Estatut habla de cómo desarticular el Estado, fragmentando las estructuras políticas que lo sustentan, limitando su capacidad de intervención…

Este, y no el desarrollo de la pluralidad, es el objetivo político de un nuevo Estatut que fue promovido de forma unilateral por la clase política, sin que existiera ninguna demanda social. De esta manera se corroe España por abajo –aumentando el poder de las castas taifales locales para arramblar con los recursos comunes y blindar sus privilegios–, pero también por arriba, frente a las ambiciones de los centros de poder mundiales. A estos intereses sirve la propuesta de nuevo Estatut. El resultado de las negociaciones, en Barcelona y en Madrid, determinará hasta donde avanza este proyecto de desarticulación de España.

N. I.