SOCIEDAD - SANIDAD

Nuevos pasos en la privatización de la Sanidad
Los amigos de Alzira

Para justificar la privatización se ha optado por la “descentralización” que fragmenta y deteriora la asistencia, dado que cada autonomía utiliza un modelo sanitario diferente

Recientemente la Conselleria de Sanidad de Valencia ha cedido al sector privado del tratamiento oncológico en la comarca de la Marina Baixa, concretamente al hospital de Benidorm controlado por la empresa Beanaca (la misma a la que ya se le había adjudicado el concurso de las resonancias magnéticas) , la atención de enfermos de cáncer por tres millones de euros anuales.

El PSPV, médicos y sindicatos han denunciado que es un paso más en privatización sanitaria en la Comunidad, entre los que se encuentra también el “plan de choque” contra las listas de espera, el modelo del hospital de Alzira o la privatización de las resonancias magnéticas.
Este año en la comunidad las transferencias presupuestarias para conciertos con el sector privado han crecido un 30% respecto al 2004.
Pero no es un caso excepcional, una vez privatizados los principales servicios públicos (telefonía, energía o transporte) se va a por la sanidad que aún se mantiene mayoritariamente pública, y que puede ser un suculento manjar de beneficios privados.

Para justificar la privatización –lenta y en algunos casos encubierta– en la Sanidad se ha optado por la “descentralización” que termina fragmentando y deteriorando la asistencia, dado que cada autonomía utiliza un modelo sanitario diferente. Se hace la cama a las empresas privadas justificándolo con la falta de eficiencia de la sanidad pública, la mala gestión, etc. Esto, poco más o menos, es lo que está haciendo la Conselleria de Valencia. Pero, por ejemplo, en Madrid, se ha iniciado la licitación de 8 nuevos hospitales, con un nuevo modelo llamado “concesiones sanitarias” que no son más que la muerte lenta pero segura de la sanidad pública.

El Caso de la “concesión”

Con la concesión sanitaria se permite a una empresa privada optar a la construcción o gestión de un centro público durante un tiempo determinado, recibiendo por ello fondos públicos hasta que la empresa amortice gastos y obtenga beneficios. A este modelo se le llama “gestión sin riesgo”porque la empresa privada se queda con los beneficios y la Administración Pública asume las pérdidas o desviaciones presupuestarias.

El hospital de Alzira (Valencia), es la primera experiencia piloto de este tipo de gestión en España. Y por sus resultados parece indicar que lo menos importante es si los centros privados pueden hacer una mejor gestión y ofrecer mejor atención a los pacientes, por encima de ello está cuidar los intereses de los “inversores”dispuestos a entrar en el terreno del negocio sanitario pero con las espaldas cubiertas por el dinero público.

En 1999 la Comunidad Valenciana “cedió” la gestión de un área sanitaria a una corporación privada que construyó un hospital, con una inversión final de 72 millones de euros (inicialmente costaría 41 millones) para su explotación por un período de 10 años, pasados los cuales el hospital volvería, supuestamente, al sector público.
Pero el hospital sólo daba pérdidas, eso sí cubiertas por la Conselleria. Además, no hubo ninguna mejora sustancial en los servicios frente a lo público, por ejemplo, las listas de espera eran las mismas. A pesar de que no hubo seguimiento en la calidad del servicio, lo que sí está demostrado es un acortamiento de las estancias medias, una forma de ahorro del gestor privado, a costa de la salud del paciente y de que las familias tengan que hacer los cuidados en casa.

Al dar pérdidas, la Conselleria desviaba pacientes de otras áreas a Alzira y al tiempo remitía a los pacientes que daban menos beneficios. Se llegó a facturar 5 millones de euros más por atención prestada a ciudadanos que residen fuera del área y no constan en el censo. A pesar de que el contrato era por 10 años la Conselleria compró el hospital a la corporación privada. Para ello en 2003 se dedicó el 40% del presupuesto para Sanidad de ese año. Además, aunque no figuraba en el contrato, la Consellería dio a la empresa 25 millones de euros como “indemnización” para cubrir los 6 años de explotación que restaban y otros 44 millones por los activos. ¿No sería mejor invertir en la mejora de la sanidad pública que en “experimentos” para que el capital privado entre a beneficiarse a costa de nuestra salud?

Arantxa Bueno