NACIONAL

El PSOE fija sus "líneas rojas" ante el estatuto catalán
Una triple presión

Es una anomalía que el rechazo al insolidario estatuto de Maragall lo esté encabezando la derecha. Es necesaria una movilización desde la izquierda

Tras meses escuchando voces discordantes, cuando no antagónicas, en el seno del PSOE, por fin el gobierno de Zapatero y la dirección socialista han fijado una posición de conjunto frente al estatuto catalán, delimitando las “líneas rojas” que la reforma del tripartito no puede traspasar.

Basándose en un informe de cuatro catedráticos de derecho constitucional, la ejecutiva del PSOE propone cambios en aspectos sustanciales de la propuesta estatutaria, desde la financiación o la distribución de competencias, hasta la definición de Cataluña como nación o la bilateralidad. El mismo Zapatero que se comprometió a avalar cualquier estatuto que saliera aprobado de Cataluña con un amplio consenso, ahora se ve obligado –tras meses de una exasperante ambigüedad- a recortar en aspectos claves la propuesta avalada por el 90% del Parlament autonómico. Este cambio de postura se explica por una triple presión sobre el gobierno y la dirección del PSOE.

En primer lugar, la presión interna de las bases socialistas. Aunque no se refleje en la cúpula del partido, las bases socialistas, también en Cataluña, son abrumadoramente partidarias de la unidad, y contrarias a cualquier propuesta que la mine, o cuestione valores básicos de la izquierda como la solidaridad. Por eso, los ecos de las bases del PSOE expresan una creciente oposición ante la propuesta de estatuto de Maragall, cristalizada en los numerosos sectores socialistas que han expresado su oposición (guerristas, ministros como Bono, sectores del PSC como Agora Socialista o Socialistas ahora…).

El segundo frente de presión viene del conjunto de la sociedad española, en especial de la mayoría progresista. Reflejada en la caída en los índices de valoración del gobierno de Zapatero desde que el estatuto catalán se ha convertido en la estrella política. La ambigüedad de Zapatero le está pasando factura, porque los sectores progresistas, que le entregaron el voto el 14-M para imprimir un giro a la izquierda, exigen al gobierno una mayor firmeza en la defensa de la unidad.

Y por último, no podemos obviar la presión de una oligarquía que contempla con preocupación las consecuencias desestabilizadoras del estatut sobre “su” Estado. Esta es la razón de la cascada de declaraciones, más o menos abiertas, de muchos importantes organismos del Estado fijando los límites de la reforma: desde el Banco de España a la Corona, desde la Junta de Jefes del Estado Mayor al Consejo General del Poder Judicial.

Demasiados frentes de presión, que han acabado por obligar al gobierno de Zapatero a dar un paso al frente. La exigencia de la mayoría social de izquierdas debe ser que el gobierno socialista se posicione en defensa de la unidad, la solidaridad, valores constitutivos de la izquierda, y que son abiertamente atacados por Maragall o Carod Rovira.

La principal contradicción política es que, a pesar de que todas las encuestas expresan que entre los votantes de izquierdas es mayoritaria la defensa de la unidad y la oposición al nuevo estatuto catalán, la pasividad o conciliación de las cúpulas de los partidos de izquierdas provoca que sea el PP quien esté enarbolando la denuncia de los desmanes de Maragall o Carod Rovira.

Esta es una anomalía que es necesario subsanar. Y para ello es urgente, no sólo exigir firmeza al gobierno, sino que la mayoría social progresista se movilice.

Las “líneas rojas” del PSOE

 Nación: El gobierno ya ha explicado que eliminarán el término nación para definir a Cataluña y lo sustituirán por comunidad, entidad o realidad nacional

Derechos históricos: El dictamen de los expertos del PSOE cuestiona radicalmente el uso de este concepto para garantizar competencias, porque “el autogobierno tiene que fundamentarse directamente en la Constitución y el Estatuto, de tal manera que no es posible identificar una fuente de legitimidad previa”.

Poder Judicial: La pretensión del nuevo estatuto de crear un “ámbito judicial” catalán, donde el Tribunal Superior local sería la última instancia, es declarado inconstitucional.

Competencias: Todo el entramado del nuevo estatuto, que se auto otorga competencias exclusivas del Estado, e incluso elimina la capacidad del Estado para dictar normas en Cataluña, es rechazado.

Unidad de mercado: El informe concluye que “la unidad de mercado es un límite, no sólo al ejercicio de las competencias, sino también a la atribución de competencias de las comunidades”.

Financiación: Los expertos del PSOE declaran inconstitucional el sistema de financiación propuesto en el nuevo estatuto, afirmando que “no hay ningún Estado federal en el que el poder central pierda por completo el control de la gestión y recaudación de sus impuestos”.

Bilateralidad y política exterior: La relación bilateral entre Cataluña y España se declara “no constitucionalmente aceptable”, y se considera “ de dudosa constitucionalidad” la participación de Cataluña en política exterior.

Joan Arnau