NACIONAL - CATALUNYA

Delación, imposición, multas,...
La Gestapo lingüística

La política lingüística de la Generalitat comparte con el franquismo lo esencial: la imposición por la fuerza del uso de una lengua, intentando extirpar otra que sin embargo habla una buena parte de la sociedad

Inspecciones, persecución y multas contra quien no utiliza la lengua que impone el poder político, promoción de la delación, imposibilidad de estudiar en la lengua materna, campaña para que en las escuelas no se hable una determinada lengua… ¿Es un recordatorio de los ataques del franquismo contra el catalán? No, son las características principales de la política lingüística de la Generalitat de Cataluña, comandada por ERC pero amparada por PSC e IC. Aunque, intercambiando personas y circunstancias, podría ser identificable con el franquismo, ambos comparten lo esencial: la imposición por la fuerza del uso de una lengua, intentando extirpar otra que sin embargo habla una buena parte de la sociedad.

El tripartito, respaldado por CiU, intentan inocular la demencia de que el castellano es una lengua ajena a Cataluña, y que por tanto debe ser eliminada. Pero la realidad social es muy diferente. El mismo Instituto de Estadística Catalán admite que de un total de 5,4 millones de catalanes, 2,9 tienen como primera lengua el castellano, y otros 2,2 el catalán. Por tanto, los planes de “depuración lingüística” de la Generalitat sólo pueden avanzar por la fuerza, a golpe de imposición. Para ello se crea una auténtica Gestapo lingüística. Las Oficinas de Garantías Lingüísticas son el centro del operativo. Y para “promocionar” el uso del catalán utilizan “métodos de persuasión” tan efectivos como las denuncias, las multas o la delación.

Las organizaciones más radicalizadas hacia el nacionalismo excluyente fueron la fuerza de choque, presentando la primera avalancha de denuncias hacia tiendas, bares, establecimientos, que atendieran en castellano, no dispusieran de impresos en catalán, o simplemente que tuvieran el rótulo en castellano más grande que el escrito en catalán. El montante de las multas por incumplimiento de la normativa lingüística asciende en el último año a 81.250 euros, con otros 94.950 euros en fase de resolución. Por su parte, la Generalitat ha creado un cuerpo de “comisarios lingüísticos”, que ha realizado 1.753 inspecciones. Como eso no era suficiente –hay demasiados catalanes que “se empeñan” en seguir hablando en castellano- subcontrataron a empresas exteriores para incrementar las inspecciones y denuncias. Incluso se ha puesto enmarca un plan piloto para enseñar las tareas de inspección a empleados municipales, que sólo podrían actuar en su municipio. Es decir, se pretende que en cada municipio exista un “comisario lingüístico” local, que sobre todo en los pueblos pequeños, conocería a todos los habitantes y podría ejercer sobre ellos un control mucho más severo.

Si hasta aquí el hedor reaccionario es insoportable, todavía queda la media estrella de “promoción del catalán”: conviértase en un delator, por el bien de la “construcción nacional”; si el tendero de la esquina le atiende en castellano, denúncielo. Las Oficinas de Garantías Lingüísticas ofrecen la posibilidad de realizar denuncias anónimas por teléfono, correo electrónico, fax, por escrito o personalmente.

La promoción de la delación, conseguir que un buen número de ciudadanos se conviertan en apéndices de los comisarios políticos que vigilen y denuncien a su entorno más cercano, ha sido siempre el sueño de los regímenes totalitarios. Y el nacionalcatolicismo catalán –esa doctrina que tiene un vértice en La Caixa, otro en Montserrat y otro en la Generalitat- se desliza peligrosamente por esta pendiente.
Y como instrumento de moldeamiento social a imagen y semejanza del poder, la escuela ocupa un papel importante. Las clases de “formación del espíritu nacional” catalán se suceden, enseñándoles a los niños una falsa historia donde Cataluña ha estado en un enfrentamiento secular con España. Pretendiendo imponer el catalán como única lengua.

Un ejemplo preclaro es la circular difundida a todos los centros docentes por el director de los Servicios Territoriales del Departamento de Enseñanza de Tarragona. En ella se admite que “en primaria, y sobre todo en secundaria, hay porcentajes importantes de uso lingüístico que no se ajustan a la normativa”. Traducido quiere decir que, aunque la inmensa mayoría de las clases son en catalán, muchos alumnos, en el recreo, hablan en castellano, y lo mismo ocurre con un buen número de padres. Para solucionar “esta anomalía”, se recuerda que “el catalán debe ser la lengua de uso interno y externo del centro, en las explicaciones orales y escritas del profesorado y en la vida administrativa de la comunidad educativa (claustros, reuniones, entrevistas con los padres…)”. Dejando muy claro cual debe ser el espacio reservado al castellano: el mismo que el de los “idiomas extranjeros, pues su uso se limita a las clases de “lenguas vivas distintas del catalán”. No es una orientación sino una imposición. A todos los funcionarios se les recuerda que la elección del idioma “no es una opción personal, ni una elección en función del contexto que se tenga delante”. Por ello, todos los trabajadores deben rellenar al final de la jornada un parte donde especifiquen en que lengua han realizado cada una de las actividades del día.

Como catalanoparlante que luchó contra las imposiciones lingüísticas del franquismo, me repugna el carácter totalitario de la Gestapo de la lengua edificada por la Generalitat. Si todos los demócratas de España nos rebelamos contra el régimen franquista, ahora nos corresponde denunciar la deriva totalitaria de la Generalitat. Por el bien de la democracia, y también del catalán. En la transición muchos castellanoparlantes aprendieron el catalán, sin necesidad de ninguna ley ni oficina que lo impusiera, simplemente por la identificación de las lenguas de las nacionalidades con la lucha por las libertades. Ahora la doctrina de “catalán a la fuerza” ha cosechado el lógico rechazo. Y los datos son significativos. El uso social del catalán no ha aumentado en los últimos veinte años. Ya está bien de aguantar a los “comisarios lingüísticos”. Llamémosle como lo que son: una Gestapo lingüística.

Joan Arnau