MOVIMIENTO OBRERO

La devolución del patrimonio histórico sindical
Decretazo patrimonial

Estamos ante un problema de principios. Se está utilizando el patrimonio histórico sindical para dividir y enfrentar

El gobierno de Zapatero, con el apoyo de sus socios de ERC, BNG, CiU y la CHA, ha convalidado en el Congreso el Decreto Ley que aprobó hace un mes en Consejo de Ministros, mediante el que se autoriza la devolución de 151’3 millones de euros (25.175 millones de pesetas) a cuenta del patrimonio histórico sindical a UGT. Y otros 3’7 millones de euros (616 millones de pesetas) a CNT.

Comisiones Obreras y el resto de organizaciones sindicales han criticado duramente el Decreto del gobierno y su aprobación en el Congreso. En primer lugar, por la falta de transparencia, oscurantismo y precipitación con la que se ha hecho, eligiendo, una vez más, la vía del Decreto Ley, utilizado en esta ocasión para favorecer las urgencias de una central sindical, necesitada de pagar su deuda con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) por el escándalo de la constructora PSV. Si se hubiera tramitado como un Proyecto de Ley, como pedía CCOO, se podría haber intentado llegar a un acuerdo entre las centrales sindicales. Lo segundo, porque no está plenamente acreditada documentalmente la titularidad de los bienes incautados en la Guerra Civil y que ahora se atribuyen a UGT. Y en tercer lugar, porque se le entregan 25.000 millones de pesetas en un momento especialmente sensible, en plena crisis de la negociación de la reforma laboral y apenas a unos meses de las elecciones sindicales.

En estas condiciones, no sólo se coloca bajo sospecha el gobierno, por su interés en atraer a sus posiciones a la UGT, sino a la propia dirección del sindicato. No sería la primera vez que desde los centros de poder se intenta comprar la voluntad de dirigentes sindicales. Y, en todo caso, es prácticamente imposible no vincular este “decretazo patrimonial”, que pone en manos de UGT los millones que necesitaba para saldar su deuda con el ICO, con las urgencias que tiene el gobierno por firmar la reforma laboral y el sindicato por pagar.

Decretazos contra los trabajadores

Evidentemente no estamos ante un problema sólo legal, sino de principios. Nadie pone en duda la justa necesidad de devolver el patrimonio histórico sindical incautado por el franquismo. El problema es si se hace sin que desde el poder se pueda utilizar para dividir y enfrentar a las organizaciones de clase; y si se hace para que sirva a los intereses de conjunto de los trabajadores. Esto es lo que exige otra posición en las direcciones de los sindicatos y otra línea de actuación.

La UGT que ahora dirige Cándido Méndez tendría que haber sido la primera en no aceptar la vía del decretazo, porque por mucho que a ella le favorezca perjudica al conjunto del movimiento obrero. Los trabajadores hemos sufrido esa vía, con González y Aznar, porque con ella se han impuesto, o intentado imponer, reformas antisociales: desde el decretazo que provocó la Huelga General del 14-D de 1988 contra Felipe González, hasta la del 20-N contra el decretazo de Aznar. Ahora es el gobierno de Zapatero el que la utiliza para beneficiar a una parte creando fracturas internas entre los sindicatos. ¿Con qué intereses?

Nadie se puede creer lo que dice Caldera, que fuera una medida tan “necesaria y urgente por razones de justicia” como para no poder presentar un Proyecto de Ley. ¿Pero por qué entra en este juego y lo acepta la dirección de UGT, cuando incluso en este caso no está suficientemente documentada su propiedad legal sobre los bienes por los que se le paga?

La responsabilidad y credibilidad ante los trabajadores no sólo exige a las centrales sindicales que tengan razón legal, sino que sean ejemplares en demostrar que anteponen los intereses de la clase a los de los aparatos. El patrimonio histórico sindical es ante todo patrimonio del movimiento obrero en su conjunto, y no de uno u otro sindicato. ¿O es que no tienen los mismos derechos históricos sobre él los trabajadores afiliados de UGT, Comisiones, CNT o CGT? Es desde aquí desde donde se debe resolver esta cuestión, buscando la forma de ponerlo al servicio del conjunto de los trabajadores y de todas las centrales obreras; por ejemplo, que sirviera para disponer de centros sindicales en barrios y pueblos compartidos por todos los sindicatos.

Quien paga manda

Pero estamos tocando en realidad el fondo de uno de los problemas fundamentales del movimiento obrero, el de la financiación, la auténtica madre del cordero. El patrimonio histórico sindical forma parte, junto con los presupuestos y los sueldos de los liberados sindicales a cargo de las grandes empresas, de la financiación de las principales centrales sindicales del país. Las finazas de los sindicatos están en manos de los gobiernos de turno y de los Consejos de Administración de las grandes empresas. Es decir, la independencia de los sindicatos mayoritarios está cogida por quienes controlan sus fuentes de financiación.. Este es uno de los grandes retos que tiene planteados el movimiento obrero: acabar con las subvenciones extraordinarias a un sindicato a costa del patrimonio histórico, acabar con que los aparatos vivan y dependan de los presupuestos, acabar con un sindicato dirigido por liberados a sueldo de los monopolios. Y en su lugar construir un sindicato económicamente independiente, como base de su independencia política y sindical: que se base en sus propias fuerzas, las de los afiliados y el conjunto de los trabajadores, para generar sus propios recursos y fuentes de financiación.

El patrimonio histórico del movimiento obrero

Una gran parte del patrimonio proviene de entidades sin carácter sindical o inmuebles en los que no está suficientemente acreditada que pertenecieran a la UGT

Una de las exigencias de Comisiones Obreras reclama “el derecho a la libre concurrencia sindical, en condiciones de igualdad y sin ingerencias de los poderes políticos”. Se basa para ello en que no está suficientemente acreditado ni documentado que los bienes ahora devueltos del patrimonio sindical fueran propiedad legal de UGT.

Se basa para ello en un informe elaborado por encargo del propio ministerio de Trabajo, que se presentó en el Consejo de Ministros que aprobó el Decreto de devolución de los 151’3 millones de euros a UGT.

El informe habla de que hay “una problemática” a la hora de acreditar la titularidad de los bienes y derechos reclamados. “La problemática reside en dos cuestiones: tratarse de patrimonio considerado procedente de entidades sin carácter sindical o inmuebles en los que no queda acreditada suficientemente su incautación o la vinculación con la organización sindical reclamante”.

Se refuerza así el carácter de patrimonio histórico del movimiento obrero en su conjunto, y no exclusivamente patrimonio de uno u otro sindicato, que tiene el conjunto de centros obreros, casas del pueblo y edificios sindicales que fueron incautados por el franquismo a todo tipo de organizaciones obreras, incluyendo organizaciones profesionales de trabajadores que eran autónomas de los sindicatos.

Por eso no es de extrañar lo que reconoce el mismo informe del gobierno y que sólo se hayan podido acreditar 87 Casas del Pueblo incautadas a UGT. En muchas investigaciones históricas se pone de manifiesto cómo muchas Casas del Pueblo fueron cedidas por los propios ayuntamientos de forma conjunta a todos los trabajadores y organizaciones, seguían siendo patrimonio municipal y no pertenecían a una sola organización. Es el caso de la Casa del Pueblo cedida por el Ayuntamiento de Valencia en 1903.

Hay un inmenso patrimonio histórico del movimiento obrero, mucho mayor de lo que se atribuye como patrimonio sindical, que debe volver a sus legítimos dueños, el conjunto de los trabajadores, no sólo algunos sindicatos, arbitrando la forma de ponerlo al servicio del conjunto de los trabajadores: centros compartidos por todas las centrales y una gestión compartida. Sólo así se pondrá fin a su utilización como moneda de cambio y división.

M. Murcia