MOVIMIENTOS SOCIALES

Movilizaciones agrícolas
Impulsar un cambio estructural para
el campo español

De no tomar medidas la reforma de las política agraria europea llevará a la destrucción de varios sectores agrícolas y del tejido rural que sostienen en áreas importantes de nuestra geografía

Los pequeños y medianos productores agrícolas han tenido que afrontar en este año unas pérdidas de 226 millones de euros por la subida del precio del gasóleo. Las movilizaciones agrícolas, seguidas en todo el país, reclaman la eliminación de impuestos y la aplicación de un tipo reducido de IVA al 7% al gasóleo agrario, de forma que, con los precios actuales de 0,70 euros, el litro de gasóleo quedaría reducido a los 0,55 euros. Pero el precio del gasoil es solo un primer problema coyuntural, al que por supuesto el gobierno debe dar una respuesta inmediata, sin embargo es necesario dar una respuesta estructural, y de conjunto al futuro al campo en nuestro país.

Según los datos, los costes de la actividad agraria y ganadera aumentaron este año un 1,8% (15.459,7 millones), y esto fue debido principalmente al incremento del gasto en energía (sube un 15%) y en fertilizantes (sube un 7 %).

Pero el problema va más allá. Este año, por primera vez desde 1999, la renta agraria cayó un 10,6% en España; y esta será su tendencia previsible a partir de ahora, caer cada vez más, no solo debido a la helada, la sequía o la subida del gasóleo (que por la debilidad extrema del sector cada vez afectarán más sensiblemente a los agricultores) sino debido a la aplicación de la Política Agraria Común (PAC).  La entrada en vigor de la PAC ha bajado las subvenciones de explotación un 3% respecto a 2004. Aunque los 6.573 millones que han recibido los agricultores y ganaderos suponen un 26,6% de la renta agraria, no son suficientes para que sea rentable mantener las explotaciones. El sector más perjudicado es el vegetal, pierde un 9% de su valor (en la cosecha de cereales y aceite de olivar se redujo en un 42% y un 34%). Con la nueva reforma de la PAC comprobamos una vez más que es un sistema malsano la dependencia a los fondos de cohesión europeos (por ejemplo, premiando la extensión y no la productividad) que ha creado un tejido agrícola débil y dependiente, que ahora nos pasa factura. Si antes la situación era difícil para los pequeños y mediano productores del campo en nuestro país, la reforma de las políticas agrarias europeas y los cambios drásticos, como ya está demostrando este año, llevarán a la destrucción de varios sectores agrícolas y del tejido rural que sostienen en áreas importantes de nuestra geografía.

Precios disparados ¿Beneficios para quién?

Un segundo problema que incide en la debilidad estructural del campo, es la intervención en el precio de los productos por parte de los grandes monopolios agroalimentarios y de distribución.  Para hacernos una idea, las diferencias de precios de los productos agrarios y ganaderos entre el origen y el destino oscilan entre el 833% en la cebolla, el 633% en la patata, el 860% en la zanahoria o el 232% en la ternera de primera calidad.  Las distancias entre los precios que perciben los agricultores y ganaderos y los que pagan en destino los consumidores, es todo aquello que se quedan las grandes cadenas de distribución y grandes superficies. Que cada vez tienen más poder para imponer un precio a los productos agrícolas, incluso por debajo del coste de producción, que agudiza aun más las condiciones de los agricultores.  En definitiva, la disminuciones del precio que se le paga al agricultor no se traslada al precio final de venta al público; los bajos precios en origen vienen impuestos por los monopolios de la alimentación y son quienes se quedan con los beneficios.  Si sumamos la disminución del precio de los productos agrícolas a la pérdida de subvenciones, encontraremos una buena parte de ese 10,6 % de pérdida de renta agrícola.

El gobierno no puede lavarse las manos. No es cierto que no se pueda hacer nada ante la pérdida de subvenciones de la UE, por el contrario, una solución a los problemas del sector agrícola en España pasa por tomar una serie de medidas de protejan nuestros productos no solo en lo inmediato, sino de conjunto y en perspectiva. En primer lugar y de forma urgente, creando un gasóleo profesional para los agricultores, como ya han hecho otros países. En segundo lugar, España, debe defender ante la UE la conservación de las subvenciones actuales ligándola a una alternativa estratégica para el campo español, por ejemplo, como exigen organizaciones agrícolas promoviendo el cultivo de remolacha o girasol para la producción de biocarburantes. En tercer lugar, es necesario poner en marcha un plan de cultivos y reinversión en producciones rentables. Hay muchas posibilidades, las potencialidades del campo español son extraordinarias, es necesario un análisis serio que permita el desarrollo propio e independiente. En cuarto lugar, es necesario que el gobierno regule y ponga medidas al desenfreno abusivo de los monopolios de alimentarios y de la distribución. Organizaciones agrícolas como la UPA han reclamado el doble etiquetado de todos los productos agrícolas y ganaderos no transformados para que los consumidores conozcan los precios en origen y los de venta y así constaten las prácticas abusivas de las cadenas de alimentación.

La PAC arruina el campo español

La PAC ha subvencionado la liquidación, se pagan por dejar tierras abandonadas, por reforestar tierras agrícolas o por abandonar la producción en sectores rentables; recordemos las cuotas lecheras y los dos millones de sepas de vid fueron arrancadas. Desde el sometimiento a la Política Agraria Común europea en España en los últimos 14 años han desaparecido 1.000.000 de agricultores.

Los criterios de la PAC se establecieron de acuerdo a los intereses franceses, en España subvencionando los sectores en los que Francia tenía excedente de producción y por otra parte, con las subvenciones, se implantaron las cuotas obligando al recorte de la producción en sectores antes rentables y competitivos. La PAC en definitiva, al recortar la producción de sectores antes competitivos, favoreció la concentración de la producción y por lo tanto de las subvenciones en pocas manos, en detrimento de los pequeños y medianos agricultores.

La última reforma de la PAC, que ya ha entrado en vigor, se puede sintetizar en dos puntos. El primero es una rebaja brutal y de golpe a las subvenciones de la UE; esto no afecta por igual a todos los países, por ejemplo, los intereses agrícolas franceses y alemanes prácticamente no se tocan y son los principales afectados los países mediano productores europeos (España o Italia). Segundo, se elimina el vínculo entre la producción y las ayudas directas (disociación o desacoplamiento), lo que en la práctica se traduce en una ayuda única por explotación independiente de la producción.

Todas las organizaciones agrícolas españolas han denunciado que llevará al abandono de la actividad agraria y el despoblamiento rural en las regiones del interior de España y en una buena parte de sus medios montañosos periféricos. Es una reforma contra los verdaderos agricultores, quienes van a sufrir las mayores caídas relativas de las ayudas que reciben. En España llevará a la pérdida de 400 mil empleos agrarios en los próximos años.

Las Comunidades Autónomas han realizado estudios sobre las consecuencias que tendría la reforma de la PAC y todas subrayan las nefastas consecuencias, principalmente en los cereales o la remolacha, aunque también se verían afectados indirectamente otros sectores, como las hortalizas. Por ejemplo, la COAG de Castilla y León estima unas pérdidas de unos 300 millones de Euros en el año 2004 por la aplicación de la reforma en esa región.

Promover una línea de creación de riqueza y empleo frente a la liquidación es posible, incluso con los actuales recortes. De entrada solo hace falta otra voluntad política, de independencia frente a los intereses franceses y alemanes, y ligado a ello, la voluntad de impulsar una industria agrícola propia e independiente.

Angelica G.