EDITORIAL NACIONAL

Un botin de 6.000 millones de euros

“Nuestro país tiene una inmensa capacidad de generar riqueza que pasa, en su mayor parte, directamente a engrosar las cuentas de resultados de la banca, los monopolios y las multinacionales”

Al mismo ritmo que crecen los beneficios de la banca, pero en sentido contrario, aumenta la deuda de las familias españolas y la precariedad de los trabajadores.

El grupo Santander, el banco presidido por Emilio Botín, ha anunciado un nuevo record de beneficios. 6.220 millones de euros en 2005, un 75% más que en el ejercicio anterior. Se convierte en la primera empresa española que supera el billón de pesetas de beneficios. Seguido por el BBVA con 3.800 millones de benéficos, un 30% más, y la Caixa con un beneficio de 1.495 millones de euros, el 83% más que en 2005. Las cinco entidades financieras más importantes de España acumularon un beneficio total de 13.240 millones de euros, dos billones y cuarto de pesetas.

Cada declaración de beneficios de un banco, una constructora, grupo monopolista o multinacional suena como un cañonazo en la conciencia colectiva del país. Porque, junto a cada proclamación de beneficios que hace la oligarquía financiera hay otro record de signo contrario en el campo del pueblo.

Las familias españolas han multiplicado por tres sus deudas en los últimos cinco años: debemos 765.000 millones de euros, o lo que es lo mismo 117 billones de las antiguas pesetas. El nivel de endeudamiento supera ya el 110 % de la renta bruta disponible. Casi el 55% apenas consiguen llegar a fin de mes y más del 60% de los hogares no tiene ninguna capacidad de ahorro. La prometida bajada del precio de la vivienda se ha trucado por una escandalosa subida del precio de las hipotecas.

El paro en enero ha vuelto a crecer por sexto mes consecutivo y volvemos a estar por encima de los dos millones de parados. El índice de precariedad se acerca al 35%, ya que el 90% de los empleos que se crean siguen siendo temporales. Y los accidentes laborales siguen siendo una sangría para los trabajadores, sobre todo precarios: casi un millón de accidentes durante 2005, 10.000 graves y 1.000 víctimas mortales, sin contar los muertos y bajas graves por enfermedades laborales, que multiplicarían esa cifra por diez.

Los números revelan una situación escandalosa: la inmensa capacidad de generar riqueza del país, pero al mismo tiempo cómo esa enorme riqueza pasa, en su mayor parte, directamente a engrosar las cuentas de resultados de la banca, los monopolios y las multinacionales; y sólo una ínfima parte va destinada a mantener las “condiciones básicas de reproducción de la mano de obra”. La riqueza socialmente producida se convierte en el botín de unos pocos. El 60% o más de la población trabajadora del país sigue condenada a la precariedad, y sus vidas en manos del poder que acumulan la oligarquía financiera y el capital monopolista extranjero. Debajo de las cuentas de resultados están destiladas las vidas de millones de trabajadores.

¿Qué ha hecho hasta ahora el gobierno de Zapatero para cambiar esta situación? La política de subidas mínimas desplegada en sus casi dos años de gobierno para los salarios, las pensiones y prestaciones sociales, sólo sirve para contrastar aún más la política de máximo beneficio aplicada con los bancos y grandes empresas, autorizando subidas escandalosas de precios del gas, la luz, las gasolinas y las hipotecas. ¡Tanta energía para apoyar la OPA de la Caixa y Gas Natural sobre Endesa, y ni siquiera ha sido capaz de proponer una reforma laboral que acabe con la precariedad inaguantable que atenaza la vida de millones de trabajadores!

Evidentemente es necesario un cambio del rumbo económico del país, para que la riqueza generada no se acumule en un puñado de familias oligárquicas y multinacionales, sino que revierta en el bienestar general del país, elevando la calidad y las condiciones de vida de las clases populares. Pero tan evidente como eso es que sólo el compromiso de las fuerzas sindicales, los sectores sociales populares y la izquierda social puede, como ocurrió con la Huelga General del 20-J contra Aznar, introducir cambios en la política del Gobierno en un sentido favorable a los intereses populares.

Detener la política de expolio –a través de las subidas de precios y las hipotecas– y la precariedad se convierten cada día que pasa en los retos más inmediatos y una exigencia inaplazable a las organizaciones obreras y populares.