EDITORIAL INTERNACIONAL Reforma
del federalismo en Alemania Con la reforma de la Ley Fundamental, Alemania se dispone a acometer el más importante reordenamiento del poder territorial desde el fin de la IIª Guerra Mundial, fijando un nuevo tipo de relación entre los poderes locales y el poder central |
|||
| Calificada como una “cuestión vital para la república” por el ex presidente Roman Herzog, la nueva ley que restringe la capacidad de los landër (regiones) para influir en las decisiones del gobierno central era aprobada la pasada semana por el gobierno de gran coalición presidido por Ángela Merkel. Tras su paso por el Bundestag (el equivalente a nuestro Congreso de los Diputados) y el Bundesrat (el Senado federal), se espera que para principios de 2007 la nueva legislación que reforma la estructura federal del Estado alemán, concediendo mayores prerrogativas al gobierno central frente a los gobiernos regionales, estará aprobada. Con la reforma de la Ley Fundamental, Alemania se dispone a acometer el más importante reordenamiento del poder territorial desde el fin de la IIª Guerra Mundial, fijando un nuevo tipo de relación entre los poderes locales y el poder central. El sistema federal alemán se ha basado hasta ahora en un enrevesado, complejo y contradictorio equilibrio de poderes, en el que ninguno de ellos cuenta con los mecanismos necesarios para tomar decisiones de manera rápida y eficaz por sí mismo. Impuesto por los aliados tras la derrota alemana en 1945, y en particular por Francia para obstaculizar el fortalecimiento político del poderío económico germano, su diseño perseguía impedir el resurgimiento de Alemania como gran potencia europea. Al introducir en el sistema político alemán la convivencia de dos poderes de decisión diferentes que se injieren y se bloquean mutuamente, la resultante era un gobierno central obligado a buscar permanentemente el consenso con los gobiernos regionales y, por ello, limitado en su capacidad de acción política, tanto internamente como en el tablero internacional. Romper esas limitaciones, acabar con los obstáculos que impiden una mayor centralización en la toma de decisiones y el fortalecimiento del gobierno central y el Estado es el objetivo de la reforma. Algo que se había convertido en una necesidad apremiante para la burguesía monopolista alemana y que por tres veces intentó llevar adelante en los últimos años sin conseguirlo. Al proporcionar al gobierno central los instrumentos necesarios para unificar, concentrar y centralizar el poder político, la reforma persigue dotar a los aparatos estatales del grado de cohesión, fortaleza y solidez interna necesaria para que marchen al mismo paso, en una única dirección y obedeciendo a una misma voz de mando. Una exigencia imprescindible para acometer las necesarias reformas internas que reclaman los grandes monopolios industriales germánicos para aumentar su competitividad en el mercado global. Pero también para los proyectos de la clase dominante alemana de imponer su supremacía sobre Europa, lo que además de exigir la cesión de poder y soberanía de los Estados miembro para centralizarlo en torno a las instituciones comunitarias, requiere a su vez de la existencia de un fuerte poder político germano para someter a éstas a sus designios. Mientras que para el resto de países europeos Berlín se convierte en ferviente abanderado de la más amplia descentralización –promoviendo a través del proyecto de la Europa de los pueblos la desarticulación política de los Estados nacionales, paso previo a su fragmentación–, para sí mismo actúa exactamente a la inversa, concentrando y centralizando el poder de su Estado. Un doble movimiento cuyo objetivo, como explica sin tapujos la ministra de justicia del gobierno de gran coalición, la socialdemócrata Brigitte Zypries, es “fortalecer la posición de Alemania en el mundo” y, en particular, tener “más fuerza para imponerse” en los organismos de la UE. |
|
||