SOCIEDAD

Ley de igualdad
Para remover la montaña hay que ir a los cimientos

Si se quiere acabar con la discriminación hay que empezar por ir a las bases y garantizar de entrada la igualdad de salarios y de acceso al trabajo

La brecha de la desigualdad entre hombres y mujeres es mucho mayor de lo que se cree. La aprobación por el Consejo de Ministros del proyecto de Ley Orgánica de Igualdad entre Hombre y Mujer, coincidiendo con el 8 de Marzo, Día de la Mujer Trabajadora, ha servido para colocar en primer plano varias estadísticas sobre la discriminación de la mujer en general, y la situación en España en particular.

La igualdad está teóricamente reconocida por las leyes; pero las estadísticas no dejan lugar a dudas de que en la realidad está muy lejos de conseguirse. La discriminación de la mujer sigue siendo un hecho incuestionable, pero sobre todo lo es para la mujer trabajadora, directamente determinada por la doble opresión y explotación a la que está sometida, como miembro de una clase, la de los explotados, y como mujer.

Por eso, cuando desde las estadísticas se señalan algunos avances en la representación política de las mujeres, incluso una cierta tendencia a reconocer su presencia en los organismos de decisión,; y las propuestas de igualdad se centran sobre todo en la imposición del sistema de cuotas, para mejorar esa representación, resulta aún mucho más escandaloso el abismo que discrimina a las mujeres en las cuestiones más básicas y fundamentales: empleo y salarios, donde la brecha no sólo no se cierra, sino que incluso se amplía en ocasiones.
En salarios, las mujeres ganan un 15% menos de media que los hombres por hora trabajada; que se transforma en un 40% menos cuando se considera el salario medio en el conjunto de la jornada laboral.

En empleo, la tasa de ocupación alcanza una diferencia de 20 puntos a favor de los hombres, el 70% de ocupación masculina frente al 48 de ocupación femenina. Las mujeres ocupan 8 de cada 10 empleos temporales. Así mismo el número de mujeres que no trabaja la jornada completa es del 32’6%, frente a sólo el 7’4% de los hombres.
Es decir, resulta que las mujeres trabajadoras son, en sí mismas, un sector precario, junto a los parados de larga duración, los jóvenes y los pensionistas. Lo que no viene sino a confirmar el principio fundamental de partida: en última instancia, toda forma de opresión y discriminación está al servicio de la explotación.

¿Igualdad para que todo siga igual?

El mayor peligro, a la hora de establecer una Ley de Igualdad es que las medidas más llamativas, como las cuotas en las listas electorales, oculten una de las cuestiones de fondo: las bases sociales y económicas que convierten a la mujer trabajadora en un sector precario. Desde aquí, la lucha contra la discriminación es parte de la lucha común de hombres y mujeres contra la explotación. Pero si se quiere, cuanto menos, empezar a acabar con la discriminación entre hombres y mujeres, hay que empezar por ir a las bases de este problema para garantizar de entrada la igualdad de salarios y de acceso al trabajo. Precisamente dos de los puntos fundamentales sobre los que el Proyecto de Ley de Igualdad presentado por el Ministerio de Trabajo y aprobado por el gobierno no propone ni una sola medida.

Las medidas más significativas de la Ley de Igualdad se pueden agrupar en tres bloques:

-La imposición del sistema de cuotas (ningún sexo podrá tener menos de un 40% ni más de un 60% de representación) en las listas electorales y en todo el sistema de nombramientos administrativos.

-Incentiva para que este sistema se traslade a los consejos de administración de las grandes empresas, si quieren acceder a contratos con la administración y beneficios fiscales. Al mismo tiempo que se obligará a esas empresas a la negociación por convenio de “planes de igualdad”, y se implanta un sistema a las empresas que discriminen por razones de sexo.

-Medidas para conciliar la vida laboral y familiar, tales como la ampliación del permiso de paternidad en 8 días, mejorar las excedencias para el cuidado de los hijos (se considerarán como cotizados los dos primeros años) o la nulidad de las represalias que pueda sufrir una mujer por embarazo, etc.

Las medidas positivas de la Ley de Igualdad quedan desnaturalizadas si no se abordan los problemas básicos. ¿De qué sirve la imposición de cuotas, si no se ponen las bases y los medios para la formación de miles de cuadros entre las mujeres, que permita la competencia real con los hombres por los puestos de responsabilidad? Es más, si lo que se negocia en la reforma laboral es facilitar el “acceso (de la mujer) al empleo a tiempo parcial”; o lo que es lo mismo, garantizar las bases económicas -menos salario y empleo temporal/precario- que permitan la explotación de la mano de obra femenina y al mismo tiempo la perpetuación de l papel social que ya tiene asignado.

¿Por qué no se empieza por decretar salarios iguales por el mismo trabajo, por garantizar el acceso de la mujer al pleno empleo y por lo tanto al salario completo, por fomentar la formación laboral de las mujeres en todos los sectores, no sólo en aquellos considerados como “más apropiados para la mujer”…? Y entonces sí, en igualdad de condiciones, para un mismo puesto, y durante un largo periodo de tiempo dar prioridad a la mujer.

F. H.