NACIONAL - MOVIMIENTO OBRERO

¡Española o extranjera, una misma clase obrera!

Los números demuestran que la población inmigrante, como parte integrante del pueblo trabajador, ha realizado una importante aportación al crecimiento español, del que, en mayor o menor medida, nos hemos beneficiado todos.

Los trabajadores inmigrantes impulsan en un 3,2% el crecimiento económico español
Quién contribuye y quién resta

El trabajo de los inmigrantes ha hecho posible un crecimiento del 2,6% anual del PIB per cápita español en la última década

Durante la última década, España ha registrado un crecimiento medio del 3,6%, punto y medio por encima de la media comunitaria, y más de dos puntos por encima de países como Alemania.

Es frecuente atribuir este crecimiento a la modernización de la economía española. Olvidándose de las manos que han hecho posible este avance. Y entre ellas, junto al conjunto del pueblo español, ocupan un papel destacado los trabajadores inmigrantes. Los datos facilitados por el último informe presentado por Caixa Catalunya son una base imprescindible para valorar en su justa medida lo que para España está suponiendo la aportación de la clase obrera inmigrante.

El trabajo de los inmigrantes es responsable de 3,2 puntos del desarrollo económico español. Esto significa que, sin su aportación, la renta per cápita española (el PIB dividido por la población) habría retrocedido un 0,64%. Los inmigrantes evitaron esa caída, haciendo posible un crecimiento del 2,6% anual de la riqueza por habitante.

La población española aumentó en 4,17 millones en la última década, y un 79,4% de estos nuevos habitantes son trabajadores extranjeros. La mayor tasa de actividad de la inmigración (un 76%, frente a un 55% de los nacidos en España) explica también el aumento en la población activa. Hasta el 50% del empleo y el consumo creado en España desde el 2000 es atribuible a la población inmigrante.

Hay quien suma y quien resta. Los números demuestran que la población inmigrante, como parte integrante del pueblo trabajador, ha realizado una importante aportación al crecimiento español, del que, en mayor o menor medida, nos hemos beneficiado todos.

Otros –que niegan los derechos políticos y laborales más básicos a los trabajadores inmigrantes- no han hecho otra cosa que restar, lastrando el crecimiento español con una política que sólo ha beneficiado a grandes bancos y monopolios.

¡Voto para los inmigrantes ya!

La democracia en España no alcanza a cuatro millones de trabajadores inmigrantes, el 10% de la población, privados de derechos políticos básicos como el voto

Un hombre, un voto ha dejado de ser el principio señero de la democracia burguesa. La presentación de una propuesta que permitiría el voto en las elecciones municipales de los inmigrantes procedentes de países con los que España tuviera firmados acuerdos de reciprocidad, ha levantado la caja de los truenos.

Hoy en España existen 2.267.000 trabajadores inmigrantes que aportan una parte significativa de la riqueza nacional, cotizan a la seguridad social, pagan sus impuestos… pero no disfrutan de los derechos políticos más básicos, entre ellos el del voto. Si a esto le añadimos los trabajadores condenados a la ilegalidad, el resultado es que la democracia en España no alcanza a cuatro millones, el 10% de la población.

La existencia de un amplio contingente de mano de obra que no dispone de derechos, y que no puede participar en el debate político –votando a las opciones que defiendan sus intereses, participando en huelgas…- es el viejo sueño de la burguesía para imponer su dominio sobre el conjunto de la sociedad.

El acceso al voto para los trabajadores inmigrantes no puede estar sujeto a ninguna contraprestación, a ninguna condición, a ningún límite, a ningún juego político. Nadie que no respalde de forma tajante esta exigencia puede llamarse demócrata.

¡Medidas urgentes para acabar con las muertes de inmigrantes!
El cayuco de la muerte

Según datos proporcionados por el viceconsejero canario de Asuntos Sociales e inmigración, 490 cadáveres de inmigrantes han sido hallados este año entre las costas africanas y las españolas. Organizaciones sociales como la Cruz Roja y la Media Luna Roja calculan entre 2.000 y 3.000 la cifra de personas que han desaparecido en el mar.

No es posible aguantar durante más tiempo el incremento en las cifras de trabajadores africanos que deben entregar su vida, en el desesperado intento por alcanzar en España el horizonte de vida negado en sus países de origen. Son imprescindibles medidas urgentes que eviten estas muertes, que no pueden reducirse al control y represión. La mayor vigilancia en las aguas de la frontera no disminuye la inmigración, solo la traslada a otras rutas, cada vez más peligrosas y mortíferas. España no puede asumir el papel de policía de fronteras de la UE, siguiendo a pies juntillas una política dictada desde Bruselas, que condena a la muerte a miles de personas y perpetra un autentico genocidio con los inmigrantes subsaharianos.

No es creíble que desde una UE comandada por países como Francia se insista en que la única estrategia con posibilidades de éxito en la lucha contra la inmigración ilegal pasa por el desarrollo de los países de origen de los inmigrantes. ¿Van a renunciar entonces los monopolios galos a los beneficios extraídos sobre la base de condenar a la miseria a sus ex colonias africanas?

España puede contribuir a establecer cauces entre Europa y África, para, desde el beneficio mutuo y el respeto a los intereses de ambas partes, abordar de manera conjunta el problema de la inmigración. Pero sólo podrá desempeñar esta tarea si habla con una voz independiente, no sometida a las constantes presiones galas.

Los propios y los ajenos

Es frecuente que algunos políticos, incluso entre el ámbito de la izquierda, nos hablen de “la necesidad de determinar cuántos inmigrantes podemos absorber sin poner en cuestión las bases del Estado de bienestar". Deslizando así la idea de que es la competencia de los trabajadores inmigrantes –y no la voracidad del capital monopolista- la causa de los recortes sociales.

Ideas que calan en algunos sectores del pueblo trabajador, que atribuyen a la competencia de la mano de obra inmigrante, obligada a aceptar sueldos más bajos y peores condiciones de trabajo, un efecto negativo sobre su situación laboral.

Es un hecho objetivo que la llegada de trabajadores inmigrantes –cuyos sueldos son entre un 30% y un 40% inferiores a la media española- es aprovechado por la patronal para exacerbar la competencia entre los trabajadores e imponer condiciones laborales a la baja. Pero lo mismo ocurre, a diferente nivel, cuando los hijos de algunos obreros españoles deben aceptar condiciones de precariedad que jamás habría sido posible imponer a sus padres. Y a nadie se le ocurre culpabilizarlos del aumento de la temporalidad.

No es un buen camino, como hace una buena parte de la izquierda, el de negar la realidad, obviando la existencia de contradicciones objetivas entre los diferentes sectores de la clase obrera.  Dividir y enfrentar a los sectores diferentes que componen la clase obrera y el pueblo trabajador, haciendo que prime la competencia sobre los intereses comunes como clase, es una vieja táctica de la burguesía para afianzar su dominio. Ellos están interesados en fragmentar a la clase obrera, entre españoles y extranjeros, vascos y andaluces, temporales y fijos…

Es imprescindible que el movimiento obrero y la izquierda tenga claro, en primer lugar quienes son los propios y quienes los ajenos. Quienes, como los trabajadores inmigrantes, forman, más allá del lugar donde hayan nacido, parte de nuestra misma clase. Y quienes, como los grandes bancos y monopolios, imponen la explotación sobre unos y la sobre explotación sobre otros. Y desde aquí unir al conjunto de trabajadores inmigrantes a la lucha general de la clase obrera española, bajo una alternativa que defienda los intereses generales como clase, comunes a todos, y los intereses particulares derivados de las diferentes condiciones de trabajo.

Joan Arnau