NACIONAL

Reaparecen las “pensiones vitalicias” del franquismo:
El retiro dorado de las burguesías burocráticas

Es muy posible que estas pensiones vitalicias, amén de recordar penosamente las de los ministros del franquismo, sean también ilegales y constituyan un delito

Mientras reclaman insaciablemente más y más recursos del Estado para cuadrar sus cuentas siempre deficitarias, los presidentes, ex-presidentes, consejeros y parlamentarios autonómicos se vienen garantizando “por ley” pensiones y jubilaciones vitalicias que superan, a veces, tres y cuatro veces el sueldo del Presidente del Gobierno en activo. Los líderes de las burguesías burocráticas gestadas en los últimos treinta años al calor del desarrollo del Estado autonómico y la nueva distribución territorial del poder, han decidido entrar a saco en las arcas de sus respectivas comunidades autónomas y, a despecho de escándalos, legislan descaradamente en favor propio y se preparan el terreno para “un retiro dorado”, autoconcediéndose indemnizaciones escandalosas y burlando la Ley de Pensiones que “rige para todos los españoles”... menos para ellos.

El caso sin duda más escandaloso es el de Cataluña, donde las quejas continuas e incesantes sobre la falta de recursos y los enormes déficits de la sanidad bajo su mandato no impidieron al presidente Pujol ir sentando cátedra sobre este tema, otorgándose a sí mismo y a sus consellers sueldos muy superiores a los que cobraban el Presidente del Gobierno y sus ministros en Madrid. Además, meses antes de dejar su cargo, Pujol creó y reguló la figura del “ex president” (pensada, ante todo, para él mismo), fijando una “indemnización” del 80% del salario que percibía como President, a cobrar durante la mitad del tiempo que estuvo en el cargo (en su caso 12 años, pues estuvo 23) o al menos durante una legislatura (4 años), y, a continuación, transcurrido este período, una pensión vitalicia cuya cuantía será del 60% de la nómina del President.

Amparándose en esta norma, el ya casi ex-president Maragall cobrará los próximos cuatro años un salario anual de 125.000 euros (más de 20 millones de pesetas) y, a continuación, una pensión vitalicia, que inicialmente será de unos 94.000 euros, que se irán actualizando con las revisiones actuales. Esos 94.000 euros triplican con creces la pensión máxima autorizada por la Seguridad Social.

Pujol y Maragall no son, sin embargo, los únicos que han previsto su “retiro dorado” y que han legislado en su autonomía en provecho propio. En Euskadi, Ibarretxe y su gobierno se han reservado también por ley el 50% de su sueldo actual como pensión vitalicia, de modo que si el lehendakari se jubilara hoy pasaría a percibir unos 45.000 euros anuales de pensión de por vida, lo que representa también una notable “prima” sobre la pensión máxima autorizada por la Seguridad Social. Chaves, el presidente andaluz, pese a regir la comunidad con más paro y menos renta per cápita del país, también se ha garantizado el cobro del 60% de su sueldo como pensión vitalicia, lo que ascenderá a unos 46.000 euros anuales. Y así sucesivamente, con raras y honrosas excepciones. Por ejemplo, el ex presidente extremeño, Juan Carlos Rodríguez Ibarra ha dejado su cargo al frente de la Junta y no recibirá ni un euro de indemnización ni pensión vitalicia alguna a cargo de los presupuestos de su comunidad. Lo mismo ocurriría hoy si cesaran los presidentes de Murcia, Asturias, Baleares o Madrid. Curiosamente son las automías menos “mendicantes” y las que menos se han quejado de la falta de recursos, las mismas que no han previsto –de momento– el “retiro dorado” de sus líderes.

Amén del escándalo político que supone legislar en favor propio, saquear las arcas de sus comunidades (hoy y en el futuro) y “premiarse” con jubilaciones inalcanzables para el resto de los mortales, es muy posible además que estas “pensiones vitalicias”, amén de recordar penosamente las de los ministros del franquismo, sean también ilegales y constituyan un delito. De hecho es ilegal y anticonstitucional que las autonomías aprueben indemnizaciones y pensiones que superen los topes establecidos en leyes básicas, como la de Presupuestos y la de pensiones de la Seguridad Social.

Pero nada de esto importa ni detiene a estos insaciables “reyes de taifas”, algunos de los cuales (como Pujol), aun desde su “retiro dorado”, siguen denunciando la “falta de recursos” de su comunidad y la necesidad de nuevas e infinitas transferencias de fondos.

J. Albacete