NACIONAL - CATALUNYA

Polémica sobre el nuevo Estatuto de Cataluña:
El Defensor del Pueblo recurre por inconstitucional el Estatuto catalán

El recurso de inconstitucionalidad interpuesto por Fernando Múgica –un socialista “histórico” que preside quizá la única institución basada en un consenso entre PSOE y PP– se fundamenta tanto en “las numerosas quejas” recibidas en la Oficina del Defensor del Pueblo

El pasado martes, 19 de septiembre, el defensor del pueblo, Enrique Múgica, presentaba un recurso de inconstitucionalidad contra el nuevo Estatuto de Cataluña que ha caído como una bomba en un escenario político, el catalán, donde aún no se ha acabado de asimilar el profundo rechazo que tuvo en las urnas (sólo contó con el voto favorable del 35,77% de los catalanes), y que se encuentra de nuevo bastante caldeado por la inminencia de unas nuevas elecciones autonómicas. El recurso de inconstitucionalidad interpuesto por Fernando Múgica –un socialista “histórico” que preside quizá la única institución basada en un consenso entre PSOE y PP– se fundamenta tanto en “las numerosas quejas” recibidas en la Oficina del Defensor del Pueblo, como en informes jurídicos que avalan la existencia de, al menos, siete motivos de notoria inconstitucionalidad en el Estatuto.

Esos siete motivos, ahora recurridos ante el Tribunal Constitucional, son:

1. La fuente de la soberanía. Según la Constitución Española el pueblo español es el único soberano, del que emanan todos los poderes del Estado. Pero el Estatuto de Cataluña afirma que los poderes de la Generalitat emanan “del pueblo de Cataluña” y “de los derechos históricos del pueblo catalán”, lo que evidentemente cuestiona de raíz la soberanía del pueblo español. El recurso critica además el uso del término nación en el Prólogo y subraya que su utilización por otras comunidades autónomas “preludia la desvertebración del Estado autonómico”.

2. Derechos y deberes. El amplísimo catálogo de “derechos y deberes” del Estatuto –más propio de una Constitución que de un Estatuto de Autonomía– fomenta, propicia y ahonda las desigualdades y crea hechos diferenciales que “pueden llegar a obstaculizar las propias funciones legislativas de las Cortes Generales”.

3. Régimen lingüístico. Es el tema que más quejas ha suscitado ante el Defensor del Pueblo. Para éste, el régimen planteado en el Estatuto “supone la exclusión práctica de la lengua cooficial castellana en las relaciones del ciudadano con la Administración y en el sistema educativo”.

4. Anulación de competencias del Defensor del Pueblo. El Estatuto otorga al Síndic de Greuges –el defensor del pueblo catalán– la competencia “exclusiva” para controlar las quejas en relación a la actividad de la Administración de la Generalitat, lo que crea un ámbito en que se anula y excluye la actividad del Defensor del Pueblo.

5. Poder Judicial. El recurso cuestiona la totalidad del “Consejo de Justicia de Cataluña”, un organismo que actuaría totalmente al margen del Consejo General del Poder Judicial, creando una “justicia alternativa” y bajo control exclusivo catalán.

6. Sistema de asunción de competencias. El recurso del Defensor del Pueblo considera anticonstitucional el “blindaje” de competencias del Estatuto, que ata y destruye la capacidad de actuación del Estado.

7. Principio de bilateralidad. El Estatuto formula unos principios de “relaciones bilaterales” entre Cataluña y el Estado en determinadas materias que, según el Defensor del Pueblo, afectan a “la igualdad entre territorios y, por consiguiente, a la igualdad entre los ciudadanos que residen en ellos”.

El Defensor del Pueblo no se ha andado, pues, con “paños calientes” ni con contemplaciones y, amparándose tanto en el rechazo popular al Estatuto como en las crecientes quejas de ciudadanos catalanes que llegan a su Oficina, ha planteado un recurso que cuestiona de arriba abajo el encaje constitucional de los nódulos esenciales del Estatuto y se plantea abiertamente restablecer las condiciones de libertad, igualdad y solidaridad entre todos los españoles que el Estatuto dinamita paso a paso.

Avalado por la fuerza de una trayectoria inequívocamente democrática y antifranquista, demostrando una vez más su rigurosa independencia de criterio (pese a su militancia histórica en el PSOE, se enfrenta a la postura oficial de su partido) y poniendo por delante en todo momento su compromiso como “defensor del pueblo” y “guardián de las libertades”, Múgica ha dado un paso adelante de gran significado político y que puede resultar de una enorme transcendencia, tanto para decantar el sentido del fallo del Tribunal Constitucional como para poner freno a la escalada de reivindicaciones nacionalistas e introducir un poco de cordura en las nuevas reformas estatutarias que están por llegar.

Montilla, al degüello

La amplitud, fundamentación y trascendencia de este recurso contra el Estatut ha caído inevitablemente como una bomba en la vida política catalana. Quienes más hincapié pusieron en su defensa, socialistas y convergentes, han saltado como un muelle... no para desmentir los argumentos, o rechazar los motivos, sino para atacar y desacreditar a Múgica, como ya es tradición.

Especialmente zafia ha sido la reacción de Montilla, que sin entrar a valorar el contenido y las razones del recurso, se ha lanzado al degüello contra Múgica, acusándolo de “actuar al dictado del PP” y de “estar agradeciendo a Aznar su nombramiento”.

Pasando por encima de que Múgica fue elegido en 2000 con el apoyo del PP y del PSOE, y que su cargo le fue renovado por Zapatero con el consenso, de nuevo, de PSOE y PP (es decir, con el voto del propio Montilla), el “estilo” y el “contenido” del ataque revelan la profunda “caída en el vacío” y mendacidad de un líder que ya no tiene mejores armas que la mentira, el engaño, la desacreditación automática y personal del que discrepa y su estigmatización como “agente del PP”, la manida fórmula tras la que el PSC, Montilla y a veces el mismo PSOE tratan de refugiarse ante cualquier crítica y con la que tratan de aniquilar cualquier discrepancia.

Similares argumentos demagógicos ha utilizado CiU, añadiendo el sonsonete del “centralismo”: el cuento de nunca acabar.

Pero la palma, una vez más, se la ha llevado ERC, cuyos ataques a los discrepantes se inspiran cada vez más en la terminología que utilizaba la URSS contra sus disidentes, cuyas críticas sólo podía concebirlas como fruto de “una enfermedad”, normalmente mental. Así, para Puigcercós, Múgica tiene una actitud “patológica” contra Cataluña; para Carod-Rovira, Múgica tiene una “obsesión enfermiza” contra Cataluña.

La virulencia extrema de estas reacciones demuestra una cosa: el recurso de Múgica ha golpeado su proyecto en plena línea de flotación.

J. Albacete