SOCIEDAD

El problema del agua en España (III):
Blindajes insolidarios

El blindaje de los ríos va en contra de la creación de riqueza y empleo al servicio de las clases populares y de todas y cada una de las comunidades autonómicas

El gobierno de Castilla-La Mancha pretende que el nuevo Estatuto de Autonomía incluya la derogación del trasvase del Tajo-Segura y su fecha de caducidad. El vicepresidente manchego, Fernando Lamata, ha justificado la posición del ejecutivo manchego del PSOE reclamando: “La capacidad de codecidir, a semejanza del Estatuto catalán, en materia de agua, cuando afecta a nuestro territorio, a nuestras poblaciones y a la agricultura manchega”.

José María Barreda pretende “blindar” el agua del Tajo y del Segura frente a las demandas de las cuencas deficitarias. Una demanda que cuenta con el apoyo de una parte sustancial de la sociedad manchega porque se le ha hecho creer que las derivaciones al Segura son una amenaza para el crecimiento económico de la región. Barreda quiere aprobar un estatuto que atribuya competencias exclusivas en la gestión de los ríos. Pero lo más significativo es que está a punto de sumar al Partido Popular manchego a su pretensión, con la inclusión de una fecha de límite que determine cuándo sería derogado el trasvase Tajo-Segura. Con lo que se evidencia con total claridad, en una de las comunidades sensibles de nuestro país al problema del agua, que el problema de las burguesías burocráticas insolidarias no tiene nada que ver con que el partido de turno se llame de derechas o de izquierdas.

De salir adelante, esta reforma –la única infraestructura que en España permite la derivación de agua desde cuencas excedentarias a la comunidad valenciana y murciana, incluso una parte de Andalucía–,tendría los años contados. Las burguesías de Castilla-La Mancha, junto con Aragón encabezan el blindaje de los ríos en detrimento de las autonomías deficitarias. La de Castilla-La Mancha es una demostración más, aunque probablemente no será la última, de cómo las burguesías burocráticas están dispuestas a llevar también en este terreno la anteposición de sus intereses.

Pero el blindaje de los ríos va en contra del desarrollo, de la creación de riqueza y empleo al servicio de las clases populares y de todas y cada una de las comunidades autonómicas, ya que al ser el agua imprescindible, no sólo para satisfacer las necesidades de la población, sino para el desarrollo económico del conjunto del país, exige una gestión coordinada de los recursos. Garantizar agua en cantidad, calidad y a un coste accesible en todos los rincones y a todos los ciudadanos en todas y cada una de las nacionalidades y regiones de España, debería ser el papel del Estado, para lo que es fundamental disponer de la gestión de las cuencas hidrológicas de los ríos. Es necesaria una gestión unificada desde el Estado que parta del interés general, sobre la base de la solidaridad y un reparto responsable de los recursos hídricos, haciendo de esta fuente de riqueza común un elemento de articulación del país.

Andrés del Campo, presidente de Fenacore, en una reciente entrevista ponía como ejemplo de la necesidad de una gestión integral lo que ocurre en Huesca, a los pies de los Pirineos, “esos almacenes naturales de agua” pero donde no hay dónde guardarla, “pues en época de vacas gordas se abren las compuertas porque los embalses existentes –pocos y pequeños, según las gentes del lugar– no pueden contener la que llega del deshielo”. Es lo mismo que reconocia César Trillo, presidente de la Comunidad General de Riegos del Alto Aragón, una de las más importantes de la cuenca del Ebro (que representa los intereses de 25.000 familias): “Los afluentes importantes, los de la margen izquierda, traen el agua en otoño y en primavera, que es cuando menos se necesita; por lo tanto, hay que almacenarla".

La intoxicación insolidaria, el peor enemigo

La intoxicación insolidaria está transformando un bien común en un bien privado en manos de las burguesías burocráticas de cada comunidad autónoma. Son el peor enemigo para poner en marcha cualquier aprovechamiento integral de los recursos hídricos, ligados tanto al desarrollo de cada comunidad como a los intereses generales del país; y que van desde la generación de energía hidroeléctrica al trasvase entre cuencas que favorezca el intercambio de intereses entre las zonas que ceden agua –y que pueden beneficiarse de recursos para la creación de sus propios regadíos o el desarrollo industrial– y las zonas receptoras, que pueden generar riqueza colectiva que (como decíamos en el capitulo I) va a repercutir en el conjunto del país, bien sen sectores como la propia agricultura, la industria o en el sector turístico, etc.

Al mismo tiempo, generar riqueza y empleo en torno a un aprovechamiento solidario de los recursos hídricos de todo los españoles, es –por la especial sensibilidad de este recurso–, una de las mejores formas de avanzar en la cohesión y fortalecer la unidad de todas nacionalidades y regiones. Siempre y cuando se aborda las alternativas a poner en marcha desde el consenso entre todos los sectores implicados, donde el papel de los expertos sea decisivo por encima de los intereses partidistas y las “guerras del agua”.
Son ellos quienes deben valorar científicamente las alternativas posibles y sus efectos sociales, ecológicos y económicos, desde criterios objetivos y pensando en el beneficio del conjunto del país a medio y largo plazo. Frente a la política de las burguesías burocráticas de blindar los ríos, hay que contraponer una solución integral y compartida por todas las comunidades.

¿Qué proponen los estatutos?

-Estatut de Catalunya. El Capítulo II, entre las competencias que son exclusivas de la Generalitat y se blindan están “todas las obras públicas que se lleven a cabo en Cataluña, por lo tanto un posible trasvase del Ebro”. En todos los casos será preceptivo el informe que haga “la evaluación del impacto ambiental”; por lo que cualquier trasvase dependerá del informe medioambiental de la Generalitat.

-Estatuto de la Comunidad Valenciana. Artículo 17, dentro del Capítulo de “derechos de los valencianos y valencianas”. Se garantiza el derecho de “disponer del abastecimiento suficiente de agua de calidad. Igualmente, se reconoce el derecho de redistribución de los sobrantes de aguas de cuencas excedentarias atendiendo a criterios de sostenibilidad”.

-Estatuto de Aragón. Incluye el derecho a “disponer de agua en cantidad suficiente para atender las necesidades presentes y futuras, así como que los poderes públicos, de acuerdo con el principio de unidad de cuenca, deberán evitar cualquier transferencia de aguas de las cuencas que discurran por Aragón”. Otro artículo sobre las competencias hidráulicas atribuye a la Comunidad “la potestad en ordenación, planificación y gestión hidráulica, así como participación en los órganos de gestión estatal de las cuencas con derecho a emitir un informe preceptivo antes de cualquier obra o proyecto de transferencia”. En las disposiciones adicionales se incluye “una reserva de 6.550 hectómetros cúbicos para uso exclusivo de los aragoneses”.

-Estatuto de Andalucía. En el artículo 50 dice: "La comunidad autónoma de Andalucía ostenta competencias exclusivas sobre la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir, sin perjuicio de la planificación general del ciclo hidrológico, de las normas básicas sobre protección del medio ambiente, y de las obras públicas hidráulicas de interés general". Para rematar en la disposición adicional cuarta: “la comunidad asume, mediante transferencia o delegación, las facultades de ejecución de competencia del Estado en cinco materias, entre ellas la Cuenca del Guadalquivir”.

-Estatuto de Castilla-La Mancha. Reclama la competencia exclusiva en la gestión de los ríos que pasan por la comunidad, Júcar y Tajo. Incluyendo poner fecha límite al trasvase del Tajo-Segura.

El Roto

F. Huertas