Por una educación al servicio del país y del pueblo

Según el último informe de la Comisión Europea, España está entre los seis países de la UE que más han recortado el presupuesto educativo en los últimos cuatro años.
Un tijeretazo a la educación pública en España que viene impuesto por las exigencias dictadas desde la UE o el FMI.

En abril de 2012 -y por órdenes expresas de la Comisión Europea- el gobierno de Rajoy, una semana después de aprobar los presupuestos generales -que ya reducían la inversión educativa en un 21,9%, anunció un “recorte extra” de 10.000 millones… 3.000 de ellos en la enseñanza. Y en el Plan de Estabilidad enviado a Bruselas por el gobierno español prevé que la inversión educativa caiga hasta el 3.9% del PIB en 2016.

Si sumamos los recortes del gobierno central y las autonomías, estamos hablando de 7.000 millones menos invertidos en educación entre 2.010 y 2.014. Una reducción del 20,5%, desde el 18,2% menos en la educación universitaria al 27% de recorte en enseñanzas artísticas o el 40% en educación infantil y primaria.

Estos recortes impuestos se han traducido en un ataque masivo contra el 90% de los sectores educativos.

En primer lugar, contra los propios alumnos. Los recortes han impuesto una preocupante degradación de la enseñanza. Se han eliminado 25.000 profesores -para una población escolar de 800.000 alumnos más-, suprimido buena parte de los programas de refuerzo para alumnos con dificultades, cancelado la construcción de nuevos colegios, y reducido a su mínima expresión los medios a disposición de los ya existentes… Hasta el punto de que algunos han tenido dificultades para pagar los gastos ordinarios -luz, gas, agua, calefacción…-.

En segundo lugar, contra las propias familias, para las que la educación de sus hijos empieza a ser una carga insoportable. Se han reducido un 35% el número de becados y un 10% la cuantía de las mismas, eliminado buena parte de las ayudas de comedor o transporte, limitado drásticamente el acceso a las subvenciones a la compra de libros de texto… además de soportar un incremento del IVA en los artículos escolares desde el 4% hasta el 21%.

El incremento de las tasas universitarias -que puede llegar a alcanzar el 65%- ha expulsado ya a 45.000 alumnos de la enseñanza superior. Y los prohibitivos precios de los masters -obligatorios para completar la formación tras la reforma impuesta por Bolonia- los convierten en un imposible para muchas familias.

Los efectos de los recortes educativos se dejan sentir especialmente en la educación pública, y particularmente en los barrios más populares. Pero afecta también a la educación concertada, de la que depende la educación de aproximadamente un tercio de los alumnos.

Se ha impuesto al profesorado una reducción salarial cercana al 25%. Despidiendo a miles de interinos -que durante años habían sido sometidos a una interinidad ilegal, a pesar de trabajar como un profesor titular-, y obligando a los que quedan a trabajar más horas por menos dinero, y a encargarse de la educación de más alumnos con menos medios.

La defensa de la educación pública no solo es una cuestión de justicia social y redistribución de la riqueza. Es también una inversión estratégica para impulsar un desarrollo independiente y una salida a la crisis en beneficio de la mayoría.

Recortes Cero-Grupo Verde, frente a los recortes y la degradación de la educación pública que pretenden imponernos la UE o el FMI, proponemos un programa que aglutine al 90%, tanto a padres, profesores y alumnos, como a la enseñanza pública y concertada.

I.- Derogación de todos los recortes que afecten a la Educación. Equiparación de la inversión educativa a los niveles de 2007. Un plan para que igualarnos con la media de la UE de inversión en educación, situada en el 5,4% del PIB.
Un gran acuerdo nacional -como un Pacto de Toledo de la educación- donde se establezca que la educación “no se toca”. El cumplimiento de los objetivos de reducción del déficit, o de devolución de la deuda, no debe afectar a la inversión en educación.

Recuperación de los 25.000 profesores eliminados en las diferentes etapas educativas. Plan para incorporar a 45.000 profesores más, tal y como recomiendan todos los organismos para garantizar una educación de calidad.

Restablecimiento de todas las ayudas y programas sociales relacionados con la educación: becas comedor y transporte, ayuda a la compra de libros de texto…

Restablecimiento de todos los programas educativos de apoyo a los alumnos con dificultades.

Restablecimiento de las becas, y un programa para duplicarlas en el plazo de cinco años

Reducción de las tasas universitarias hasta los niveles vigentes en 2008.

Reducción de la ratio de alumnos por aula para garantizar una educación de calidad.

Un Plan Nacional de Educación, que establezca las necesidades educativas, especialmente en los barrios más populares, en las zonas rurales, y respecto a los alumnos con dificultades, planificando los medios necesarios -nuevos colegios, más profesores, mejora de equipamentos…-.

Esto exigiría una inversión mínima de 7.000 millones de euros durante la próxima legislatura para revertir todos los recortes ejecutados en los últimos seis años. Contemplando también la inversión de otros 7.000 millones para elevar la calidad de la educación pública.

II.- Frente a la sucesión de leyes educativas que siempre suponen una degradación de la educación, proponemos un gran acuerdo nacional, en el que participen alumnos, padres, profesores, gobierno central y autonómicos, y organizaciones sociales, que establezca el “programa mínimo”, unos raíles que no puedan ser cuestionados, para una educación nacional, democrática, científica y al servicio del pueblo.

Derogacion de la reforma Wert.

Apertura de un proceso democrático, para establecer los planes de estudio de acuerdo a las necesidades nacionales y populares

Aprobación de un programa que garantice la convivencia del castellano con las lenguas propias de cada nacionalidad, y al mismo tiempo impulse el conocimiento de las lenguas, cultura e historia de las nacionalidades en toda España.

III.- Ampliación de la democracia y de la capacidad de decisión de la comunidad educativa.

Fortalecimiento del papel decisorio de los órganos democráticos con representación de toda la comunidad educativa en todos los niveles de la enseñanza.

Eliminación del director elegido a dedo y de todas las restricciones a la actividad de los profesores

Expulsión de los órganos de gestión de las universidades de bancos y monopolios

IV.- Fortalecer la unidad entre todos los sectores de la educación -alumnos, profesores y padres-, impulsando organismos comunes y un programa mínimo común,

El aumento de la precariedad laboral de los profesores es un ataque contra la calidad de la educación que sufrimos todos. Exigimos la reposición de los interinos despedidos, y su transformación en puestos fijos, estableciendo el número de profesores que necesitamos para una educación de calidad.

Restablecimiento del poder adquisitivo perdido de los profesores, imponiendo una escala salarial que limite por arriba.

Prohibición de cualquier recorte de la inversión y las subvenciones a los centros concertados.

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